Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Al menos 29 privados de libertad han muerto por el coronavirus en las cárceles de Honduras, según la Coalición Contra la Impunidad (CCI), ello en consecuencia de la precariedad del sistema y la incapacidad de las autoridades.
“Señalamos que los graves problemas estructurales del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), se han agudizado con la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, con estas muertes, las autoridades han incumplido con la condición de garante de la vida y, de la integridad personal de las víctimas y de sus familiares”, sostuvieron en un comunicado público.
Entre los fallecidos está el caso del periodista David Romero, que falleció el sábado 18 de julio, cuya muerte atribuyen como político, puesto que con la entrada del Nuevo Código Penal el delito de injuria no está condenado con cárcel.
Militarización y violencia en cárceles
La Coalición, repudió, además, la histórica intervención militar en el SPN, que en plena emergencia sanitaria, el gobierno decretó un PCM-051-2020, ampliando el período de permanencia de la Junta Interventora con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) como responsable hasta el 31 de diciembre de 2020.
“La sociedad hondureña y las y los familiares de las víctimas de las masacres, los asesinatos y las violaciones de derechos humanos en las cárceles de Honduras, seguimos esperando los resultados de una investigación de los hechos independiente, imparcial y científica. El derecho a la verdad, es un derecho humano que, en estos casos, contribuye para que los hechos no vuelvan a repetirse”, subrayaron.
Cabe destacar, que también en plena pandemia y con las cárceles militarizadas se han dado otro tipo de muertes violentas que ha cobrado la vida de 11 personas, siete de ellas mujeres.
Gobierno limita veeduría en cárceles
“Condenamos la tendenciosa actitud gubernamental de limitar la funcionalidad, eficacia e independencia del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura (MNP-CONAPREV). Con esta acción el Estado de Honduras incumple con el protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de la cual es signataria. Colocando en grave peligro a la ciudadanía en general y la población penitenciaria en particular a volverlos vulnerables a los malos tratos y torturas”.
Anunció, la Coalición que las autoridades penitenciarias siguen desoyendo e incumpliendo las recomendaciones de este Comité Nacional sobre todo las relativas al hacinamiento, a las condiciones de reclusión, la atención sanitaria integral y las relacionadas con el desarraigo familiar.
Desmilitarización de las cárceles
De esta forma, exigieron, la desmilitarización del Sistema penitenciario y que éste se ajuste a los estándares internacionales de gestión y administración penitenciaria con personal civil, cualificado y rector de una política penitenciaria que cumpla con el objetivo de rehabilitación y reinserción social de las y los privados de libertad. Se brinden plenas garantías para el cumplimiento de los derechos humanos de las y los privados de libertad.
La Coalición Contra la Impunidad, concluyó, con que se brinde de forma inmediata plenas garantías de funcionalidad, eficacia e independencia al Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, asegurándole los recursos suficientes para el cumplimiento de su mandato y que se brinde seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones emanadas de sus visitas a los centros penitenciarios del país.
