Por Karen Janeth Duarte
Es difícil encontrar sobrevivientes de pandemias en el pasado. Sin embargo, deben haber quedado lecciones aprendidas sobre el manejo de una crisis de salud global y pueden ser medianamente conocidas en la época actual.
Entiendo que los liderazgos políticos no estén preparados, pero es su deber indagar sobre experiencias similares, contextualizar y dictar lineamientos o medidas sensatas con el genuino interés de preservar la vida. Por otro lado, el virus SARS 2 o Coronavirus, tiene similares características a otros, lo que varía es la respuesta según el liderazgo de las autoridades gubernamentales de cada país para reducir o agravar las consecuencias.
Los riesgos de la pandemia no se limitan al deterioro físico provocado por el virus. Este se amplía al deterioro de la salud mental que afecta y daña en gran medida de manera invisible. Ante el sensacionalismo de los medios de comunicación y la infodemia por el acceso de la población a las redes sociales de manera inmediata, es común encontrar mensajes sobre el propósito y aprendizaje de la humanidad ante el COVID-19. Particularmente, no creo que exista un propósito para darle sentido a la vida humana, pueden crearse múltiples propósitos o, en todo caso, vivirla sin propósito o sin sentido.
Honduras puede visualizarse por tener un gobernante muy poco hábil para el manejo de la pandemia, aunque él sí que ha sabido crear las condiciones para su propósito y vida política. Es posible imaginar que, como profesional del derecho, identificó todos los factores que podrían poner en riesgo su proyecto político. ¿Cómo montó una campaña desde el Congreso Nacional siendo medianamente desconocido y logró posicionar sus piezas en los aparatos del Estado para hacer una jugada “pacifica” y modificar la constitución sin ser juzgado políticamente por sus acciones? Fue así como consiguió que los otros poderes del Estado, como el legislativo y el judicial, con el mandato para cerrarle el paso y salir en defensa de nuestra débil democracia fueran posicionados de manera que responderían exactamente a jugadas planificadas por él para enquistarse en el poder.
El COVID-19 llega a un país en ausencia de Estado de Derecho y con un presidente en su segundo periodo electoral y con acusaciones de irregularidades democráticas por la OEA.[1] Con una tasa de homicidios entre las más altas del mundo, en la posición No. 146 entre los países más corruptos del mundo[2], y con vinculaciones muy cercanas, y hasta familiares, con el crimen organizado[3], es decir, Honduras es un país en deterioro y no estaba en óptimas condiciones para hacerle frente a la pandemia de manera efectiva y transparente para preservar vidas humanas. ¿Por qué algunos países han analizado las medidas de la OMS y considerado las condiciones socioeconómicas para determinar cuáles acciones emprender para mitigar el impacto de la pandemia? ¿Por qué algunos países han incrementado un 1000% las condiciones hospitalarias con menor presupuesto?
En Perú[4] se ha hecho un gasto del 9% del Producto Interno Bruto (PIB) que se refleja en el aumento de 271 a 1331 camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y cuenta con 1127 ventiladores mecánicos.
En El Salvador, una inversión del 1% del PIB incrementó de 80 a casi 500 camas. Un solo proyecto hospitalario incrementó 105 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 295 camas de Cuidados Intermedios (UCIN) y cuenta con 547 ventiladores.
Honduras con un gasto del 2% del PIB, cuenta con 70 camas e incrementó a 140 camas UCI. Destinó US$ 47.4 millones para la compra de siete hospitales móviles que no han llegado y se confirman varios actos de corrupción por el Consejo Nacional Anticorrupción. Se cuenta con 100 respiradores artificiales[5]. Se compraron 740 ventiladores por un valor de US$ 21.6 millones, de los cuales se entregaron 140 que no pueden ser usados por estar incompletos y el resto podrían ser entregados en el resto del año.
¿Por qué somos el país con el personal médico que más muertos ha presentado debido a la negligencia en la compra de insumos, vinculada, sin duda, a actos de corrupción[6]? ¿Por qué las medidas que se han decretado por el gobierno no
consideraron el 66% de población que vive con 47.00 lempiras[1] al día y labora en la economía informal? ¿Cómo genera recursos ese 66% de la población hondureña para atender sus necesidades básicas, cuando demanda transporte público y apoyo a sus economías precarias para poder subsistir?
Las medidas de mitigación son posibles para un menor porcentaje de la población. El “quédate en casa” no es factible para casi el 70% de la población que requiere obtener los alimentos y una canasta básica de la vida mejor no resolverá cuatro meses de pandemia.
¿Cómo se toman medidas comparándose con los países europeos donde las familias tienen asegurada la vivienda, cuentan con ahorros familiares, su población ha sido educada para reducir las relaciones de poder patriarcales, cuentan con espacio público y prácticas de salud que permiten reducir el stress asociado al confinamiento por la pandemia?
¿Por qué el presidente y su gabinete han sido incapaces de tomar medidas acertadas que reduzcan la curva de contagio, sin que la respuesta sea mayor coerción? ¿Es posible que muchas de estas preguntas encuentren sus respuestas en la ilegitimidad de un gobierno que no fue elegido democráticamente?
A 114 días continuamos en las mismas condiciones precarias del sistema de salud pública, ya que unas carpas afuera del hospital no responden a las condiciones mínimas de salubridad ni dignidad que merece un ser humano ¿Es incapacidad, negligencia, premeditación por intereses propios, ignorancia, perversión o la pandemia es un medio para el logro de otros propósitos del gobernante y su gabinete?
Cualquiera de las razones anteriores, si viviéramos en una sociedad democrática, demandaría un juicio político en contra del presidente. Sin embargo, el abogado Juan Orlando controla la voluntad de los tres poderes del Estado, además de la voluntad mercenaria de las fuerzas armadas y policiales. ¿Cuál es el escenario para demandar justicia por su negligencia política, incapacidad o perversión contra las vidas de 8.5 millones de personas?
[1] https://www.bancomundial.org/
[3] https://es.insightcrime.org
[5] Incluye el sector privado que no atiende pacientes COVID- 19. https://www.elheraldo.hn
