Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Por tercera vez criminalizan a la tribu indígena Tolupán de San Francisco Locomapa por el delito de obstaculización del plan de manejo forestal y operativo de la empresa INMARES que ha deforestado la montaña de la tribu sin consultarles previamente sobre este proyecto.
La tribu miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) ha enfrentado la violencia y criminalización desde el año 2010 cuando el Estado de Honduras libró requerimientos fiscales contra los y las defensoras del territorio y en el 2012 los volvieron a requerir, pero en las dos ocasiones han salido absueltos de las acusaciones.
En este tercer proceso judicial, nueve indígenas Tolupanes defensores de sus recursos naturales se presentaron el pasado viernes 13 de septiembre a la audiencia de revisión de medidas en los juzgados de Yoro, según los abogados defensores “con el objetivo de privarlos de su libertad”.
Sin embargo la audiencia fue suspendida ya que los abogados defensores de las y los ambientalistas interpusieron una recusación en el Ministerio Público (MP) contra la jueza Gladyz Murcia por “su parcialidad a favor del acusador privado de la empresa INMARES”, denunció la abogada defensora de los ambientalistas Koritza Ortez.
La profesional del derecho agregó, “durante la audiencia de revisión de medidas se dieron acciones de la jueza, que son parcializados a favor de la empresa, el acusador privado José Castro, de la empresa INMARES solicitó la revisión de medidas el 10 de septiembre para dejar a los defensores del territorio en la cárcel y la jueza resolvió en menos de 24 horas, el 11 de septiembre nos avisaron que la audiencia seria el 12 de septiembre.”
Por consiguiente, se está a la espera a que se nombre un nuevo juez para continuar el proceso judicial que criminaliza la labor de defensa de la vida, el territorio y los bienes naturales de los y las indígenas Tolupanes.
Criminalizados por defender el bosque
Ramón Matute criminalizado de la tribu, expresó en declaraciones a Conexihon el lunes 24 de junio en la audiencia inicial, “defendemos nuestro título ancestral ante esta empresa que está cortando nuestro bosque, nosotros les exigimos a las autoridades nos den la información que están haciendo con nuestro territorio y en que están utilizando los recursos, me sentí indignado cuando me di cuenta que estaba siendo criminalizado por que hace tres meses mataron a mi padre fundador del consejo preventivo y a mi hermano un joven ambientalista, no han salido ordenes de captura para los asesinos pero si me llegó un requerimiento fiscal a mí por defender el bosque”, lamentó.
Esto ha ocasionado pérdida del territorio y el desplazamiento forzado en la Tribu por lo tanto se organizaron en el Consejo Preventivo, el cual está integrado por decenas de integrantes del pueblo indígena y han desarrollado acciones de defensa y protesta pacífica. Esta reivindicación ha conllevado un incremento del riesgo y múltiples amenazas que se han materializado en criminalización y asesinatos.
“No respetan el convenio 169 de la OIT de consultarnos sobre estos proyectos, han afectado al bosque cortando más de 28 mil árboles desde el 2017” sostuvo una de las ambientalistas criminalizadas, mientras sostenía en sus brazos a su bebe que lloraba porque tenía horas de no ver a su madre ya que estaba en la audiencia inicial, que inicio en la mañana del lunes 24 de junio y fue suspendida como a las 10 de la noche.
Antecedentes
Medidas de protección de la CIDH
En razón de estos graves hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó las medidas cautelares MC 416-13 a 35 miembros de la comunidad a partir de 2013 y ordenó al Estado a proteger su vida e integridad.
A pesar de ello, en 2015 asesinaron a dos beneficiarios de las medidas, Erasimo Vieda y Luis Marcía; en 2016 también se asesinó al beneficiario Santos Matute. En lo más reciente, en febrero de este año, Juan Samael y el beneficiario José Salomón Matute, fueron asesinados por dos individuos que anteriormente les habían amenazado.
Respecto de estos últimos asesinatos, la CIDH recordó que “los pueblos indígenas tienen derecho a gozar del control efectivo de sus tierras y a verse libres de interferencia de personas que pretenden tomar control de sus territorios mediante el uso de la violencia. Los Estados también se encuentran obligados a prevenir y luego proteger a los pueblos indígenas afectados de estos actos violentos cuando ocurren en el marco de conflictos territoriales”.
“Que haya una medida cautelar vigente de la CIDH quiere decir que las autoridades estatales estaban informadas de la situación de riesgo grave inminente en que estaba la persona, por lo cual resulta particularmente preocupante que no se hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas protegidas por la misma”, agregó el documento.
La Tribu exige que se reconozca la inocencia de las 9 personas criminalizadas a través del sobreseimiento definitivo. Asimismo, solicitan a las autoridades que cese la violencia, discriminación y criminalización en contra de la tribu Tolupán de San Francisco Locomapa y que se garanticen sus derechos sobre su territorio, se proteja su vida y se sancione a quienes han violentado sistemáticamente sus derechos humanos.
