El Estado debe garantizar la protección de periodistas en coberturas desafiantes

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon)-. Las y los periodistas tienen la función de informar de los hechos que ocurren en la sociedad y muchas veces cubren contextos desafiantes que ponen en riesgo la integridad física y la vida, el Estado debe cumplir que se respeten los derechos al trabajo, libre expresión y emisión del pensamiento.

“El Mecanismo de Protección debe generar alerta y prevención y tiene que exigirle a la autoridad que no genere la agresión por que el 99 por ciento de las agresiones las hacen los funcionarios públicos y la obligación fundamental es no generar la agresión”, denunció el abogado Edy Tábora, director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

Además, explicó “el problema está en la voluntad política que deben generar la presión a quien ostenta la presidencia del ejecutivo y los secretarios de seguridad y defensa que tendrían que enviar un mensaje claro de no generar agresión, el problema es que el mensaje que ellos envían es estigmatizar la protesta y legitimar la represión y por eso responden con agresiones contra los comunicadores ya que ellos documentan la información y las divulgan, eso es una amenaza jurídica y social para los funcionario ya que se evidencian las violaciones a los derechos humanos”.

Por esta razón, las relatorías de Naciones Unidas y de la CIDH, han reconocido que, dada la importancia de la labor que cumplen los periodistas que cubren estas situaciones, el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función. Este deber no se limita a otorgar medidas concretas de protección para los comunicadores. Incluye también la obligación de crear las condiciones necesarias para mitigar el riesgo del ejercicio de la profesión en esas situaciones.

El Estado debe brindar protección

El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión.

Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. Como se afirmó en el pronunciamiento sobre las agresiones y detenciones cometidas contra periodistas por ocasión de las protestas de “Occupy” en Estados Unidos.

Las restricciones desproporcionadas en el acceso al lugar de los hechos, las detenciones y la imputación de cargos por el cumplimiento de las labores profesionales de los y las reporteras vulnera el derecho a la libertad de expresión. Corresponde a las autoridades restablecer las garantías afectadas y asegurar el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión.

Incluso si el conflicto es con grupos armados ilegales: “las facilidades para la prensa en períodos de conflicto armado aun con elementos armados irregulares requieren la más alta protección. Son los periodistas quienes, arriesgando sus vidas, llevan al público una visión independiente y profesional de lo que realmente ocurre en áreas de conflicto”.

En consecuencia, al existir un conflicto armado, y al conocer la condición de periodistas de determinadas personas, el Estado les debe otorgar la mayor protección posible, y el máximo grado de garantías para que cumplan su función de buscar y transmitir información sobre el tema.

Los periodistas son observadores no testigos

Para hacer su trabajo de manera efectiva, los periodistas deben ser percibidos como observadores independientes y no como potenciales testigos para los órganos de justicia. De lo contrario, los periodistas pueden sufrir amenazas a su seguridad y a la seguridad de sus fuentes.

En situaciones de especial conflictividad social, la percepción de que pueden ser forzados a declarar no solo limita la posibilidad del periodista de acceder a fuentes de información, sino que también incrementa el riesgo de que se convierta en un blanco para grupos violentos. Por otra parte, las autoridades no deben exigir a los periodistas que demuestren que las declaraciones de testigos divulgadas sobre los hechos son exactas o que prueben ante un juez la veracidad de las denuncias reportadas.

El Estado no debe prohibir ni criminalizar las trasmisiones en directo de los hechos y debe abstenerse de imponer medidas que regulen o limiten la libre circulación de información a través de Internet y demás plataformas de comunicación.

12 agresiones en tres días

C-Libre documentó más de 10 agresiones directas contra periodistas, comunicadores y trabajadores de medios de comunicación social que cubrían las manifestaciones, así como decenas de agresiones indirectas.

Tabla 3. Agresiones contra periodistas y trabajadores de medios

Registradas entre el 29 de abril al 1ero de mayo 2019

Fuente: Monitoreo C-Libre