Por: Tomas Andino Mencía
La situación generada por la aprobación de la Ley de “Transformación” (léase: destrucción), de la Educación y Salud, es la puñalada final que el régimen títere de JOH quiere darle a estos servicios públicos para perpetuarse en el poder, con el apoyo del tristemente célebre Fondo Monetario Internacional.
Pero ¿qué tiene que ver el FMI con todo esto? La historia es más o menos así.
En la situación actual, cuando la estabilidad del régimen dictatorial está en alas de cucaracha por los enormes escándalos de corrupción y de contubernio con el crimen organizado, lo que, junto a otros factores conducen al debilitamiento de la dictadura, JOH necesita miles de millones de dólares para financiar el incremento de efectivos de su costosa Policía Militar del Orden Público, potenciar a las Fuerzas Armadas y, jugando a pelota adelantada, acumular los recursos necesarios para su próxima campaña interna y a las futuras elecciones generales, con todo lo cual en sus cálculos “aseguraría” su continuidad en el poder.
Pero las finanzas públicas no tienen capacidad de satisfacer esa necesidad del Nerón hondureño, porque con todo lo que sucede en el país, no está llegando la inversión capitalista y las finanzas andan por los suelos. Por tanto, JOH necesita una inyección de plata de la banca internacional con la cual costear esos proyectos dictatoriales. Y aquí es donde entra el FMI.
El FMI es el único organismo que puede dar luz verde a los diferentes acreedores internacionales para que le den fondos a este gobierno. Pero el Convenio que JOH firmó en 2014 ya caduco en 2017 y desde entonces viene negociando con ese organismo la firma de un nuevo Convenio, que satisfaga las insaciables exigencias del FMI.
Entre otras cosas, el FMI exige la privatización de servicios como HONDUTEL, la ENEE, y la capitalización privada de los Fondos de Previsión. Estas medidas privatizadoras tienen su costo para el Estado, muy oneroso, por cierto. Por ejemplo, la privatización total de la ENEE requiere que se le pague L. 55 mil millones a los generadores eléctricos, lo cual es demasiada plata, y solo puede obtenerse de la banca internacional. No contento con eso, el FMI exige la reducción del número de empleados públicos y del gasto social en salud y educación, así como su privatización.
En los próximos meses el FMI tomara una decisión sobre el caso de Honduras y precisamente en estos días se encuentra una misión del organismo en el país, contándole las costillas a las finanzas nacionales, al amparo del denominado “Articulo Ivo” del FMI, para ver si JOH cumple con sus “recomendaciones” y si “merece” un nuevo acuerdo con ese organismo. Como el régimen de JOH sabe que una de esas exigencias del Fondo es la reducción de la masa salarial de empleados públicos a través de la cancelación de puestos de trabajo y, a la vez, promover la privatización de los servicios públicos, su gobierno apuesta a sacrificar miles de empleos con la fatídica Ley de Transformación de Salud y Educación, con tal de lograr el mencionado acuerdo.
En ese sentido, para la dictadura es clave imponer ese Decreto Legislativo, como lo está haciendo, y para nosotros, como Pueblo, es estratégico derrotarlo en su intento, porque de lo contrario, el régimen tomara oxígeno para continuar jorobándonos la vida por mucho más tiempo. Es por eso que la lucha que hoy se inicia, vale la pena librarla, pero para que triunfe. Es necesario deponer toda actitud sectaria o vanguardista, y construir la más granítica unidad del Pueblo.
Por estas razones, la batalla que hoy inicia el magisterio, los trabajadores de la salud, y el pueblo consciente en general, es muy importante para ganarle la guerra a la dictadura y llevarla a su fin.
