La Esperanza, Intibucá (Conexihon).- Un caso permanece abierto contra el Banco Holandés del Desarrollo (FMO) y una posible demanda contra el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por estar vinculados en la financiación del proyecto Agua Zarca, al que se oponía la líder ambientalista Berta Cáceres.
“Estos sistemas financieros están involucrados en la financiación del proyecto Agua Zarca, a sabiendas que esa concesión es violatoria a derechos humanos y del pueblo lenca, por ello se está abriendo un caso en Holanda y estamos trabajando en una posibilidad de acción en contra del BCIE”, explicó el abogado Víctor Fernández parte del equipo legal de la causa Berta Cáceres.
La actualización de la causa Berta Cáceres fue brindada en el centro de encuentros y amistades Utopía, en la ciudad de La Esperanza, a unos 200 kilómetros al occidente de Tegucigalpa; en el tercer año de siembra de la ambientalista Berta Cáceres, fundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
El pueblo lenca tiene un título ancestral del rio Gualcarque, concesionado para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca”, sin haber realizado la consulta previa libre e informada de la comunidad originaria, como lo estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Fernández agregó, que también se acusarán a los funcionarios del Estado que tenían la obligación de defender la vida de Berta Cáceres, beneficiara de medidas cautelares otorgadas en el 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“No la protegieron y contribuyeron para aumentar el riesgo que desencadenó el asesinato, también hay otros casos contra funcionaros que autorizaron el proyecto Agua Zarca y la construcción de la represa”, subrayó el profesional del derecho.
Por su parte, Laura Zuniga Cáceres, hija de Berta Cáceres, recalcó que lo ocurrido a su madre es un caso representativo de lo que viven las y los luchadores que defienden el medio ambiente. Añadió la importancia de seguir juzgando e identificando a las empresas extractivas y los bancos nacionales e internacionales que concesionan los territorios de los pueblos originarios.
“Hay muchos retos a los que nos enfrentamos en las luchas y son las campañas de desprestigio, criminalización, tejer los tejidos rotos de las comunidades y romper todas las estrategias de las empresas extractivas como lo son esas formas macabras con las que pretenden parar las luchas que son los asesinatos que han sido siete compañeros que han caído por defender el rio Gualcarque”, concluyó.
