Tegucigalpa/San Pedro Sula (Conexihon).- La sombra de la impunidad no impide que florezca su recuerdo. Con actividades en dos ciudades del país, organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos exigieron este lunes que también florezca la justicia para Margarita Murillo, a cuatro años de su asesinato.
En la capital, mujeres que integran la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, exigieron castigo para los responsables del asesinato contra Murillo, ejecutada el 27 de agosto de 2014.
La Red de Defensoras en un plantón en el puente denominado “Las Margatitas”, ubicado en la salida del municipio de Valle de Ángeles, denunció que antes de su asesinato, Murillo fue perseguida, torturada y secuestrada en los años 80, para que renunciara a la lucha de las mujeres campesinas y su acceso a la tierra.
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“A cuatro años de su asesinato el Estado de Honduras no ha dado indicios de justicia”, se pronunció las Defensoras de derechos humanos, agrupadas en esta Red Nacional.
Igualmente, las defensoras hondureñas en el plantón de este lunes, conmemoraron la lucha de la defensora de los bienes comunes de la naturaleza, Macarena Valdez, el 22 de agosto de 2016.“A cuatro años de su asesinato el Estado de Honduras no ha dado indicios de justicia”, se pronunció las Defensoras de derechos humanos, agrupadas en esta Red Nacional.
Valdez, de 32 años según dictamen forense murió producto de un suicidio. Familiares y quienes acompañaron a Macarena rechazaron esta versión, que en 2017 fue descartada por el propio sistema forense, de acuerdo con una publicación del Diario chileno La Tercera.
Macarena Valdez lideraba una lucha en la comunidad de Newen de Tranguil, contra del proyecto de una hidroeléctrica de la empresa austriaca RP Global en alianza con la chilena Sociedad Austral de Electricidad S.A. (SAESA), que se instalaría en la zona.
“Decimos a los Estados capitalistas, patriarcales y dictatoriales que los asesinatos en contra de nuestras compañeras no quedaran en la impunidad, ni en el olvido, y que vamos a continuar denunciando sus crímenes”, expuso en el comunicado la Red Nacional de Defensoras.
No puede ser olvidada
Margarita Murillo fue recordada también en el Museo de Antropología e historia de San Pedro Sula, por parte del Foro de Mujeres por la Vida y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-Sj).
Nohemí Dubón, lideresa feminista y quien integra el Foro de Mujeres, en declaraciones a Radio Progreso, habló de Margarita como “una mujer muy importante, que le aportó todo al país no puede ser olvidada”.
Dubón exigió una respuesta en las investigaciones que lleve a esclarecer quienes asesinaron a Margarita Murillo, ya que tras cuatro años de su muerte “seguimos sin respuesta”.
No se descarta que el caso del crimen contra la lideresa campesina, sea llevado a instancias internacionales para que se deduzcan responsabilidades al Estado y que este investigue a los responsables materiales e intelectuales del asesinato, declaró Nohemí Dubón a la emisora radial.
Margarita Murillo, una lideresa social con más de 30 años dedicados a la lucha por la tierra, por el acceso de la
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mujer a la tierra, la defensa de la soberanía nacional y contra el golpe de Estado de 2009.
Fue una de las fundadoras de la Central Nacional de trabajadores del Campo (CNTC), en 1985. Desde los 13 años acompañó las luchas del campesinado, integrando la Unión de Trabajadores del Campo (UNC).
En los años 80, sufrió detención y desaparición temporal, específicamente en 1987, tras 27 días capturada clandestinamente en las que fue sometida a torturas, razón por la que tuvo que exiliarse.
A inicios de los 90 regresó al país y retomó su lucha por el acceso a la tierra. Para el golpe de Estado de 2009, fue una de las fundadoras del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
Durante las acciones contra el golpe de Estado, ocurrido el 28 de junio de 2009, Murillo era objeto de seguimientos, amenazas de orden de captura, perseguida, golpeada y detenida ilegalmente por las fuerzas de seguridad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un comunicado emitido el 17 de septiembre de 2014, instó al Estado a realizar una investigación «con debida diligencia».
Fue asesinada mientras trabajaba su parcela de tierra en su casa ubicada en la comunidad El Playón Villanueva, en el departamento de Cortés, el 27 de agosto de 2014, a los 51 años.
