San José, Costa Rica (Conexihon).- El Ministerio Público (MP), continúa negando a las víctimas el acceso a la información sobre las diligencias en la investigación del asesinato de la lideresa Berta Cáceres, el 02 de marzo del 20116, en La Esperanza, Intibucá, occidente de Honduras.
Por lo que el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL), evidenció su preocupación por este hecho y el incumplimiento con lo ordenado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal en el proceso penal contra Sergio Ramón Rodríguez Orellana y otros supuestos implicados.
CEJIL en un comunicado publicado este viernes expresó que, tanto el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y los familiares de Berta Cáceres Flores, han denunciado que no conocen la totalidad de la prueba en poder del Ministerio Público, desde que inició el proceso penal contra ocho personas acusadas por ser autores materiales del asesinato de Cáceres y tentativa de asesinato contra un testigo -el defensor de derechos humanos de México, Gustavo Castro-.
«Aunque se han realizado numerosas solicitudes e inclusive el Tribunal de Sentencia ordenó entregarles la información, el Ministerio Público incumple abiertamente esta orden, lo cual constituye un evidente obstáculo para que se pueda conocer la verdad», puntualizó CEJIL.
Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), “la participación de la víctima en procesos penales no está limitada a la mera reparación del daño sino, preponderantemente, a hacer efectivos sus derechos a conocer la verdad y a la justicia ante tribunales competentes”.
La organización internacional recordó que, en concordancia con los estándares internacionales, el Código Procesal Penal hondureño prevé de manera amplia el derecho de las víctimas a participar en todas las etapas del proceso y tener acceso a la información.
“Con su actuación, el Órgano investigador hondureño no sólo violenta la normativa interna, sino también lo estándares internacionales y la orden de un Tribunal interno. Es lamentable que se limite de forma arbitraria el acceso a la información y se condicione la efectividad de los esfuerzos de las víctimas en la búsqueda de justicia y verdad”, declaró Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.
Este viernes se realiza en Tegucigalpa una audiencia de proposición de pruebas, sin haberse subsanado la omisión del Ministerio Público. Desde CEJIL instamos a las autoridades judiciales a ejercer un adecuado control judicial respecto de las actuaciones del Ministerio Público, así como asegurarse el cumplimiento de sus propias decisiones.
Finalmente, en el comunicado CEJIL planteó que el proceso judicial por el asesinato de Berta Cáceres «es una oportunidad indiscutible para avanzar en la lucha contra la impunidad en Honduras, pero deben existir garantías suficientes que demuestren que este se ha llevado de manera diligente y con el propósito de dilucidar la responsabilidad de todas las personas involucradas, tanto autores materiales como intelectuales».