Por: Gissel Grandez
Choluteca, Honduras (Conexihon).- Este 17 de junio se cumplieron tres años de impunidad, por el asesinato del catedrático del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP) y líder sindical, Héctor Martínez Motiño, para las organizaciones defensoras de derechos humanos se trata de un caso que pretenden encubrir.
Martinez Motiño, era el presidente de la seccional número seis del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH) y defensor de los derechos humanos.
Trabajó como docente del área de investigación y tenía varias actividades del quehacer académico, contribuyó además para el fortalecimiento de la seccional número seis del CURLP, recuerdan sus compañeros de trabajo.
En el año 2012, empezó a documentar casos de corrupción, abusos de autoridad, violaciones a los derechos humanos y laborales de los docentes, empleados y alumnos.
Uno de los más controversiales, fue la documentación de un supuesto caso de acoso sexual por parte del docente Rogelio Álvarez Espinal del CURLP quien tendría que ir a audiencia días después del fallecimiento de Motiño.
“Esto sigue en la impunidad porque lo están encubriendo”
La coordinadora de ACI- Participa Hedme Castro, considera que a “raíz de las injusticias que él visibilizaba empezó a tener problemas, amenazas a muerte e intimidaciones y tuvo alrededor de 102 acciones de descargo hasta que lograron despedirlo”.
Pero por resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo reintegraron pagándole los salarios caídos, donde desempeñó labores en el CURLP desde la fundación del centro hasta el día de su asesinato.
“Motiño empezó a ser acosado laboralmente y en el 2013 nos pidió apoyo en ACI-Participa, empezamos acompañarlo legalmente y administrativamente ponemos un abogado que le llevaba el caso en Choluteca pero él siguió siendo acosado y amenazado por las autoridades universitarias y le hicieron 102 audiencias de descargo, psicológicamente lo estaban arrinconando”, comentó Castro.
La defensora recordó, que en febrero del 2015, tras varios atentados del docente, tuvieron que asistir al departamento de administración de la universidad a pedir que cesaran las amenazas y las presiones de aceptar una beca o un traslado.
“Exigimos castigo para los [autores] intelectuales y materiales que cometieron el crimen, esto sigue en la impunidad porque hay personas que lo están encubriendo, no tenemos una luz que identifique las personas están involucradas y tratan de protegerse y obviamente sabemos que están involucradas personas conocidas y de poder de la universidad”, demandó la coordinadora de ACI-Participa.
El miércoles 17 de junio de 2015, mientras el docente conducía su auto a las 9:00 de la noche en Piedra Parada en el municipio de Marcovia, Choluteca, cuando salía de la universidad de dar clases e iba rumbo a su casa en Monjaras.
“Siempre defendió los derechos de los trabajadores”
“Lamentamos el pronunciamiento del acuerdo de duelo emitido por la UNAH fue una falta de respeto hacia una persona que prudentemente defendió los derechos de los trabajadores y se caracterizó siempre por buscar el bienestar de nuestro país”, expresó Andelso Flores miembro del SITRAUNAH.
“Siempre que él salía de trabajar platicábamos de los temas de realidad nacional, universitaria, como estaba el contexto y cómo íbamos a salir adelante, él era un compañero que estaba también organizando las protestas de las antorchas en Choluteca y así íbamos viendo cual iba a ser el papel fundamental de la organización sindical en cuanto al posicionamiento político”, agregó Flores.
El SITRAUNAH exigía la firma del décimo cuarto contrato colectivo que le diera gobernabilidad y legitimidad a la Universidad, y participación en la toma de decisiones a docentes, empleados y estudiantes.
El colega del sindicalista lo describe como beligerante que inyectaba esa energía positiva y que recobró la esperanza de luchar en el Centro Regional.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), otorgó en mayo del 2015 medidas cautelares para resguardar la vida de él y su familia. Como consecuencia las autoridades universitarias no permitieron el ingreso de los guardaespaldas que le asignaron para custodiarlo, porque según ellos esa acción violaría la autonomía de la UNAH.
