domingo, julio 21, 2024
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¿Una promesa más? Organizaciones vigilantes ante promesa de derogar el 335-B

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). – Para la sesión de este martes en el Congreso Nacional, se tiene previsto que el artículo 335-B, rechazado por violentar el derecho a la libre expresión y libertad de prensa, sea derogado del Código Penal, tal cual fue la promesa de su presidente, Mauricio Oliva.

Por ello, desde horas previas a la sesión, un grupo de periodistas, ciudadanos y ciudadanas e integrantes del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), realizaron un plantón en las afueras de un cercado Palacio Legislativo, para recordar lo prometido el pasado 25 de mayo por Oliva, en ocasión al Día del Periodista en Honduras.

En un comunicado leído por el director de C-Libre, Edy Tábora, se evocó una serie de declaraciones del titular del Poder Legislativo el año pasado donde afirmó que el artículo 335 inciso B, no era peligroso para la prensa.

“Yo no veo un periodista serio alabando porque le metieron fuego a Burger King, yo no veo un periodista serio alabando que se tomen la universidad, quemen edificios, yo no veo un periodista serio alabando que tome canal 10 y se quiebre los vidrios simple y sencillamente porque tienen una opinión distinta a ciertos grupos en el país y eso no podemos nosotros desde cualquier trinchera alabar eso”, justificó Oliva en aquella oportunidad.

Plantón convocado para este mediodía, exigiendo la derogación del articulo 335-B

Es por ello que, ante la insistencia de parte del Legislativo, específicamente de la bancada nacionalista, existen dos Recursos de Inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); uno de ellos presentado por C-libre el 25 de mayo de 2017.

En declaraciones a la prensa, Tábora aseguró que, en ningún momento hubo una modificación al artículo 335-B, sino que se encuentra tal cual fue divulgado en el decreto número 06-2017, publicado el 27 de febrero de 2017.

El único camino que existe es la derogación del artículo en mención, ya que existe un dictamen de la Fiscalía de Defensa de la Constitución donde lo declara ilegal, afirmó el director de C-libre, organización que defiende el derecho a la libertad de expresión.

El nueve de febrero del año 2018, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, del Ministerio Publico (MP), dictamino “…que se otorgue la acción de inconstitucionalidad planteado por razón de forma y por razón de contenido, en los términos expresado en el presente dictamen”. 

Un Congreso “cerrado para los periodistas no oficialistas”

Sin esperar el inicio de la sesión convocada para la tarde de este miércoles, la periodista Dina Meza, evoca la frase de “promesas y más promesas”.

Meza cuestionó que, desde el año pasado se habló de existir voluntad política para derogar el presente artículo, sin embargo, no lo han hecho hasta hoy.

Agregó que, desde la presidencia del Poder del Estado, se limita la libre expresión y ejemplificó las mallas que rodean las afueras del edificio legislativo y donde solo entra quien aparece en un listado que maneja un guardia de seguridad o si “se le antoja” al relacionador público del Poder Legislativo.

“Personalmente no tengo acceso a este Congreso, porque aducen que no tengo un carnet que ellos emiten, sin embargo como periodista de Reporteros Sin Fronteras (de donde es Corresponsal para Honduras), poseo mi acreditación y nunca desde el año pasado no me dejan entrar”, denunció la directora del periódico www.pasosdeanimalgrande.com.

Por ello, la periodista y defensora de los derechos humanos no cree en la promesa hecha por Mauricio Oliva el pasado 25 de mayo, en la conmemoración del Día de los y las Periodistas en Honduras.

“No le creo porque le ha mentido al pueblo y a los periodistas de que va a derogar este decreto y no lo ha hecho”, puntualizó.

Finalmente, si continuara en firme el artículo 335-B la propuesta de la comunicadora es que debe reforzar las acciones de las organizaciones defensoras de derechos humanos, especialmente de las que se enfocan en libertad de expresión y ejercer acciones penales contra aquellos funcionarios públicos que limiten la libre expresión en el país.

Al cierre de esta nota, en la sesión del Congreso Nacional, que inició cerca de las cinco de la tarde, no se había tocado el tema que conlleve a la derogación del artículo 335-B.

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