Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Relator de Naciones Unidas sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, Michel Forst, presentó este viernes su informe sobre su visita de diez días al país, donde priorizó el hecho de tomar medidas urgentes y enérgicas para garantizar la protección de quienes defienden derechos.
Inició su discurso agradeciendo la invitación hecha por el gobierno del ilegalmente reelecto presidente Juan Orlando Hernández, así como el agradecimiento por concretar una serie de reuniones con miembros del gabinete.
Luego de esto, en su informe, el experto de la ONU lamentó la estigmatización, criminalización y el asesinato de defensores y defensoras en Honduras. Esto, a su criterio, a pesar de que los homicidios han bajado (según cifras gubernamentales), no pasa lo mismo con defensores y defensoras.
“Me preocupa mucho la práctica generalizada de criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos por su labor en el ámbito de los derechos humanos, en particular en el contexto del ejercicio de su derecho a la protesta y la libertad de expresión”, dijo Forst en su comparecencia.
Dicha criminalización expuesta por el experto independiente, “tiene un efecto escalofriante” tanto para ellos como para la sociedad hondureña en general. Igualmente la criminalización también socava la confianza de la sociedad civil en el Gobierno.
Forst escuchó testimonios de cerca de 400 defensores y defensoras, de las que el 40 por ciento eran mujeres, apuntó. en su visita en las ciudades de Tegucigalpa, La Paz, La Esperanza, Santa Bárbara, San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, Tocoa y Choluteca.
La estigmatización, encabezada por altos funcionarios y medios de comunicación, no sólo los desempodera, sino que los expone a mayores riesgos. Se enfrentan a campañas de difamación dirigidas a desacreditar su trabajo, a menudo equiparándolos con la oposición política, o tachándolos de antinacionales, criminales -incluso- hasta de traidores.
En el contexto post electoral, entre noviembre de 2017 y enero de 2018, y de acuerdo con cifras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH), Forst se pronunció sobre los mas de 23 asesinatos por razones políticas. Con información sustentada por organizaciones de derechos humanos, la mayoría son responsabilidad de la Policia Militar.
Según la información recibida, hasta abril de 2018 no se habían presentado cargos contra las fuerzas de seguridad pública, mientras que al menos 114 personas habían sido acusadas de delitos contra la seguridad del Estado y el orden público, delitos contra la persona y delitos contra la propiedad.
“También recibí testimonios de detenciones masivas, palizas a manifestantes y represión y uso de la violencia contra periodistas que intentaban grabar y documentar manifestaciones”, acotó.
Sobre el CONADEH: Debe priorizar trabajo y riesgo de defensores y defensoras
Sobre el papel del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el Experto de Naciones Unidas sostuvo que dicha instancia debe “fomentar vínculos” con sociedad civil, priorizar la agenda de trabajo y las denuncias hechas por defensores y defensoras de derechos humanos.
También recomendó la creación de un centro de coordinación designado para los defensores y defensoras de derechos humanos.
En su encuentro con defensores y defensoras, sobre el papel del CONADEH, Forst encontró testimonios donde mostraron “decepción” hacia el trabajo del ente estatal, además de carecer de confianza, cuestionaron la falta de credibilidad y liderazgo del Comisionado.
Michel Forst consideró como crucial que el CONADEH “fortalezca sus métodos de trabajo y desarrolle estrategias para llegar a defensores y defensoras que buscan protección”.
Puntualizó que la institución estatal debe hacer llamamientos públicos para que se tomen medidas cuando defensores y defensoras estén en peligro o sean asesinados.
En 2013, el Subcomité de Acreditación del Instituto Nacional de Derechos Humanos rebajó la categoría del CONADEH a la categoría «B» por incumplimiento de los Principios de París.
Seguimiento al caso Berta Cáceres
La búsqueda de justicia que no llega para Berta Cáceres fue también parte en el informe del Relator de Naciones Unidas, se refirió a ella como un “caso emblemático”. Cáceres, lideresa del pueblo indígena lenca, fue asesinada el 02 de marzo de 2016.
El experto internacional recordó a Berta durante la visita que hizo a La Esperanza, donde conoció a dos de sus hijas y a su madre, Austraberta Flores, y escuchó de su insistente búsqueda de justicia y que “no pararán” hasta que se logre.
“Continuaré dando seguimiento y apoyando su difícil situación”, dijo Michel Forst.
Hasta la fecha, nueve personas han sido acusadas de homicidio o tentativa de homicidio y están detenidas. Recientemente, dos años después de su asesinato, David Castillo, presidente ejecutivo del DESA, la empresa hondureña que construyó la represa de «Agua Zarca», a la que Berta Cáceres se oponía, fue arrestado. Es el cuarto detenido vinculado al ejército hondureño y la primera persona acusada de ser autor intelectual en el crimen.
Preocupado por violencia contra comunidad LGTBI
“Me preocupa mucho el elevado número de asesinatos y ataques violentos contra personas LGTB, la falta de rendición de cuentas y la impunidad casi total”, dijo el Relator de la ONU sobre la situación de defensores y defensoras, en referencia a los continuos ataques hacia la comunidad Lésbico, Gay Transexual, Bisexual e Intersex (LGTBI) en Honduras.
Este lunes 07 de mayo, organizaciones que conforman el Comité de Diversidad Sexual, denunciaron siete crímenes de odio contra personas LGTBI en lo que va de 2018. Que suman a los más de 290 asesinatos desde 2009 a la fecha. El 97 por ciento se encuentra impune.
El Relator Forst recibió testimonios de defensores de los derechos LGTBI que denunciaron la falta de acción del Estado para reducir la incitación al odio contra ellos y ellas a través del uso de los medios de comunicación.
Expusieron cómo canales televisivos utilizan su espacio para transmitir programas y “debates morales” en lo que se usa la religión con intención de discriminar a la diversidad sexual.
El Comité de Derechos Humanos expresó que «los Estados Partes deben responder adecuadamente a la violencia contra ciertas categorías de víctimas, incluida la violencia contra las personas basada en su orientación sexual o identidad de género».
Mujeres defensoras que no se rinden a pesar de la hostilidad
Indiferencia “y cuando no la hostilidad” por parte de autoridades públicas, grupos religiosos y medios de comunicación, es el panorama que expuso en sus conclusiones el Relator sobre la situación de las mujeres y en especial de las que defienden derechos.
Las mujeres son a menudo descritas cómo «malas mujeres», «malas madres» o cómo amenazas a la moralidad y a los valores tradicionales. Por su lucha contra el patriarcado, la desigualdad y la injusticia.
Cuestionó la falta de un enfoque de género en las medidas de protección y el acceso de justicia, ya que constituye un factor de riesgo para las mujeres, especialmente “quienes viven en zonas remotas”.
En su presentación, reconoció públicamente el trabajo realizado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y otras redes dedicadas a los derechos de las mujeres, quienes han proporcionado una “valiosa respuesta al riesgo inmediato de mujeres activistas y defensoras”.
Detalló que las redes de organizaciones defensoras de la mujer han constituido medidas de protección tales como refugios de emergencia, capacitación en seguridad y espacios seguros para la reconstrucción que han demostrado ser críticos para la seguridad de las mujeres y la continuidad de su trabajo en derechos humanos.
“Por último quisiera rendir homenaje a la memoria de Margarita Murillo, Bertha Cáceres, Gladys Lanza, Magdalena Morales y muchas otras mujeres activistas que allanaron el camino a generaciones de mujeres en Honduras, pero que pagaron el precio más alto por su labor en pro de los derechos humanos”, fue una de las frases finales del Relator Michel Forst.
Las observaciones presentadas junto con las recomendaciones preliminares, se detallarán en el informe final, que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en marzo de 2019.