Por: Gustavo Zelaya*
Además de fraudulento, mentiroso, represor y violador de derechos humanos, el grupo mafioso que gobierna el país se define por su voracidad y desmedido afán en acumular riqueza. Y son varios años de obscuras transacciones, de aumentos al combustible, al peaje, a la canasta básica, de negocios turbios desde la casa de gobierno. Todo planeado con la participación de funcionarios importantes y el control de todo el Estado; quieren hacer de Honduras una instalación fabril sin vestigios de legislación laboral, de supuestas soberanías y convertido en un país a su medida; por ello elaboran convenientes normativas que garantiza la inversión privada y la ausencia de protestas sociales.
Lo demás, fondos de pensiones, los bosques, los ríos, con la participación de supuestas oposiciones políticas, sigue asaltado por el grupo de poder, con sus gabinetes de abogados, con los terratenientes urbanos y rurales, madereros y agroindustriales convirtiendo la tierra en algo apto para el aceite de palma, el biocombustible, los cultivos industriales, el agotamiento del suelo y su enriquecimiento con puros organismos humanos al asesinar con saña a las personas que se opongan convirtiéndolas en abono natural de las nuevas plantaciones o en alimento de su maquinaria productora de objetos para el mercado mundial.
En el Valle de Sula, el golfo de Fonseca, en las tierras de los pueblos originarios, en el Aguan, en comunidades rurales y en centros urbanos se padece y se sabe muy bien qué significado tiene ese proceso de acumulación y concentración del capital.
Los esfuerzos por “desarrollar” al país son notorios cuando se concesionan territorios a quien quiera invertir en este maravilloso Edén, sin manzanas de la discordia y sin pecado original, sin la incómoda presencia del movimiento social, en donde Adán y Eva son despojados de sus hojas de parra. Tales zonas no están localizadas en lugares inhóspitos ni alejadas de los puertos principales o de las mejores carreteras, y en su apertura no podrá faltar la mano divina de jerarcas de iglesias expertas en humanidad.
El núcleo del saqueo está en las regiones especiales de desarrollo y en la industria extractivista, sobre todo, en la explotación del trabajo humano. Aunque todavía no hay ejemplos prácticos de ese modelo, la pandilla gobernante pone ojos en Singapur, Israel y Corea del Sur. Esa es su Meca. Esos humanistas cristianos en el poder, con e respaldo norteamericano y de la Unión Europea; con adiestramiento israelita y colombiano, ponen en práctica esquemas represivos que liquidan partidos políticos y organizaciones opositoras, asesinan activistas, masacran resistencias y cualquier disidencia política, manipulan la libertad de expresión, compran líneas editoriales y salas de redacción, invaden privacidades individuales con escuchas telefónicas, transforman personas inocentes en terroristas dando lugar a macabros negocios que evidencian la esencia criminal de un sistema económico.
A la sombra del fraude electoral del humanismo cristiano se organizan ejércitos privados al servicio de la agroindustria y la minería; una serie de ensayos de sicariato muestran las muertes violentas como parte del paisaje, tan naturales como el bosque húmedo y el colibrí esmeralda; así, con la repetición de las noticias la muerte ronda sin provocar emociones negativas. No tiene importancia ni provoca inquietudes que aparezcan cadáveres en el Aguan o que asesinen mujeres como Berta Cáceres o Silvia Vanesa Izaguirre. Hasta el punto en que la solidaridad se convierte en algo extraño, en un valor social desconocido para muchas personas gracias a la mafia en el poder.
La narcoactividad y nuevas formas de la doctrina de seguridad nacional controlan zonas del sistema económico, partidos tradicionales y al gobierno. Y, otra fresa en el pastel, en el congreso se discute y probablemente se apruebe toda la cobertura legal de algo que siempre se ha practicado y se profundizó después del 28 de junio de 2009: la corrupción, la impunidad la intervención de sistemas de comunicación y de redes sociales para controlar conversaciones privadas y la libre expresión. Con esas medidas se pretende legalizar la pudrición envuelve al poder económico-político, reprimir la disidencia política, la organización opositora y uniformar el pensamiento con la excusa de perseguir el delito y, según el ministro de seguridad, colocar “la violencia en niveles normales”. Igual que en Colombia y en Israel. Normalizar la vida social es aplastar la oposición, mutilar y desaparecer personas, negociar y vender tierras nacionales, aire, brazos, bosques, sangre, lo que se pueda; ajusticiar a quien sea y realizar prácticas de tiro en objetivos humanos con tecnología segura e inteligente, para controlar la actividad pública.
El “humanismo” de Juan Orlando Hernández tiene una forma simple y burda de combate al delito fundamentándose en criterios cuantitativos: se trata de más presupuesto, más equipamiento, más policías en la calle, nuevos presidios y una legislación que nos hace a todos culpables hasta demostrar lo contrario. Claro, sus estadísticas lo confirman: según la OMS la tasa mundial (normal) es de 8 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, aquí lanzan campanas al viento porque hay una reducción de 24.9%, significa que hay 1884 muertes violentas menos. Es decir, la estadística hondureña es de 43.6 por cada 100 mil. Pero este dato aplica para calificar países en guerra y, según el gobierno, aquí existe la paz. Las cifras son de la docta academia representada por el Observatorio de la Violencia, se sustenta en información brindada por la policía nacional preventiva, la dirección policial de investigaciones, la FUSINA, el registro de las personas y el Instituto Nacional de Estadísticas, puras cifras oficiales que agradan al gobierno. Es decir, complicidad absoluta de esos entes para hacer creer que hay más seguridad, aunque en el barrio y en los pueblos creamos lo contrario.
Es un asunto, entonces, de dividir la sociedad en buenos y malos, tal como en coro lo afirman jerarcas religiosos, los infalibles depuradores de la policía, funcionarios, diputados y las fuerzas de seguridad del Estado. La más cavernaria visión de nuestra realidad, copia fiel de los supremacistas norteamericanos que dividen al mundo en amigos y enemigos, tal y como gritaban los golpistas de 2009.
Eso se manifiesta en el sistema educativo en donde dicen que el atraso cultural y el analfabetismo se resuelven con cumplir 200 días de clases anuales y convenientes certificaciones internacionales. No conciben ni un solo elemento cualitativo. Es asunto de meras cantidades y, claro, según la magia financiera del gobierno cachireco, ejecutando con transparencia presupuestos establecidos para mostrar control del gasto público, eficacia en el trabajo y simular capacidad gerencial.
En esa manipulación está la intención de hacer del país un lugar cada vez más militarizado en todas sus instancias, con oficiales sirviendo de enlaces y trasmisores de mandatos directos, sin que aparezcan en los organigramas ni en las planillas de pago de modo que se oculte esa participación. Un encubrimiento de acciones que ponen velos que ocultan responsabilidades y garantiza impunidad. Es decir, el modelo colombiano impulsado por norteamericanos y que el humanismo cristiano torna en mayor corrupción, profundización de la impunidad y de la represión; significa, entonces, imponer condiciones para realizar exitosamente el experimento hondureño iniciado con el golpe de Estado y dar paso a la Honduras is Open For Buitres por medio de las alianzas público-privadas.
Para los capitalistas hondureños y sus padrinos del norte esto es lo más parecido a un capitalismo perfecto: con un Estado poco participativo en lo económico, con espacios para el lavado de activos, pocas regulaciones para empresarios, sin códigos laborales ni sindicatos, mucha tecnología y pocos trabajadores sindicalizados; casi perfecto, pero sin considerar que aquí se registra el índice de desarrollo humano más vergonzoso de América Latina, con grandes riquezas en unos cuantos, que nuestro país es de los más pobres del mundo, con pésimos sistemas sanitarios, altamente dependiente, que expulsa a sus hijos en forma de exiliados políticos o de inmigrantes ilegales.
Esa dura y peligrosa situación exige mayor capacidad opositora contra los que asaltaron el Seguro Social e impusieron el fraude electoral; esta violenta circunstancia es la base para elaborar un nuevo contrato social, real y diferente al sugerido por los sirvientes de Juan Hernández; un convenio que sirva de base para desmontar las herramientas políticas y económicas que siembran de muerte todo el país; que supere el falso diálogo oficial para desarrollar el Estado laico y superar las condiciones infrahumanas de la forma nacional del capitalismo neoliberal.
9 de abril de 2018
*Catedrático Universitario
