Por: Ana A. Pineda H.
Con la renuncia del Dr. Juan Jiménez Mayor se evidencia una vez más que el combate de la corrupción e impunidad en Honduras es casi una utopía
, pues el sistema se ha perfeccionado de tal forma que atenta contra quienes representan una amenaza real, la campaña de desprestigio a la que permanentemente se le sometió y que continua aun después de su salida claramente lo evidencia.
La renuncia abundantemente justificada por el jefe de la Misión no causó sorpresa, pues cualquier otra persona en su lugar lo hubiera hecho. La sorpresa es porque se produce justamente cuando la MACCIH obtenía mejores resultados y contaba con un fuerte respaldo de la sociedad hondureña y es el propio Secretario General de la OEA quien, al contrario de apoyarla, cuestiona públicamente y no a lo interno como la lógica y la diplomacia lo aconseja, la autoridad de Jiménez Mayor y los resultados obtenidos por la MACCIH.
El jefe de la MACCIH se va dejando su huella en Honduras. Le tocó la parte más difícil, levantar las bases fundacionales de la Misión, instalar el esquema operativo e investigativo, identificar al equipo idóneo, diseñar una política de investigación propia e imprimir una mística creativa de trabajo de un ente que debe producir los mejores resultados investigativos supeditándose a la voluntad política del Ministerio del Público y demás autoridades estatales.
Ello, significa que aun y cuando la MACCIH y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) investiguen debidamente determinados casos de corrupción, estos no podrían ser judicializados sin la autorización del titular del ente fiscal, pues todos los funcionarios del Ministerio Público actuarán siempre por delegación y bajo la dependencia del Fiscal General de la República. Igualmente, acontece con todas las iniciativas legislativas e institucionales que la MACCIH ha presentado ante el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional de la República.
La MACCIH ha puesto a prueba el sistema, demostrando que es una amenaza real para desmontar las estructuras de corrupción e impunidad históricamente arraigadas en el país, por medio de la investigación y posterior enjuiciamiento del caso denominado “Red de Diputados” y el anuncio de otros más contra funcionarios o ex funcionarios que han hecho del servicio público una práctica continuada de corrupción. También, ha quedado demostrado que el sistema se defiende para mantener incólume las actuales estructuras en el manejo de los recursos públicos, como se aprecia con el llamado “Pacto de Impunidad” que llegó incluso a reformar por medios fraudulentos la Constitución de la República y otras leyes, desnaturalizando y eludiendo el ejercicio de la acción penal pública.
Esta respuesta, no sólo afecta los esfuerzos de la MACCIH – UFECIC-MP por combatir la corrupción e impunidad en el país, sino fundamentalmente al propio gobierno de Honduras y a la OEA como suscriptores del convenio y que por razón del mismo estaban obligados a acompañar y colaborar de manera efectiva con la MACCIH, situación que queda claro, no ocurrió ni de uno ni otro lado.
Ahora, le toca al pueblo, además de lamentar la renuncia del vocero Juan Jiménez Mayor, retomar sus acertadas sugerencias y demandar al Gobierno y OEA la revisión del convenio suscrito para dotar de mayores facultades investigativas a la MACCIH, constituyéndose como querellante adhesivo en los procesos de su interés y no quedar supeditado al impulso procesal del Ministerio Público, crear condiciones para que el deber de colaboración del gobierno y demás autoridades estatales a todo nivel se cumpla plenamente, así como de dotarla de suficiente autonomía e independencia administrativa, sin dejar de considerar el escrutinio para que quien sustituya a Jiménez Mayor sea un profesional igualmente competente e independiente.
Si ello no ocurre, será señal inequívoca de que el convenio suscrito para la instalación de la MACCIH fue cuidadosamente calculado palabra a palabra para que el mismo no respondiera a su mandato.
