Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reaccionaron violentamente en un comunicado, en contra de la La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Honduras (OACNUDH), por un comunicado de alarma emitido por la institución en favor de los estudiantes universitarios.
La Oficina del Alto Comisionado emitió un comunicado en el que se mostró “alarmada por la condena emitida el 7 de junio por la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia contra Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla, estudiantes de la Universidad Nacional”, lo que enfureció a las autoridades universitarias.
No habían transcurrido ni 24 horas, cuando las autoridades universitarias hicieron público un comunicado, en el que arremeten en contra del máximo organismo de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos en el mundo.
“La UNAH lamenta y es gravísimo que la OACNUDH se haya pronunciado” dice el texto emitido por las autoridades universitarias, algo que ha sido calificado como soberbio por defensores de derechos humanos.
Algunos expertos coinciden que con el comunicado emitido por la máxima autoridad de la UNAH, la prepotencia de la rectora llegó a su máxima expresión. Desafía al OACNUDH y se atreve a decir que ella sabe más de derechos humanos que la entidad mundial de Naciones Unidas.
El comunicado acusa a la oficina internacional de “faltar a la verdad” como si la sentencia contra los estudiantes no hubiese sido dictada por la sala cuarta de juicios orales.
Defensores muestran su alarma y preocupación
Para la defensora Reina Rivera Joya, consideró como “alarmante la reacción de la universidad Nacional que desconoce la asesoría del máximo órgano mundial de Derechos Humanos”.
De acuerdo con la defensora, la comunicación emitida por las autoridades de la UNAH, no sólo ignora sus recomendaciones al país sobre la falta de estándares internacionales en delitos que criminalizan la protesta social, sino que se atreve a descalificar la veracidad de los procedimientos del OACNUDH y sus calificaciones profesionales.
Rivera agregó que “esto solo evidencia que la autoridad Universitaria actúa de forma arrogante, no funge como un órgano de análisis y diálogo para la solución de conflictos y actúa con manifiesto autoritarismo” puntualizó.
En términos similares se La Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) Berta Oliva, que “se le ha pasado la mano desde ya ratos a las autoridades de la UNAH y pretender dar catedra a expertos en el tema que no han cometidos violación de derechos, ya es no tener límites”.
Es un acto de enorme preocupación que una entidad del estado de Honduras como la UNAH confronte significa que ya estamos en otro nivel de situación política en el país y que la indefensión a que se somete a los estudiantes va más allá contra los docentes y trabajadores, dijo la defensora.
Según Oliva, “lo que pasa en este momento es la extralimitación del autoritarismo atacando a un organismo internacional que tiene todo una potestad para hacer ver su preocupación en temas como los que están pasando en la universidad”.
Para el Cofadeh, la actuación de las autoridades universitarias es “una reiteración del abuso de poder y del autoritarismo de la máxima casa de estudios del país es un ataque reiterado y eso solo ocurre cuando la impunidad se consolida más, lo que indica es que no hay estado de derecho”, una situación que sucede cuando el sistema ha fracasado.
“Nosotros estamos profundamente preocupados por la situación de los estudiantes, por la situación de los trabajadores y los catedráticos que han denunciado persecución y los trabajadores que los han sometido a la peor crisis” declaró la defensora.
La abogada Elvia Argentina Valle, diputada del Congreso Nacional calificó “como un atropello a una Institución de prestigio, apegada a derechos fundamentales” como la Oficina del Alto Comisionado y agregó que se trata de una actitud soberbia y de prepotencia de las autoridades.
Las autoridades de la UNAH, asumiendo tener más conocimiento que los defensores internacionales sobre la defensa de derechos humanos, las autoridades universitarias aseguran que “es grave que la OACNUDH no tenga claridad conceptual para definir un acto de protesta pacífica y un acto de protesta violenta”.
La oficina del Alto Comisionad se instaló en Honduras a petición del gobierno de Porfirio Lobo Sosa y el de Juan Orlando Hernández, ante las graves violaciones que se comenten a diario en el país.
El OACNUDH ha manifestado que las acusaciones de usurpación contra los estudiantes, son una “práctica es una restricción excesiva al ejercicio legítimo de la libertad de reunión y libertad de expresión, sobre todo considerando que los propios tribunales hondureños en la interpretación y aplicación de este tipo penal han señalado que su configuración requiere la intencionalidad del autor de apropiarse del lugar, es decir, permanecer en él con la intención de incorporar dicho inmueble o espacio público a su peculio o patrimonio personal”.
En la actualidad suman más de cien los estudiantes sometidos a juicios penales en diferentes ciudades del país, de los cuales tres han sido condenados por el delito de usurpación Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla.
