Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Dos preguntas marcaron la nueva denuncia pública de la familia y equipo legal de Berta Cáceres este miércoles 17 de mayo. ¿Hasta cuándo terminará el abuso
e impunidad del Ministerio Público y el Poder Judicial en la Causa Berta Cáceres? Y ¿Tanto poder tienen los autores intelectuales de este crimen que someten abiertamente al sistema de justicia sin que no pase nada?
A 14 meses del asesinato contra Berta Cáceres, el equipo legal de la familia (madre, hijas e hijo), el movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se presentaron una vez más ante el Ministerio Público (MP), a dejar su postura con respecto a las últimas actuaciones de la justicia hondureña en el proceso penal que se sigue en el caso de la lideresa indígena-lenca.
En un pronunciamiento entregado a los medios de comunicación, ambos sectores unidos en la demanda de justicia para Berta Cáceres, reiteraron la exigencia de acceder al proceso investigativo, del que únicamente dirige el Ministerio Público.
Desde el asesinato de Cáceres, el 02 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, la familia y el equipo legal del MADJ, viene colaborando en el proceso pero sin tener acceso al seguimiento del mismo.
“Desde la primera audiencia inicial, desarrollada el 06 de mayo de 2016, y en las consecutivas de distintas fechas, solicitamos se pusiera a nuestra disposición la información en la que se sustenta el dictamen sobre vaciados e intervención a los teléfonos de las personas relacionadas con el crimen”, establecen en el pronunciamiento, compartido este día.
Un pacto de impunidad que no se rompe todavía
“La causa del crimen contra Berta Cáceres, está siguiendo la lógica de la impunidad, al igual que otras causas en el país”, aseguró el abogado Víctor Fernández, quien integra el equipo legal de la familia de Berta Cáceres.
A más de un año del crimen aún y cuando el Poder Judicial ordenara entregar la información al equipo legal, abiertamente reconoce que no puede hacerlo por limitaciones técnicas o de otro tipo.
Para Fernández, las maniobras que denunció se deben a que existe un “control institucional” que hay de las estructuras criminales que ejecutan crímenes como el de Berta Cáceres.
“Es decir que, aquí hay un pacto de impunidad que no está dispuesto a que se rompa, por parte de quienes están llevando este caso”, puntualizó.
Con respecto a la Audiencia Preliminar que se realizó el pasado 17 de abril contra los ocho acusados como autores materiales del asesinato en perjuicio de Cáceres, a la que asistieron representaciones internacionales acreditadas en el país, la misma fue suspendida ya que el mismo Tribunal reconoció el no haber entregado la información a las víctimas y su equipo legal.
Para el próximo 24 de mayo está programada la continuación de la audiencia, y la información solicitada, aun no la posee las víctimas, ni sus abogados.
“No hay ninguna razón, ninguna fuerza que haga que entreguen tal información. Esa es la evidencia que existe un pacto de impunidad para los autores intelectuales del crimen”, expresó el abogado Víctor Fernández.
Hija de Berta Cáceres: “es un proceso mediocre”
Para Berta Zúniga Cáceres, hija de Berta y quien además integra el COPINH, no existe voluntad de parte del Ministerio Público para realizar un proceso profundo para que no solo se judicialice a los ocho acusados como autores materiales, sino que también se llegue a quienes intelectualmente participaron en el crimen contra su madre.
“Por tanto, lo tomamos como una complicidad con respecto a los -autores- intelectuales y al aparato que ejecutó el crimen y ésto venimos a denunciar”, dijo Zúniga Cáceres.
La joven lideresa expresó su impotencia al aproximarse la continuación de la audiencia preliminar que se les sigue a los acusados del crimen contra su madre, pues no cuentan con información sobre el proceso “y no tenemos ninguna información para decir que personas participaron o no en el crimen”.
La falta de información y lo extenso del proceso para llegar a la justicia “nos invalida en esta lucha”, apuntó Berta Zúniga Cáceres, al tiempo que calificó el mismo como “un proceso mediocre” en el que no cuenta con las pruebas suficientes, pero que están detenidos sólo para justificar que hay detenciones aunque realmente hay un proceso profundo.
