Tegucigalpa (Conexihon).- Con nombre y apellido, sumada una serie de amenazas al ejercicio de defesa de los derechos humanos en el país, son elementos que forman parte del informe “Honduras: El lugar
más peligroso para defender el planeta”, presentado por la organización Global Witness, este marte 31 de enero en un hotel de Tegucigalpa.
En la investigación, se señala que la presidenta del gobernante Partido Nacional y actual diputada al Congreso Nacional, Gladys Aurora López, como una persona adinerada e influyente que con sus negocios está relacionada con la violencia contra las familias y sus territorios en el departamento de La Paz, al centro del país.
El informe resalta que los conflictos generados por la minería, represas hidroeléctricas y a agroindustria, son causales de muertes contra la población indígena (lenca) y demás comunidades rurales
“Nuestras investigaciones demuestran que las elites políticas y empresariales hondureñas, están usando medios corruptos y delictivos para sacar provecho de la riqueza natural del país, esto con el apoyo de la fuerza pública estatal para asesinar y aterrorizar a las comunidades que se interponen en su camino”, afirmó Billy Kyte, jefe de campañas de Global Witness.
Dicha organización con sede en Londres, cuenta con 23 años en monitoreo de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo.
Casos como el hostigamiento, amenazas y agresiones físicas contra la lideresa Ana Miriam Romero, de la comunidad “El Volcán”, el asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres Flores, asesinada hace 10 meses, el asesinato contra cinco integrantes de la Tribu tolupán de San francisco Locomapa en el departamento de Yoro, entre otros, forman parte del informe presentado este martes.
La información sobre el país confirma lo que anteriormente presentó la organización británica en un informe titulado “¿Cuántos más?”, donde afirman que más de 120 personas fueron asesinadas por la defensa del territorio y los bienes comunes de la naturaleza.
Antes de la presentación del informe este día, circuló por medio de las redes sociales una campaña contra la organización, sumado a líderes y lideresas que acompañaron en la mesa principal; en la que se les vincula a partidos políticos y que su trabajo en defensa de los derechos humanos es utilizada con fines de acaparar fondos para su quehacer propio.
Estados Unidos debe revisar su apoyo a factores que inciden en violaciones a DDHH
La delegación de Global Witness expuso también que las actuaciones de Estados Unidos de respaldar a las fuerzas estatales hondureñas, señaladas por los asesinatos y ataques contra los defensores y defensoras de la tierra.
A pesar de los diversos cuestionamientos emitidos desde el mismo Congreso norteamericano en torno a la situación de derechos humanos en el país, desde la sede diplomática de este país en Honduras se fomenta la intensificación de las inversiones en las industrias extractivas en el territorio, detalló el informe.
En la mesa comparecen: Donald Hernandez (CEHPRODEC), Ana Miriam Romero, (MILPAH), Ben Leahter y Billy Kyte (Global Witness) y Berta Zúniga Cáceres (COPINH).
“Al ser el principal donante de ayuda a Honduras, Estados Unidos debería contribuir a poner fin a la sangrienta represión de la población al interior del país”, dijo Billy Kyte.
En tanto Ben Leather sostuvo que el desembolso para Honduras con motivo del programa “Alianza para la prosperidad” deja un mensaje negativo ya que no existen garantías del cumplimiento a los derechos humanos.“Nosotros nos preguntamos que sin ha habido más de 120 asesinatos de líderes sociales desde 2010, cuales son las garantías que existen para tal cumplimiento de los derechos humanos”, cuestionó Leather.
El Embajador Estadounidense, James Nailon, y representantes del gobierno hondureño, hicieron oficial este martes el primer desembolso del Plan “Alianza para la Prosperidad”, correspondiente a 125 millones de dólares, un 25 por ciento del total presupuestado.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones, Global Witness estableció que el gobierno hondureño debe priorizar en la protección de los defensores y defensoras de la tierra, el medio ambiente y dotar al nuevo sistema de protección de los recursos necesarios así como ejecutar efectivamente las medidas cautelares.
De igual forma, el gobierno en conjunto con la policía nacional y el sistema de justicia, deben judicializar a los autores de los delitos contra activistas de los derechos de la madre tierra y poner fin a todo lo que fomente proyectos extractivos e hidroeléctricos abusivos.
Otra de las recomendaciones que deja el informe es la que las autoridades gubernamentales deben colaborar con la sociedad civil para reforzar y aplicar leyes que garanticen el consentimiento de las comunidades indígenas antes de ejecutar cualquier proyecto extractivo.
¨Por ultimo a los inversores internacionales, especialmente al gobierno de Estados Unidos, que revise su política de asistencia e inversión en Honduras para garantizar la protección de los defensores y defensoras del territorio en las comunidades donde se pretenden instalar proyectos extractivos e hidroeléctricos.
