Tegucigalpa (Conexihon).- La Articulación 611 y la Coalición contra la Impunidad, presentaron este lunes 23 de enero al pleno de diputados y diputadas al Congreso Nacional (CN), una carta en la que
demandaron la no aprobación de reformas a la legislación penal que sean violatorias a los derechos humanos.
Antes que el pleno del Poder Legislativo discutiera en primer debate dichas reformas en la sesión de la tarde noche de ayer, ambos espacios conformados por organizaciones defensoras de derechos humanos, alertaron una vez más que las reformas al Código Penal promovidas desde el Presidente Juan Orlando Hernández constituirán un mecanismo para hacer más difícil el acceso a la justicia y violentará derechos humanos de la sociedad hondureña.
En la carta, tanto la Coalición como la Articulación 611 solicitaron la participación en ese debate ya que cuentan con una propuesta sobre estas reformas en el marco del respeto a los derechos humanos a nivel nacional, enmarcados en los estándares internacionales y Convenios firmados por el Estado de Honduras.
Figuras como el Terrorismo para criminalizar la manifestación pacífica son las preocupan a este sector representante de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil, ya que bajo el estigma en el que viven los movimientos sociales que hacen uso del derecho a la protesta son estigmatizados como alteradores del orden público, subrayaron.
“Demandamos descartar de este decreto aquellas reformas que produzcan un retroceso para el carácter garantista del proceso penal, y que finalmente lo aprobado no vaya a limitar derechos y libertades de las personas”, expusieron las organizaciones.
Acá el contenido íntegro de la carta:
Las redes de organizaciones de derechos humanos y sociedad civil Articulación 611 y Coalición contra la impunidad integrada por más de 40 organizaciones de sociedad civil, por este medio hacen un llamado a los honorables diputados y diputadas del Congreso Nacional ante las reformas propuestas al Código Penal por el Poder Ejecutivo a ser discutidas este 23 de enero, con los siguientes puntos:
- Creemos que las reformas propuestas por el Ejecutivo constituirán un mecanismo para hacer más difícil el acceso a la justicia y violentará derechos humanos de la sociedad, como el derecho a la manifestación pública, que es vinculado al delito de Terrorismo y conlleva tipificaciones que no respetan los elementos que lo constituyen como tal: la motivación o finalidad de carácter político, la determinación de querer subvertir el orden constitucional, o de debilitar las instituciones públicas. En su lugar, la reforma aplicará penas a quienes infundan miedo, y tomando en cuenta que se estigmatiza a las manifestaciones de los movimientos sociales como alteradores de la paz pública, que limitan derechos fundamentales. Este delito debe ser objeto de discusión y de una conceptualización clara y puntual, al igual que otros que podrían interpretarse a antojo de quienes quieran ensañarse contra las protestas sociales.
- Demandamos al Congreso Nacional la participación de las organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil en este debate puesto que contamos con una propuesta sobre estas reformas en el marco del respeto a los derechos humanos a nivel nacional, enmarcados en los estándares internacionales y Convenios firmados por el Estado de Honduras.
- Esperamos que la reforma penal respete y se circunscriba a los elementos típicos indispensables tanto para el delito de extorsión como para el de terrorismo, cuidando de que no se legislen figuras penales ambiguas o abiertas.
- Demandamos descartar de este decreto aquellas reformas que produzcan un retroceso para el carácter garantista del proceso penal, y que finalmente lo aprobado no vaya a limitar derechos y libertades de las personas.
Esperamos la consideración del presente documento por el Pleno de este Congreso, quienes se rigen por las demandas del pueblo soberano que los eligió.
Articulación 611
Coalición contra la Impunidad
Dado en la ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa a los 23 días del mes de enero de 2017.
