Washington, EE.UU (Conexihon).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expuso su preocupación ante los abusos y violaciones a los derechos humanos que enfrentan quienes integran la “Caravana del Migrante”, iniciada por ciudadanía hondureña el domingo 14 de octubre.

En un comunicado emitido este martes, la CIDH expresó tener conocimiento que durante el recorrido ha desencadenado “reacciones y medidas hostiles por parte de diversas autoridades en países de tránsito y destino” contra la población migrante.

Autoridades de Guatemala, Honduras y México, emitieron comunicados orientados al cierre de sus fronteras, así como la detención y deportación de quienes avanzan en la caravana.

Al menos 7000 personas actualmente forman parte de la Caravana “entre las cuales también se encuentran personas guatemaltecas y salvadoreñas”, señaló la CIDH.

A la vez, la CIDH observa con preocupación pronunciamientos de autoridades estadounidenses categorizando a la caravana como una amenaza a la soberanía y a la seguridad nacional y afirmando que este movimiento de migrantes y solicitantes de asilo incluye a muchos criminales.

“La CIDH rechaza el uso de un lenguaje estigmatizante, criminalizador y de acusaciones sin fundamento en referencia con las personas migrantes y solicitantes de asilo, el cual puede fomentar actitudes xenófobas en contra de dichas personas”, expresa el comunicado.

Reconoció la labor de organizaciones de derechos humanos como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) de Honduras, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y las oficinas de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Honduras, Guatemala y México, así como múltiples organizaciones de la sociedad civil que están dando asistencia humanitaria a las personas que integran la caravana.

La Comisión Interamericana recomienda a los Estados miembros la adopción de las siguientes medidas:

1. Garantizar el derecho a solicitar y recibir asilo de las personas que requieran protección internacional o satisfacer sus necesidades humanitarias urgentes, así como respetar y garantizar los principios de unidad familiar y del interés superior del niño.

2. Garantizar, a través de procedimientos justos y eficaces, el reconocimiento de la condición de refugiado a las personas que tengan un temor fundado de persecución en caso de retorno a su país de origen, o que consideran que su vida, integridad o libertad personal estarían amenazadas debido a la situación de violencia, violaciones masivas de derechos humanos y perturbaciones graves del orden público, en los términos de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. En este sentido, los Estados concernidos deben fortalecer y movilizar rápidamente al personal y los recursos que sean necesarios para que los sistemas nacionales de asilo respondan de manera adecuada y eficaz a las solicitudes de asilo y protección complementaria que se presenten.

3. Respetar el principio y derecho a la no devolución (non-refoulement).

4. Respetar el principio de prohibición de rechazo en frontera y para tal efecto realizar un análisis de las condiciones particulares y las necesidades de protección internacional y de protección especial que tengan las personas que integran la caravana de migrantes a efectos de determinar si deben ser reconocidas como refugiadas o si requieren protección complementaria.

5. Respetar el derecho y principio de prohibición de expulsiones colectivas.

6. Implementar mecanismos que permitan identificar a personas que tengan necesidades específicas de protección, en particular mujeres, niños y niñas, personas mayores, personas con discapacidad y personas LGBTI.

7. Proteger y brindar asistencia humanitaria a las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción, en coordinación con organismos internacionales como el ACNUR, así como las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil.

8. Garantizar que los retornos se lleven a cabo se realicen sobre la base de un verdadero consentimiento plenamente informado y válido de parte de las personas migrantes, de manera digna y segura, garantizando el respeto de los derechos humanos de las personas involucradas y la adopción de medidas adecuadas para la evaluación de sus necesidades y su reintegración en el país de origen.

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