Olancho, Honduras (Conexihon).- La población de Gualaco, municipio situado al nororiente del departamento de Olancho se encuentra alarmada al enterarse que es el municipio con mayor número de concesiones de proyectos extractivitas en Honduras.

Recientemente más de 300 representantes de las fuerzas vivas reunidos en asamblea comunitaria fueron informados de la situación actual de las más de 17 conseciones mineras. Gualaco se considera el noveno municipio más grande a nivel nacional y el cuarto a nivel departamental, además se encuentra dentro de la zona protegida de la Sierra de Agalta.

De acuerdo con el informe del Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos realizado en 2017 por el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), Gualaco cuenta con siete concesiones que aproximadamente ocupa un área de 21,346 hectáreas casi el 10 por ciento de su geografía, a las que se le suman otras diez solicitudes de concesiones para minería metálica.

Por otra parte, el coordinador del área de los Derechos Humanos de CEPRODEH, Donald Hernández, manifestó “nosotros vemos que las empresas mineras han tomado interés en la zona de Olancho y en la zona sur del país, para realizar proyectos de extractivismo, es allí adonde están apostando por estrategia entonces es allí donde estamos socializando estadísticas de minería”.
La abogada del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Kenia Oliva, indicó a Conexihon que el municipio de Gualaco está en este momento reorganizándose con apoyo de miembros de la Iglesia Católica en vista que se han dado cuenta que nueve de las concesiones mineras posiblemente empiecen a trabajar durante el año”.

“Son concesiones mineras que van afectar los ríos y el medio ambiente, la gente está preocupada porque han visto cuales han sido los resultados del extractivismo sobre todo el tema de la minería a cielo abierto sobre todo para no tener las consecuencias que ya hubo en el Valle de Siria”, explicó.

Los pobladores sostienen que se busca pedir cuenta al Estado y a las autoridades locales, pues no fueron consultados sobre estas concesiones existe preocupación por la contaminación de sus ríos y suelos.

Presentación informe CEPROHDEC
 
Criminalización y asesinato por el extractivismo

El recuerdo de la criminalización, persecución y asesinato de los líderes comunitarios de Olancho en el 2,000 dejó su marca.  Algunos de los pobladores de Gualaco emprendieron una lucha contra un proyecto hidroeléctrico que se instaló en su municipio, la empresa responsable es Energiza S.A., a raíz de esa lucha hubo represión, hostigamiento y por último el asesinato de Carlos Roberto Flores de 28 años integrante de los que mantenían la lucha en contra del proyecto hidroeléctrico Babilonia, actualmente es el único proyecto extractivo instalado en ese municipio.

De acuerdo con Rafael Ulloa, defensor del ambiente y coordinador de la Asociación de Bosques Modelo del noreste de Olancho, manifestó “nosotros hemos sacado información [sobre las mineras] por nuestra cuenta porque la alcaldía no informa al pueblo de nada, en el municipio también hay una empresa hidroeléctrica, lucha por la que mataron al compañero Carlos, yo fui perseguido me dieron medidas para que me protegieran nos dispararon varias veces en el camino y hemos sobrevivido a eso, a raíz de la oposición, fue la primera hidroeléctrica que se hizo de manera privada a raíz de tener diputados y funcionarios corruptos a favor que se instaló el proyecto”.
 
Ulloa agregó que “tenemos agua por todo lado el río más grande es Tinto o Negro todas las fuentes de agua caen allí eso significa que por cualquier lado donde se instale la minería el rio lo van a contaminar, el patrimonio de Gualaco es la ganadería si se contamina el agua se perdería la economía de la población”.
 
Ulloa, puntualizó “En esta actividad veremos cuál es la disponibilidad que la población tiene hacia donde quiere que vayamos, vamos hacer conclusiones y el rumbo que debemos seguir”.
 
Autocensura frena la divulgación
 
Otro de los afectados de criminalización al emprender la lucha en contra la instalación de proyectos contra el extractivismo en el municipio ha sido el periodista, Carlos Enrique Almendares, dueño de varios medios de comunicación de Gualaco.
 
Tras 18 años de impulsar medios de comunicación en la zona con el objetivo de informar a la población han recibido una serie de amenazas con la intensión de coartar la libertad expresión. “Nos han mandado a callar, a amenazar con ráfagas de tiros, por la temática que hemos tocado, es por decirle al pueblo que levante la frente, que apoyen al que defienden los recursos naturales, que obliguemos a los funcionarios a cumplir las leyes ya que no las están cumpliendo”, sostuvo el comunicador.
 
El comunicador también solicitó a las organizaciones de derechos humanos, que sean mediadores en estos problemas para que retorne un poco la seguridad y caminar en el municipio tranquilo.
 
Acuerdo de zona protegida Parque Sierra de Agalta.
 
De su lado, Vicente Martínez es un poblador de la comunidad casas viejas del municipio recordó que cuando se instaló esa represa en el 2000, llegaron con el fin de comprar ganadería, haciendo sus investigaciones, pero de repente llegaron con su personal a trabajar en la represa”.
 
“No hicieron ninguna consulta previa sobre el proyecto, algunas personas se aliaron para aceptar el proyecto, ofrecieron algunas ayudas para la comunidad, pero nunca cumplieron, aunque en el bosque no ha habido mucho impacto ambiental, pero el rio lo contaminaron. Cambio curso del caudal del rio babilonia, enfermando el ganado y las personas, ahora nadie toma agua de ese rio por la contaminación”, lamentó.
 
Recordó también cómo al menos doce comunidades que mantenían la resistencia contra la represa estaban unidas, pero al llegar el proyecto se desunió. “Ya no hay la misma unidad algunos trabajan con la empresa, otros que al inicio estaban a favor ya no lo están porque no los dejan trabajar en las tierras”.
 
“Estuvimos luchando contra el proyecto porque perseguían, amenazaban y procesaban gente mataron a uno de nuestros compañeros. La actividad más fuerte que hicimos fue irnos al congreso nacional y hacer una huelga durante 40 días y 40 noches. La organización se debilito a raíz de la criminalización de los que luchábamos”.
 
“Solo reorganizándonos podemos luchar contra estos proyectos que vienen a perjudicar nuestras comunidades. Tratar de concientizar a la gente ante estos proyectos hay que empezar a hacer frente a esta lucha. La vida del ser humano está por encima de cualquier cosa seguir luchando para darle lo mejor a nuestras generaciones. Debemos luchar y defender nuestra casa común que son nuestras comunidades”, sostuvo.
 
“Cachiros” también tenían concesión en Gualaco
 
En 2017, el Ministerio Publico inició una investigación por el delito de lavado de activos contra una empresa la Minera Mi Esperanza, SA, por la concesión minera no metálica, en el sitio conocido, como El Suyatal III, ubicado en el municipio de Gualaco, Olancho.
 
De acuerdo con la información de medios locales, Rivera Maradiaga le apostaba a la minería y logró varias concesiones de exploración de minerales, con la intención de abastecer a las cementeras de minerales no metálicos.
 
Los hermanos Rivera Maradiaga, líderes del cartel de “Los Cachiros”, encontraron otra manera de legalizar su dinero y fue así que Javier Eriberto, en el año 2011, decidió crear la empresa Minería Mi Esperanza, Sociedad Anónima.
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