Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- En menos de un mes (noviembre-2020), Honduras realizará por tercera vez, el Examen Periódico Universal (EPU), sobre la situación de los derechos humanos en el país.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evaluara la realidad del país y examinara si se han cumplido con las recomendaciones que le han extendido a Honduras en el año 2015.
Por lo tanto, la Coalición Contra la Impunidad (CCI) Honduras, entregó de forma virtual una declaración del informe alternativo del EPU en la 36 Pre-Sesión, en representación de al menos 117 organizaciones de Sociedad Civil (OSC) de defensa de los derechos humanos, agrupadas en redes, Coaliciones, Plataformas y Grupos de Base Comunitaria,
El informe destacó temas sobre desigualdad social, aumento de casos de tortura, violación de derechos humanos a grupos colocados históricamente en una posición de mayor vulnerabilidad como la niñez, juventud, discapacidad, mujeres, poblaciones indígenas, LGBTI, personas migrantes, situación de defensores y defensoras, entre otros.
También incluye la situación relacionada al fuero militar y los tribunales de jurisdicción nacional, combate a la corrupción, la situación del Estado de derecho y la violencia sistemática que el Estado de Honduras ejerce a través de sus políticas institucionales, situación que ha empeorado ante la actual pandemia de la COVID-19.
A continuación el resumen por sectores del informe presentado por la CCI:
Honduras el más desigual de América Latina
Honduras es hoy el país más desigual de América Latina y se encuentra dentro de los seis más desiguales del mundo, con casi el 70% de la población viviendo en condiciones de pobreza y más del 40% en condiciones de pobreza extrema y exclusión social.
Esta situación contrasta con la desproporcionalidad de los presupuestos para defensa y seguridad, que ascienden a 364 millones de dólares y ubican a Honduras por encima de 46 países en el mundo, en inversión militar según el Instituto Internacional para la Paz de Estocolmo, lo cual tiene un impacto directo en la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.
Honduras es uno de los países más peligrosos en América Latina para las personas defensoras de derechos humanos, la situación de criminalización, violencia, estigmatización y persecución de defensores y defensoras hondureñas es alarmante.
Al menos 11 defensores y defensoras de derechos de la población LGBTI fueron asesinadas entre 2008 y 2018, más de 120 defensores del medio ambiente fueron asesinados entre 2010 y 2017 y, en 2016 y 2017 se registraron 2,137 ataques a personas defensoras, 6 de las cuales fueron asesinadas.
Militarización como política de Estado
En Honduras prevalece una cultura de militarización impulsada como política del Estado. La presencia militar se observa en tareas de seguridad ciudadana, en centros educativos a nivel nacional y en el sistema penitenciario nacional con la agravante de un uso excesivo de la fuerza y estricto control de la población privada de libertad, sin que exista un marco jurídico claro en relación con el papel de los militares en la seguridad pública.
El nuevo Código Penal criminaliza la protesta social y algunas expresiones del derecho de reunión y asociación. Además, contiene restricciones a la libertad de expresión y de prensa, así como al derecho a defender derechos humanos y continúa manteniendo en el ámbito penal las ofensas al honor, incluyendo, la utilización de sitios web o redes sociales para emitir opiniones sobre funcionarios públicos, produciendo afectación a jóvenes por ser su principal plataforma de expresión. Los delitos de trata y otras formas de explotación contra la niñez no guardan armonía con los estándares internacionales, algunos tipos se derogan y en su mayoría se disminuyen las penas.
La Ley de Clasificación de Documentos Públicos, denominada “Ley de Secretos”, sigue siendo un obstáculo en el acceso a la información pública, especialmente para aquella que tiene que ver con la persecución del delito.
Libertad de expresión en riesgo
Entre 2001 y 2020, se han asesinado a 85 personas que trabajaban en medios de comunicación. A pesar de que el Estado no cuenta con una lista de casos que investiga en relación a su quehacer periodístico, según el Ministerio Público, a julio del 2018 se han judicializado 17 casos, se han obtenido 6 condenas y se encuentran en investigación 20 casos, pero ninguno de ellos involucra a los autores intelectuales.
Honduras tiene pendiente de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de Comunicaciones.
Entre 2001 y 2018, 6,265 mujeres fueron asesinadas, y estos casos alcanzan un 98% en la tasa de impunidad. El Estado no brinda información completa sobre los derechos de las mujeres en el caso de continuar con la denuncia, ni sobre las medidas de protección disponibles. Es urgente que el Estado se responsabilice por la poca justicia que proporciona a estos casos.
Tabú los derechos sexuales y reproductivos
En los últimos 5 años se ha presentado un proyecto de ley para implementar educación sexual integral en centros educativos pre básico, básico, superior y universitario, públicos y privados. El Estado de Honduras debe basar sus decisiones en la ciencia y considerar el bien común de la población, los derechos sexuales y reproductivos son un derecho humano y no pueden seguir siendo un tema tabú en un país con una creciente tasa de embarazo en adolescentes y por violencia sexual.
Urge que el Estado de Honduras derogue el Acuerdo Ministerial número 2744, que prohíbe la venta, promoción y uso de los anticonceptivos de emergencia (PAE). Que se apruebe el Protocolo de Atención Integral para Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual y que Honduras elimine de la legislación actual la penalización del aborto retirando de las esferas formales de decisión en materia de derechos de las mujeres a representantes de las iglesias.
El Estado Hondureño debe reconocer plenamente la igualdad de derechos a nivel legislativo mediante la derogación de la prohibición del matrimonio igualitario. Asimismo, debe implementar una ley de Identidad de Género y/o reformar la Ley del Registro Nacional de las Personas, que permita a la población LGTBI la adopción legal del nombre asumido en razón de identidad y expresión de género. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar la independencia del Estado hondureño de las religiones, evitando que prácticas y doctrinas religiosas interfieran en el reconocimiento de derechos en materia de derechos humanos.
Pobreza y desigualdad social
La pobreza es una condicionante que, sumada al desempleo y la falta de oportunidades, generan la migración de familias enteras, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes no acompañados. De enero al 30 septiembre 2020 han retornado al país 31,321 personas, de los cuales 3,954 son menores de edad no acompañados (NNA). Del 27 de marzo al 07 de octubre 2020, durante el distanciamiento social por la COVID-19 han retornado al país 1,937 NNA. El gobierno de Honduras no ha cumplido con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, y esto coloca a menores de edad en mayor riesgo de ser víctimas de este flagelo.
Desde 2009 las solicitudes de asilo de hondureños y hondureñas se han incrementado de 1,516 en 2009 a 78,100 en 2019, situación que coloca al país como el cuarto del mundo en número de solicitantes de asilo. De igual forma, al menos 250,000 personas han sido desplazadas internamente entre 2004 y 2018. Este aumento del desplazamiento forzado es el resultado de patrones de violencia, alimentados por desigualdad social, impunidad, corrupción y violaciones generalizadas a los derechos humanos. La respuesta del gobierno hondureño a las Caravanas y al incremento de las personas deportadas ha sido la criminalización, sin estrategias de atención, protección e integración. Esto se ha hecho más flagrante en tiempos de COVID, en los cuales el Estado ha arriesgado la salud y la vida de aproximadamente 18 mil personas deportadas, de los cuales casi 2 mil ha sido menores no acompañados.
Desde el año 2014 el gobierno a través de las Fuerzas Armadas ha implementado el Programa “Guardianes de la Patria” que promueve una cultura castrense y viola estándares internacionales que protegen a la niñez para ser educada en condiciones de paz.
El Estado debe asignar presupuesto a las políticas relativas al acceso a educación, salud y prevención de violencia hacia la niñez. Además, debe fortalecer el marco normativo y los sistemas de monitoreo que generen la información suficiente para tomar las medidas necesarias en respuesta a la niñez y juventud de Honduras.
“El día de hoy, nos presentamos ante la comunidad nacional e internacional para compartir una mirada crítica a las recomendaciones incumplidas, ignoradas y no asumidas por el Estado de Honduras, con el deseo profundo de contribuir a generar cambios estructurales para el disfrute integral de los derechos humanos de toda la población sin sesgos ni discriminación”, concluye el informe de la CCI.
