Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Temblaba del miedo. Acababa de botar el cartel negro que cargaba, no recuerdo dónde, ni qué llevaba escrito. Había corrido con él, en las manos, hasta la parte frontal
de Casa Presidencial cuando huía del gas lacrimógeno. Estaba rodeada de policías y militares agitados.
Todavía vuelvo a sentir la vergüenza de estar sufriendo un ataque como este, la mañana soleada, el sonido de las botas, los estallidos de las bombas, los gritos de los militares, el llanto de las periodistas incrédulas ante lo que pasaba, la sofocación de algunas por la falta de oxígeno y cada vez que trataban de inhalar aire, les volvía entrar humo a los pulmones…
Unos minutos antes, algunas llevaban en sus hombros, un ataúd negro, hecho de cartón, como símbolo de la manifestación para pedir justicia por el asesinato de la primera mujer periodista, liquidada en Honduras, Luz Marina Paz Villalobos. La periodista estaba dentro de un vehículo de un coronel del ejército al momento de su asesinato.
Era tanta la incredulidad ante la reacción militar porque una semana antes, igual que este día, algunas habíamos estado ahí mismo, en otra manifestación pacífica junto a comunicadores afiliados al Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) para exigir castigo contra los asesinos. Entonces, la Policía más bien cooperó con los manifestantes.
Las Fuerzas Armadas no están autorizadas para usar gas lacrimógeno contra civiles, pero sí lo utilizaron esa mañana del 13 de diciembre de 2011 contra de 14 mujeres periodistas.
Ninguna de las periodistas, que estaban ahí, hubiera creído que esta manifestación femenina sería respondida con bombas lacrimógenas y con golpes, por parte de los militares y de la policía. En ese instante fue imposible conocer quién dirigía el contingente policial y militar.
Cuatro años después, luego de varios meses de investigación periodística, se identificó a los integrantes del contingente policial y militar que atacó al grupo de mujeres periodistas.
No sólo eso, también se descubrió que los cuerpos de seguridad del Estado han perpetuado la impunidad, mediante el argumento de la secretividad por seguridad nacional y así, impedido que el Ministerio Público acuse a los responsables de los tratos crueles e inhumanos denunciados.
Investigación
“Los agresores de las periodistas”
Un informe denominado Reporte de incidente de «Represión contra Marcha de Mujeres periodistas hacia Casa Presidencial«, elaborado por el analista de conflictos de la Secretaría de Derechos Humanos Leonel Casco, revela los nombres del teniente coronel, Víctor Manuel Domínguez Rodríguez, ascendido a coronel por el Congreso Nacional casi cuatro años después de la agresión contra la prensa, en noviembre de 2015.
La versión del Teniente Coronel Domínguez, ofrecida a Casco, fue un relato contradictorio con el planteado por las víctimas. El teniente coronel le contó a Casco que “en este espacio se produjo un incidente cuando mujeres periodistas le quitaron el tolete a un soldado y lo empezaron a agredir, toleteándolo, hubo forcejeos y en eso se cree que por el nerviosismo se le disparó una bomba lacrimógena”, dice el reporte de Casco.
Por el contrario, todos los testimonios de las víctimas, contenidas en el expediente administrativo del Ministerio Público, bajo el registro Denuncia No. 2739-11, las fotografías y vídeos demuestran que el forcejeo inició cuando las periodistas intentaron atravesar las vallas militares, las golpearon a algunas en su rostro, les lanzaron más de cinco bombas lacrimógenas, algunas al cuerpo de las periodistas, ocasionándoles desmayos, mientras otra periodista resultó con lesiones en la mejilla.
La confrontación con un militar ocurrió cuando las periodistas intentaron defenderse de los golpes y le quitaron el tolete, relataron las periodistas.
En el mismo reporte de Casco se identifica, al policía de tránsito, Daniel Mendoza Vallecillo. En el expediente del Ministerio Público, también se menciona al soldado Olman Amílcar Herrera Rodríguez.
Según las primeras investigaciones del Ministerio Público, consta en el expediente, este operativo estaba al mando del capitán de navío, Mauricio Alemán Quiróz, subjefe del Estado Mayor Presidencial, y del subcomisario de Policía, José Elías Bustillo.
En 2009, el capitán Alemán Quiróz fue Jefe del Departamento de Inteligencia Naval de Honduras y es señalado en el recurso de exhibición personal No. 876-p545-580-624=09, relacionado con la desaparición temporal de los miembros de la tripulación de la embarcación con bandera hondureña, “Capitán Lem”, detenidos en aguas internacionales por la Guardia Costera de los Estados Unidos de América, el 20 de junio de 2009.
Sobre el subcomisario Bustillo, la prensa informó que en agosto de 2012, pasó como oficial de planta de la jefatura departamental número seis en Choluteca; en octubre de 2012, se mencionó que pasaba a disponibilidad como parte del proceso de depuración y en agosto de 2013, se confirmó que fue nombrado en el Distrito 1 del barrio El Edén en sustitución del subcomisario, Daniel Molina.
Por otra parte, «el día de la agresión el Oficial de Servicio consignó en el Libro de Novedades policiales del 13 de diciembre de 2011 que a las 10:50 horas, el subcomisario Marco Aurelio Arias, reportó que frente a Casa Presidencial se encontraba una manifestación de 30 a 50 personas, entre ellos periodistas y grupo de mujeres “quienes protestaban por la muerte de mujeres y periodistas Visitación Padilla (sic) finalizando a las 11:40 a.m.”, cita el reporte.
En este libro aparece el nombre de 20 policías que estaban en servicio ese día y que la Fiscalía puede llamar a declarar, los policías se trasladaban en las RPM (número de vehículo policial) 41, 42, 73, 77, 43, 71 y 74. La lista de los nombres de los policías está en poder de Conexihon.
El subcomisario Arias fue asesinado en enero de 2015, un año después de estar en disponibilidad. El oficial recibió auto de prisión el 7 de abril de 2014, siendo jefe del distrito policial de La Granja, en la capital, gozaba de medidas sustitutivas por el supuesto delito de encubrimiento de homicidio en contra de Jesús Matamoros.
Reconco, hermano de la jueza Elvia Matamoros, según el expediente judicial número 314-14.
Además, en el expediente administrativo del Ministerio Público, bajo el número de Denuncia No. 2739-11, se identifica en la cadena de mando, al entonces presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, al General René Arnoldo Osorio Canales, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y al General Andrés Felipe Díaz López, Jefe de la Guardia de Honor Presidencial.
El avance de la investigación ha sido nulo, en cuatro años, el expediente investigativo ha pasado por varios fiscales. El grupo de denunciantes presentó como indicios: vídeos, recortes de periódicos, publicaciones que se hicieron en medios internacionales y nacionales, las comunicadoras llevaron sus testimonios escritos, otras rindieron su declaración.
Este caso se movió por el interés que mostraba la periodista Sandra Marybel Sánchez, nombrada como enlace ante la Fiscalía de Derechos Humanos, pero debido a la falta de respuesta desistió de seguir acudiendo al Ministerio Público para preguntar.
En la Fiscalía carecían de vehículo y computadoras para tomar la declaración administrativa, dijo.
La mayoría de periodistas que participaron en la manifestación y que fueron lastimadas ya habían sufrido golpizas, amenazas, persecución, despidos por hacer un periodismo crítico, algunas lloraron al recordar este momento.
Testimonios
Las voces de las víctimas: cuatro años después
No eran cuatro, no eran seis, ya creo que para esa época, ya eran como 15, 20 periodistas asesinados, entonces ya era un exterminio de comunicadores; comunicadores y periodistas, era como una línea de censura. En donde tenían que darle una lección a algunos que ¡por Dios!, incluso, unos (de los fallecidos) hasta tenían medidas cautelares dictadas por la CIDH como es el caso de Nahúm Palacios”, dijo Tommy Morales.
“Sentís desesperación porque te hace falta el aire, sentís una opresión en el pecho y sí, como miedo. Al final el gas es como que te descontrola. Te enfocás en recuperarte del gas y te sentís como indefensa”, así vivió ese momento Eleana Borjas.
“Me marcó en algo, que me da temor ir a manifestaciones. No puede creer que tuve que ser golpeada para posicionar una temática. La situación de la libertad de expresión ha empeorado”, recordó Claudia Mendoza.,
«Creo que en este caso mediaron mucho las presiones porque los denunciados eran personas con cargos importantes en el país», declaró Sánchez.
“(…) Recuerdo (a) Eleana Borjas, estábamos cerca y cuando empezaron a reprimir, recuerdo bien que me levanté, pero la perdí en la carrera y me preocupó mucho porque he pasado por diferentes tipo de represión y me preocupa cuando ya no veo cerca o ya no veo a las compañeras porque digo si se las llevan o las desaparecen, me invadió la preocupación”, contó Gladys Lanza.
“Las periodistas fueron agredidas con gas lacrimógeno y con golpes, al intentar atravesar las vallas y defender su derecho de petición, de protesta, de circulación y pedir justicia por el crimen contra Paz Villalobos”, afirmó Mendoza.
“Empezaron con sus toletes a golpear a las mujeres hasta que toda la prensa hizo tomas, denunció el incidente internacionalmente…cualquier ciudadano consciente, sabe que ese pasaje es público. Es lo que debería hacer el pueblo en este momento y en cualquier momento, pasar las vallas para tomar un derecho”, consideró la escritora y periodista Iris Mencía.
Borjas relató que sufrió vómitos, mientras miraba a sus colegas llorar y algunas resultaron con lesiones en su rostro, otras fueron expuestas a lesiones crónicas porque padecen de enfermedades de las vías respiratorias como el caso de la periodista, Signy Fiallos, evocó.
En señal de protesta, por el trato indigno para la prensa, se acostaron en el suelo frente a un estacionamiento de Casa Presidencial hasta donde lograron llegar al evadir los retenes militares con el fin de realizar la ceremonia programada.
La coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Gladys Lanza, actualmente víctima de hostigamiento judicial por vía penal; en aquella época, acompañó la protesta.
En más de tres décadas como defensora de derechos humanos, “nunca había visto una represión de este tipo contra la prensa”, sostuvo.
“La marcha al final terminó en un enfrentamiento entre manifestantes y personal policial”, dice un informe que está en el expediente de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, que contiene esta denuncia, redactado por el fiscal de turno, Félix Antonio Coca Gonzáles, y que sirvió de base para iniciar las investigaciones.
Algunos de los oficios de la Fiscalía tienen fecha de enero de 2011 aunque el ataque ocurrió en diciembre de ese año. Como parte de las diligencias de investigación se realizaron decomisos de vídeos en el canal Hable como Habla y Globo TV. La investigación se ha mantenido casi paralizada desde que las fuerzas de seguridad pública respondieron que los nombres de los implicados son secretos por seguridad nacional.
Mientras este delito es considerado un secreto de Estado, a nivel internacional ha tenido tal atención que en 2013, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la protección y promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, se reunió con las víctimas para solicitar información sobre el tema.
Como consecuencia de la represión, el 21 de diciembre de 2011, 14 mujeres comunicadoras y un periodista acudieron a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos a denunciar al presidente de la República de Honduras, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014); al General René Arnoldo Osorio Canales, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; al General Andrés Felipe Díaz López, Jefe de la Guardia de Honor Presidencial, como autores intelectuales, y los demás que de las investigaciones resulten autores materiales.
La denuncia fue interpuesta por delitos cometidos por funcionarios civiles y militares contra el ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución de la República, abuso de autoridad y tratos crueles inhumanos y degradantes.
En la actualidad, más de cuatro años después, esta investigación para determinar los delitos cometidos en la ofensiva militar y policial es manipulada como un secreto de Estado:
(…) La Fiscalía Especial de Derechos Humanos, conoce de Denuncia No. 2739-11, instruida en contra de René Osorio Canales y otros, por suponerlos responsables de la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, en cuya sustanciación se han realizado diligencias de investigación, la cual está siendo objeto de análisis y estudio por el fiscal del caso, encontrándose a la fecha expediente pendiente de adoptar una decisión sobre lo investigado, dice el Memorando DGF-281-2016, de la Dirección General de Fiscalía, de marzo de 2016.
Militares sin autorización para usar gas lacrimógeno
La responsabilidad de los militares no sólo fue penal sino que violentaron las disposiciones internas de las Fuerzas Armadas. La Auditoría Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas respondió ante una solicitud de información pública que “aun y cuando actúa en apoyo a la Policía Nacional, quien dicho sea de paso tiene según el artículo 293 de la Constitución de la República atribuida la facultad de preservar el orden público y disolver protestas, en ningún momento hace uso de gas lacrimógeno, gas pimienta o cualquier otro material químico de esta índole”. No consta en los “registros de esta Institución norma jurídica al respecto lo que conlleva a que esta entidad armada no tiene vinculación alguna con el uso de este químico y por tanto de existir algún incidente en este orden, no es atribuible a este órgano público”, cita el Informe AJMFFAA-23-016.
En el transcurso de la investigación criminal de este hecho, las instituciones armadas del Poder Ejecutivo han mostrado opacidad, discrecionalidad y secretividad en los asuntos de interés público, relacionada con la violación de la libertad de expresión y de protesta, sobretodo, la Policía Nacional.
Desde el inicio esta denuncia fue tratada con un lenguaje estigmatizante por parte del Ministerio Público. El ataque es retratado en la denuncia como el incidente, mientras las periodistas la califican como una agresión.
Las víctimas califican la actividad como una manifestación, los fiscales –por su parte- hablan en el expediente de una marcha. Existe imprecisión en las expresiones pues mientras las periodistas testificaron que protestaban por el asesinato de comunicadores/as, la denuncia atribuye la protesta “a los altos índices de inseguridad en el país”.
La prensa internacional hizo eco inmediato de la represión que vivieron ese día las periodistas. El mundo informó sobre una agresión por protestar contra el asesinato como máxima censura de la libertad de expresión; sin embargo, en la prensa local las manifestantes fueron etiquetadas como violentas, los periódicos minimizaron el hecho, las tildaron de revoltosas y redujeron el ataque a las notas rojas como si se tratará de un tema policial.
Los únicos medios nacionales que destacaron lo sucedido fueron diario Tiempo, TV Globo y Canal 36.
La prensa local se limitó a transmitir el discurso oficial Lobo Sosa, que justificó que las periodistas llegaron violentas, consideró la periodista Gilda Silvestrucci.
