San José, Costa Rica (Conexihon).- La represión contra la población de la comunidad de Guapinol, entre el sábado y lunes anterior, ya tiene rechazo internacional. Este miércoles, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), condenó la violencia contra quienes defienden los bienes comunes en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
La organización, por medio de un comunicado, responsabilizó al Estado por haber generado un conflicto a partir de sus decisiones de concesionar una zona protegida.
El pasado sábado, más de mil efectivos policiales y militares, desalojaron violentamente un campamento en defensa del Río Guapinol, pretendido por la empresa Inversiones Pinares S.A para realizar un proyecto minero.
Dicho campamento, organizado por el Comité de pobladores en defensa del Ambiente, desde hace más de 90 días, se opone a que dentro del Parque Nacional Montaña de Botaderos, hoy Parque “Carlos Escaleras Mejía”, se instale un proyecto minero de Inversiones Pinares.
Las manifestaciones de protesta del Campamento de la Resistencia son expresiones legítimas que están protegidas por el derecho a reunión y la libertad de expresión, detalló CEJIL.
No existió proceso de consulta y el Congreso Nacional otorgó la concesión a la entonces llamada empresa Emgo S.A, que posteriormente pasó a llamarse Pinares, cuyo dueño es Lenir Pérez, cercano al Partido Nacional.
La comunidad viene denunciando la contaminación del agua que fluye por él Río Guapinol y la quebrada Ceibita, que son las principales fuentes de agua en la zona.
“Este proyecto es una nueva expresión del modelo que promueve el extractivismo de los recursos naturales por encima del bienestar de la mayoría”, declaró Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica y México de CEJIL.
Ya existen 18 órdenes de captura contra liderazgos sociales de la comunidad y en el departamento de Colón, a petición del Ministerio Público, por dar acompañamiento a la acción de defensa de los bienes comunes en Guapinol, municipio de Tocoa.
Sobre este tema, Marcia Aguiluz subrayó que forma parte de una práctica sistemática en el país “donde las empresas en connivencia con autoridades estatales, disponen de agentes de seguridad privada con el fin de controlar el territorio y amenazar la seguridad de los y las comunitarias”.
CEJIL instó al Estado para que garantice la vida y la integridad de los habitantes de la zona, escuche sus demandas y revise el otorgamiento de estas concesiones, con el fin de proteger los recursos naturales de Guapinol, específicamente las fuentes de agua que son indispensables para la existencia de estas comunidades.
La población defiende los bienes comunes de la naturaleza del parque nacional «Carlos Escaleras» nombre de un ambientalista hondureño, asesinado hace dos décadas, por cuyo caso el Estado de Honduras fue responsabilizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cómo parte de la sentencia pusieron su nombre a esa montaña, dónde se ha instalado la empresa extractivista.
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