Por: Gissel Grández
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon)-. El Poder Ejecutivo pretende reformar La Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como la “Ley de Secretos”, pero las organizaciones de sociedad civil sostienen que la misma debe ser derogada por completo.
Según el abogado del Comité por Libre Expresión (C-Libre), Mario Rojas la propuesta enviada el 6 de julio de 2018 esta apegada a que se siga controlando la información desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Para Rojas eso significa que será más difícil acceder a la información porque está conformado por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ministerio Publico, Secretaria de Defensa y Seguridad puesto que ellos toman todas las decisiones violando el principio de independencia que señala la Constitución de la Republica.
Además, agregó que el Estado lo que debería hacer para respetar los derechos humanos es derogar la ley de secretos y reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).
Dicha ley fue aprobada en el Congreso Nacional en el decreto 418-2013, según abogados de C-Libre, representa “un retroceso en materia de acceso a la información pública y que además es inconstitucional porque es ambigua y abierta en su redacción”.
Es por ello que los abogados señalan que esa ley atenta contra la ciudadanía y la independencia de poderes del Estado, como lo señala el artículo cuatro de la Constitución de la Republica de Honduras y la creación de esa normativa se conforma un supra poder que es el CNDS y que tiene supremacía entre los poderes del Estado y esto significa que no estamos en un Estado de Derecho.
En 2016, C-Libre presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el cuál tras dos años continúa sin respuesta.
De su lado, el abogado y director de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, considera que es importante la derogación de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos ya que es una norma que limita la capacidad del pueblo hondureño para poder acceder a la información, especialmente porque no hay una definición concreta de que significa “seguridad nacional”.
“Hay muchas instituciones que dicen que son de seguridad nacional y el CNDS se toma las atribuciones para decir que no van a permitir el acceso a la información y esto genera la imposibilidad de acceder a documentos en relación al manejo de recursos, como el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), Hondutel y gran cantidad de instituciones que limita el acceso a la información pública”, agregó el abogado.
En los últimos años, es precisamente en estas instituciones donde se han debelado graves casos de corrupción. El IHSS fue saqueado por alrededor de 8,000 millones de lempiras causante de más de 3,000 muertes, la estatal energética fue también señalada por defraudación de fondos por aproximadamente 192 millones de lempiras, de acuerdo con la publicación del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), “La Corrupción”.
La corrupción se basa en ocultar información
La periodista del Colectivo Josefa Lastiri, Helen Ocampo, sostiene que la corrupción se basa en ocultar información puesto que ocultan actos ilícitos, como el manejo de recursos de Estado y así se permite la malversación de fondos, crímenes y leyes antes de su aprobación de esta forma la población no podrá tomar decisiones asertivas.
Helen Ocampo «la información del Estado debería ser pública»
También dijo que es un derecho que la población debería tener de acceder a la información de cómo invierte el Estado los recursos de la Tasa de Seguridad que es a la que más fondos se le destinan, de igual forma saber por qué los presupuestos de Salud y Educación se les ha reducido.
El director de Servicios Técnicos, Legales y Económicos, Fernando García, subraya que “los actos de corrupción que se han hecho público tienen más formas de contenido ya que no han llegado a los verdaderos actores intelectuales y se debe seguir luchando por eliminar la impunidad, de nada sirve luchar contra la corrupción sino se eliminan las verdaderas redes”.
La Ley de Transparencia limita el ejercicio periodístico
La corrupción es un aporte del Estado para ejercer un control del sistema de comunicación por que manejan una partida presupuestaria que sirve de premio para los que se pliegan a las políticas estatales como ser algunos medios de comunicación y periodistas también viene a ser un castigo para aquellos que rechazan y denuncian los desequilibrios de los funcionarios públicos, dijo el jefe de la carrera de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Noé Leiva.
Además, destacó que aunque exista la Ley Transparencia el gobierno ha creado otras leyes para limitar el ejercicio periodístico, también están otras normativas que promueven la censura como los delitos de injuria, calumnia y difamación.
A su criterio la sociedad civil debería exigirle al Estado que no puede estar violando la libertad de expresión que es el fundamento de la democracia porque una ciudadanía bien informada sabe tomar decisiones y de esa forma ejercer presión para la adecuada administración de los recursos del Estado.
En la misma línea se posiciona la periodista independiente, Iris Mencía, al señalar que no se puede vivir en una sociedad con secretos informativos alegando seguridad de Estado sin especificarlos con esa especie de blindaje para los actos de corrupción en una sociedad censurada y una prensa autocensurada y un pueblo poco informado.
Académicos conversando de la «Ley de Secretos»
También el Jefe de la Carrera de Periodismo en Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC), Aldo Romero, apuntó que la “Ley de Secretos tipifica la información en secreta, ultra secreta y oficial, cuando la información es clasificada en alguna de esas categorías y no hay posibilidad de acceder a la información de carácter público y es por ello que desde la academia nos incorporamos a diferentes espacios y organizaciones para incidir al derecho de la libertad de expresión, denunciando y tomando acciones contundentes en este tema”.
