Washington, EE. UU (Conexihon).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó este jueves específicamente a la Junta de Proponentes, a que elabore una nómina de aspirantes al cargo de Fiscal General y Adjunto bajo estrictos estándares internacionales de derechos humanos, y garantizar independencia e imparcialidad de quien llegue a dirigir el Ministerio Público (MP).
La CIDH da seguimiento al proceso de selección que se viene realizando en el país. Ante esto llamó al Estado hondureño a evitar “discrecionalidades por parte de quienes participan en la selección” y evitar que la selección se realice con base a interés particulares y partidarios.
Además, la Comisión reiteró que todo proceso de selección debe garantizar los principios de publicidad y transparencia, asegurando que el proceso sea abierto al escrutinio y participación de los sectores sociales.
El Comisionado Joel Hernández, Relator de la CIDH para Honduras indicó que, “el rol de la persona titular del Ministerio Público es esencial para el acceso a la justicia, la preservación del Estado de Derecho, la lucha contra la impunidad, y la defensa de los derechos humanos”.
El Congreso Nacional deberá seleccionar una nueva persona titular del Ministerio Público, de la nómina final de aspirantes que presente la Junta Proponente, antes de finalizar el mandato del actual Fiscal General, Óscar Chichilla, que culmina el 1 de septiembre de 2018.
El martes anterior, en su décimo sexta reunión, la Junta Proponente analizaba los resultados de las pruebas de confianza y las denuncias presentadas por la ciudadanía contra varios aspirantes a dicho cargo.
En una próxima reunión, la Junta de Proponentes deberá enlistar a cinco aspirantes a la titularidad del Ministerio Público para ser presentados al Congreso Nacional.
Durante esta semana, el Experto de Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados, Diego García-Sayán, mostró su preocupación ante la exclusión de la sociedad civil en la etapa final del proceso para la elección del Fiscal General y Adjunto del MP.
Mientras que, en Honduras organizaciones sociales han denunciado acciones de ilegalidad por parte de la Junta Proponente al ser compuesta por un integrante de Sociedad Civil, convocado por iniciativa de quien preside la Junta y titular del Poder Judicial, Rolando Argueta, y este delega a la secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización a convocar una asamblea para dicha elección.
Para la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), esta integración fue violatoria a la sentencia de Inconstitucionalidad (SCO- 0623-2013), emitida el 23 de noviembre de 2016, la que eliminó lo que exponía una reforma a la parte final de la Ley del Ministerio Público en su artículo 22 “y un representante de las organizaciones que integran la Alianza por la Paz y Justicia”.
