“Trece personas defensoras del medio ambiente enfrentan procesos penales mientras la empresa minera señalada por contaminación continúa operando sin licencia ambiental vigente y con procesos administrativos estancados”.
Puerto Cortés, Cortés (ConexiHON).- La reciente audiencia preliminar de presentación de imputados en contra de 13 personas defensoras del territorio —12 hombres y una mujer—, acusadas del presunto delito de usurpación a solicitud de la empresa Minería Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA), vuelve a encender las alertas sobre el uso del sistema penal para criminalizar la defensa de los recursos naturales en Honduras. Como resultado de dicha audiencia, las autoridades judiciales dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva contra las personas imputadas, quienes deberán presentarse a firmar cada 30 días ante los juzgados correspondientes, no salir del país y permanecer bajo la supervisión de sus apoderados legales, del bufete Estudios para la Dignidad. Si bien estas medidas evitan el encarcelamiento inmediato, mantienen a los defensores bajo un régimen de control judicial que limita sus derechos y refuerza un clima de hostigamiento.
En este contexto, organizaciones defensoras de derechos humanos, así como instancias nacionales que acompañan la defensa del territorio, consideran que esta acusación es injusta y desproporcionada, ya que las comunidades han actuado en un contexto de reiterada omisión estatal frente a denuncias formales por contaminación ambiental y graves incumplimientos legales cometidos por la empresa minera.
En múltiples ocasiones, el colectivo comunitario presentó denuncias ante el Ministerio Público y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), sin que estas derivaran en acciones efectivas para detener los daños ambientales. Lejos de recibir protección, las comunidades se enfrentan ahora a procesos penales por ejercer su derecho a la protesta pacífica y a la defensa de los bienes comunes. Pese a que el permiso de operaciones de AGRECASA ya caducó, la empresa continuó realizando actividades extractivas, aun cuando su licencia ambiental se encuentra vencida desde enero de 2024, situación que ha sido confirmada por información oficial de SERNA y por un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
Antecedentes
De acuerdo con la documentación oficial, la Licencia Ambiental No. 075-2019 otorgada al proyecto minero estuvo vigente únicamente hasta enero de 2024. Asimismo, el permiso para la compra y uso de material explosivo venció el 17 de enero de 2024, sin que exista constancia de renovaciones válidas.
También para mayo de 2024, no se registraba ningún trámite activo de renovación de estos permisos, razón por la cual las autoridades competentes, en particular el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), determinaron que la empresa incurrió en incumplimientos legales, lo que derivó en la suspensión de la concesión minera. No obstante, de manera contradictoria, el propio INHGEOMIN emitió comunicados públicos que ejercieron presión sobre las comunidades, instándolas a permitir el ingreso de personal de la empresa para supuestas labores de “mantenimiento”, pese a la suspensión vigente y a la ausencia de una licencia ambiental válida, tal actuación institucional ha sido interpretada como una grave irregularidad y una señal de respaldo implícito a la empresa.
Ante la falta de respuestas estatales y la continuidad de las actividades extractivas, más de siete comunidades decidieron ejercer su derecho a la protesta pacífica, instalando un campamento digno denominado “René Alemán y Pedrina Melgar”, el cual se ha mantenido por aproximadamente nueve meses. Este espacio de resistencia comunitaria no solo representa una forma legítima de defensa del territorio, sino también un llamado de atención frente a la ineficacia de los mecanismos administrativos y judiciales para garantizar la protección ambiental y los derechos colectivos.
Conflictos de interés y uso del poder punitivo
Representantes de sectores ambientalista, consideran que resulta especialmente preocupante que el fiscal Jorge Lagos, ante quien las comunidades presentaron en reiteradas ocasiones denuncias por los incumplimientos de AGRECASA y solicitaron el cierre definitivo de la mina, sea el mismo funcionario que acompañó al apoderado legal de la empresa durante este proceso penal contra los defensores ambientales.
Esta situación plantea serias dudas sobre la imparcialidad del Ministerio Público y refuerza la percepción de que el poder punitivo del Estado se utiliza selectivamente: con celeridad contra las comunidades, pero con lentitud o inacción frente a la empresa minera.
De ahí que vale recordar que existe un marco legal hondureño que estipula la obligación de proteger los recursos naturales, denotando que la criminalización de las personas defensoras del territorio contrasta abiertamente con el marco jurídico hondureño, que establece obligaciones claras para el Estado en materia de protección ambiental:
- Constitución de la República de Honduras, artículo 145 y artículo 340: establecen que el Estado debe conservar el medio ambiente y proteger los recursos naturales como patrimonio de la Nación, regulando su explotación en beneficio del interés colectivo.
- Ley General del Ambiente (Decreto No. 104-93): obliga a prevenir, controlar y sancionar toda actividad que cause deterioro ambiental, y faculta a las autoridades a suspender o cancelar proyectos que operen sin licencia ambiental vigente.
- Ley de Minería: condiciona la actividad extractiva al cumplimiento estricto de licencias ambientales, permisos técnicos y medidas de mitigación, estableciendo que su incumplimiento es causal de suspensión o cancelación de concesiones.
Por otra parte, la Ley de Municipalidades y normativa de participación ciudadana, reconocen el derecho de las comunidades a participar en decisiones que afecten su entorno y sus bienes comunes. Lejos de aplicar estas normas contra la empresa que opera sin permisos vigentes, las autoridades han permitido que los procesos administrativos permanezcan paralizados; mientras se activa el sistema penal contra quienes exigen el cumplimiento de la ley.
Un patrón de persecución y desigualdad ante la ley
Este caso evidencia, una vez más, un patrón preocupante de persecución contra defensores del medio ambiente en Honduras, donde la protesta pacífica es tratada como delito y la defensa del territorio se convierte en motivo de judicialización. Mientras tanto, los procesos administrativos y legales contra AGRECASA continúan estancados, profundizando una desigualdad ante la ley que erosiona la confianza en las instituciones y pone en riesgo no solo a las comunidades afectadas, sino también al Estado de derecho y a la protección efectiva de los recursos naturales del país.
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