Tegucigalpa, Honduras (Conexihon); Un año de gestión marcado por algunos cambios en la política de derechos humanos del gobierno, así lo dejo ver una carta pública de la organización amnistía internacional, en la que reconoce en primera instancia la necesaria y oportuna derogación de la Ley sobre Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), además de los diálogos para la instalación de Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), sumado a los discursos públicos a favor de los defensores de derechos humanos como actos en pro de la lucha social.
Sin embargo, esto está lejos de marcar cambios reales que la presidenta prometió el pasado 27 de enero en su toma de posesión, acto en el que se comprometió a: la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; la protección efectiva de las personas defensoras de derechos humanos, o la creación de una ruta para la desmilitarización de la seguridad pública.
Es tiempo de la desmilitarización
El 3 de diciembre de 2022 fueron suspendidas algunas garantías constitucionales durante 30 días en 162 barrios y colonias de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula. Ello, según se afirmara, para el “restablecimiento de la paz y el orden” ante “la grave situación de violencia criminal organizada”. El 6 de enero de 2023, Ud. ordenó extender la suspensión de garantías durante 45 días adicionales en 73 municipios en 17 departamentos del país.
Dichos decretos instan a que las fuerzas de seguridad y la Policía Militar de Orden Público (PMOP), participen en la implementación de la suspensión de garantías constitucionales. Como es de su conocimiento, organizaciones y organismos internacionales han reportado el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y militarizadas, incluida la PMOP, para reprimir protestas y aplicar toques de queda y cierres como respuesta a la pandemia del COVID-19.
La suspensión de derechos en contextos similares en la región ha derivado en violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, malos tratos, discriminación, restricciones al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos. Es de señalar que los estados de excepción son mecanismos a los que el Estado debe recurrir solo en última instancia y asegurando el pleno respeto de todas las obligaciones bajo el derecho internacional, incluyendo aquellas relativas a los derechos humanos.
Ya es tiempo de garantizar una vida digna
La combinación de los impactos del cambio climático con la degradación medioambiental, la violencia, pobreza y desigualdad en Honduras siguen obligando a las personas a desplazarse a otras regiones del país o bien a emprender viajes arriesgados hacia los Estados Unidos. Las consecuencias de los huracanes Eta e Iota en 2021, aunadas a una carencia de acciones para la adaptación a los crecientes fenómenos climáticos extremos, ponen de manifiesto cómo el clima afecta negativamente al disfrute de un amplio abanico de derechos humanos en Honduras, y cómo las comunidades más afectadas son aquellas en vulnerabilidad social, exclusión y marginación histórica. Es, por ejemplo, el caso del Golfo de Fonseca, donde el aumento del nivel del mar y la pérdida de línea costera han afectado gravemente el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, a una vivienda adecuada, al trabajo y a un nivel de vida adecuado de las comunidades costeras empobrecidas.
Honduras tiene uno de los mayores índices de pobreza y de desigualdad en ingresos de América Latina. Alrededor del 82% de la población rural del país vive en la pobreza. Sin embargo, el financiamiento de recursos públicos para el acceso a derechos sociales, como el sistema de salud, es de los más bajos de la región, muy lejos del 6% recomendado por la OMS y entre los más bajos de América Latina y el Caribe.
Nota completa de amnistía internacional
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