III Parte
• Los anteproyectos de ley son algo al pleno del Congreso Nacional sin criterios de transparencia y técnicos que justifican la necesidad de discusión de un decreto específico.
• Se ha incumplido el artículo 32 de la LTAIP que manda el vencimiento del plazo de conservación, la información pública debe ser una operación al final de la depuración que realiza una Comisión de Depuración Documental.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). El Congreso Nacional presenta una cultura de principio de máxima divulgación, tal como se puede interpretar de la falta de un sistema de registro público de anteproyectos de ley.
No hay expedientes de anteproyectos de ley numerados o ventanillas para consultar sobre cómo avanzar el proceso de anteproyectos o iniciativas de ley, introducidas al pleno legislativo, según se pudo constatar con entrevistas, investigación documental y con más de 30 solicitudes de información hechas con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realizada en los últimos seis meses.
En general, durante el proceso de aprobación de los contratos estudiados, el Derecho de acceso a la información pública fue una excepción en la que los efectos de los derechos de propiedad intelectual desconocían los anteproyectos de ley que están en espera de ser sometidos al pleno, no hay forma de identificarse en el pedido de llegada de las iniciativas de ley.
Tampoco existe un protocolo de pasos que indiquen los procedimientos que deben seguir la Secretaría del Poder Legislativo desde que ingresa un anteproyecto de ley hasta que el mar algo al pleno.
Ante la carencia de un sistema de registro, documentación, seguimiento y monitoreo de expedientes, la Secretaría del Congreso Nacional tiene toda la oportunidad de hacer un manejo discrecional de los anteproyectos de ley y de ponerlos por delante para presentarlos al pleno.
Los obstáculos a la información en el Congreso Nacional fueron evidentes también en que las contrataciones fueron sometidas al pleno legislativo y toda la documentación de respaldo.
Los diputados asisten a las sesiones legislativas sin conocer la agenda previa del día, tal como lo estipula la Ley Orgánica del Congreso Nacional; los diputados consultados coincidieron en que no tienen acceso a la información de los anteproyectos ni a los proyectos de ley de los contratos y que conocen las iniciativas hasta el momento del debate.
La dispensa de los debates es utilizada como un mecanismo rutinario que restringe el principio de máxima divulgación.
Proyecto de ley
Pese a que existe, una disposición en la LTAIP para publicar las iniciativas de la ley y sus nombres, estos documentos no están publicados en el Portal de Transparencia.
Un obstáculo de información, el listado por los actores claves de la investigación, el que llama los contratos el mismo día que se aprobaba, no hubo análisis de la información que se aprobó.
Un juicio del diputado de oposición, Aníbal Cálix, cuando se presenta un anteproyecto de ley, el primer debate es una lectura muy superficial, considerandos 1, 2, 3, 4, 5, Dispensan primer debate y luego hacen una discusión muy técnica que no se puede entender, hasta que aprueban los contratos.
El Congreso Nacional presenta el concepto de conceptos conceptuales para el cumplimiento de la ley en el uso de términos y conceptos, explica Cálix del Partido Anticorrupción.
Para la presidenta de la Comisión de Transparencia, Fátima Mena, no hay mecanismos transparentes en el proceso de aprobación de contratos en el Congreso Nacional, se nombra a los presidentes de las comisiones especiales sin criterios establecidos.
Se trata de una serie específica que hace las contrataciones, las comisiones no tienen un lugar específico para realizar las reuniones y reciben acuerdos específicos, y la Ley Orgánica del Congreso Nacional es un gran problema para mejorar los mecanismos democráticos y participativos. el Congreso Nacional, dijo.
La opacidad de la información se configura también en los mismos términos y condiciones que Jary Dixon Herrera.
La Ley Orgánica del Congreso Nacional es un obstáculo para mejorar los mecanismos democráticos y participativos en el Congreso Nacional. Es una ley que centra las decisiones en el presidente del Poder Legislativo, señaló Herrera.
Por su lado, la diputada Doris Gutiérrez, apuntó que la «Ley orgánica del Congreso Nacional que se redactó en total mente presidencialista, para que una persona tenga el control absoluto de lo que pasa en el congreso».
«El proceso de aprobación de los contratos antes, durante y después no es transparente. Se nombran las comisiones especiales y no hay un proceso para su elección y mucho menos un mecanismo o una guía para su debida funcionalidad. Actualmente no hay sesiones con los jefes de bancada y eso obstaculiza los procesos transparentes en el desarrollo del proceso del Congreso Nacional », opinó la diputada del Partido Innovación y Unidad (PINU).
«Cultura de soborno»
También hay que decir que forman parte de la cultura popular, expresada en el Congreso Nacional, las denuncias de supuestos «sobornos», que son cada vez más constantes, para quienes la gente lo hace apruebe algunos decretos y contratos. «Un cambio de beneficios económicos para diputados».
Un ejemplo de la complejidad de los casos en que la aprobación de contratos y la susceptibilidad para la corrupción está en la aprobación de contratos, puede encontrarse en los hallazgos de la Comisión Multipartidaria nombrada por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, para investigar Los casos relacionados con el caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y otros casos en los que la ciudadanía tienen un especial interés por su alto impacto social. Este informe, de junio de 2015, develó que:
(…) – De las diligencias practicadas por el Ministerio Público se ha identificado irregularidades en todo el proceso de subasta y adjudicación con determinadas empresas proveedoras.
– Los términos contenidos en las bases eran difíciles de cumplir para cualquier empresa, por ejemplo, las subastas eran públicas e internacionales, pero tenían una cláusula que establecía que las empresas estaban de acuerdo en el país. sus ofertas ya la hora de firmar el contrato se cambiaron las cláusulas que contenían las bases desventajosas para los ofertantes.
– La Comisión Evaluadora no cumplió con la obligación de revisar las ofertas para reunir todos los requisitos técnicos y económicos que beneficiaran a IHSS.
– No se declararon fracasadas las subastas, incluso cuando hubo un solo oferente, cuya oferta económica era casi el doble de aprobado en la sesión de la Junta Directiva en fecha 08 de septiembre de 2010. (Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional, 2015).
En el informe de la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional no se mencionó que estos contratos fueron aprobados en el Poder Legislativo, tampoco se recomienda extender las investigaciones del Ministerio Público (MP) hasta este poder del Estado. El Presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, el anteproyecto de Ley para el contrato con la empresa Dimesa, supuestamente involucrado en supuestas irregularidades en contrataciones con el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Cuando se aprobó este contrato, el presidente de la Comisión Legislativa de Salud, era Mauricio Oliva. Sobre la contratación con la empresa Dimesa, el ex viceministro de Salud, Javier Pastor, tras su espera se preguntó por qué no había sido citado en Oliva.
Sobre esta contratación, la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional encontró:
(…) Contrato DIMESA. En el primer informe de la junta interventora del Seguro Social se establece durante la administración de Mario Zelaya (2010-2014) se firmó el contrato «sobrevalorado» número 020-2011 con la empresa Distribuidora Metropolitana SA (DIMESA). Según el informe, al inicio, el contrato, firmado el 9 de mayo de 2011, pero el 10 de julio de 2012 se aprobó un contrato, por lo que el contrato en 84 meses ascendió a ciento dieciocho millones de dólares ($ 118.000.000.00 ) equivalentes a dos mil quinientos ochenta y un millón de dólares seiscientos cincuenta y un mil doscientos lempiras (Lps. 2,581,651,200.00) de los cuales solo se pagaron por la acción oportuna de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, sesenta y un millones de dólares $ 61,000,000,00) equivalentes a mil trescientos treinta y cuatro millones quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos lempiras (Lps.1,334,582,400). El contrato fue firmado por Mario Zelaya y Schucri Kafie Larach. El contrato se concluyó y la empresa quedó obligada a la supervisión y mantenimiento del equipo hasta el mes de junio del presente año. La empresa DIMESA es una empresa legalmente constituida, no es una empresa fantasma, ejerce su actividad comercial desde hace muchos años en la venta del equipo médico.Fecha de publicación: 03 de junio del año en curso se presentó requerimiento fiscal contra el Shucry Luis Kafie Larach socio de DIMESA, y Juan Alberto Madrid Casaca representante legal de DIMESA, por la comisión suprema del Delito de Estafa en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
• Soborno activo alto funcionario del MP
Se abrió una línea de investigación, por supuesto, un funcionario del Ministerio Público, el cual fue entregado por personas investigadas en actos delictivos cometidos en el caso del IHSS. Por este caso se presentó Requerimiento Fiscal en fecha 03 de Junio contra el Sr. Darío Roberto Cardona, quedando pendiente de decisión fiscal la situación del alto funcionario del Ministerio Público. Conclusiones: En este caso el Ministerio Público acertadamente ha concluido una línea de investigación, quedando pendiente la tramitación del respectivo juicio.
Recomendaciones: La Comisión Multipartidaria recomienda al Ministerio Público que exija los méritos legales en contra del Funcionario de esta institución proceda a ejecutar las acciones legales correspondientes. (Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional 2015).
Toda esta cultura de denuncia de sobrinos y nueva escritura política del CN explica la necesidad de conocer cómo se aprueban las contrataciones estatales.
La importancia de una investigación periodística en el Congreso Nacional adquiere mayor relevancia si toma en cuenta que a partir de las elecciones de 2013, la correlación de fuerzas políticas, representadas en el hemiciclo legislativo, cambia.
Aunque el partido con mayoría simple era el PN con 47 diputados, la segunda fuerza de posición elegía el Partido Libertad y Refundación con 36 representantes, el PL pasó a tercer lugar, con 27; seguido por 13 del Partido Anticorrupción (PAC) y uno para la DC, PINU, UD, respectivamente, ningún diputado de los partidos Faper y, Alianza Patriótica resultó electo.
Los diputados del bipartidismo que representan al Partido Nacional y al Partido Liberal tuvieron su última legislatura en 2014 y antes de salir del poder, una cantidad de la cantidad y contratos sin precedentes. Cada legislatura del Congreso Nacional se instaló el 25 de enero de cada año y concluyó el 31 de octubre del mismo año.
Para esta investigación, también se encuentran las siguientes: Yadira Bendaña, Elvia Argentina Valle, Rasel Tomé, Osman Aguilar, Tomás Zambrano, Renán Inestroza, David Chávez, César Antonio Rivera Callejas, Gabriela Núñez, Óscar Álvarez, entre otros. Finalmente, no dieron entrevista.
