Por: Miriam Grizel Elvir
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Con tan solo cuatro meses de edad, la pequeña Ximena Raquel presencio la condena de su padre Moisés Cáceres,
uno de los tres estudiantes acusados por el delito de usurpación en perjuicio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) desde el año 2015.
El día de hoy (miércoles 7 de junio de 2017), la Sala IV de Juicios Orales y Públicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), encontró responsables a Moisés, Cesario Padilla y Sergio Ulloa.
De acuerdo a lo expresado por la jueza, los tres jóvenes en el año 2015 provocaron pérdidas superiores a los cuatro millones de lempiras producto de la toma de instalaciones de la UNAH, del 13 al 19 de julio de dicho año, en exigencia a la democratización de la máxima casa de estudios.
Ximena Raquel tuvo que presenciar la sentencia contra su padre, pues el proceso jurídico mantiene a Moisés con medidas sustitutivas que lo obligan a presentarse a firmar cada viernes ante los juzgados y también le impiden salir del país. Eso junto a la criminalización y estigma mediatizado por las autoridades universitarias, bloquean oportunidades laborales para el joven padre que se dedica a cuidar a su pequeña, mientras su pareja se encarga de proveer económicamente al núcleo familiar.
La beba, no se da cuenta que su padre, un profesional que recién culmino su carrera de Sociología, pero que en sus tiempos de estudiantes luchó por la defensa de la educación pública superior, hoy en día podría ser enviado a prisión, por no haber portado un carnet que lo identificara como defensor de los derechos humanos en la UNAH.
Ese fue el argumento de la Procuraduría General de la Republica de Honduras (PGR), El Ministerio Publico (MP) y la UNAH, quienes aseveraron en sus alegatos que ninguno de los tres jóvenes portaba chalecos o identificaciones que los acreditaran como defensores. Por si fuese poco estos representantes del Estado indicaron que los estudiantes no tenían personería jurídica que los avalara como defensores de DDHH.
Resulta ser que los jóvenes, durante los días de la toma a la UNAH en julio de 2015, brindaron acompañamiento y veeduría en su condición de procuradores de DDHH del Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos de la UNAH, instancia que se creó con el acompañamiento de varias organizaciones de DDHH de la ciudad capital de Honduras, quienes preocupados por la vulnerabilidad de los estudiantes tomaron a bien estructúralos en dicho Comité estudiantil.
Se les olvido a los representantes del Estado, que los defensores y defensoras de los derechos humanos son personas que, a título individual o colectivo, trabajan para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas que la desarrollan.
Hace justamente dos años, Moisés, Cesario y Sergio eran estudiantes y defensores de DDHH, hoy en día continúan con la defensa de los DDHH pero ya no son estudiantes, son profesionales con una cruz a cuestas, el capricho de autoridades enajenadas en sentar precedentes jurídicos que limiten el derecho a la protesta, a la libre asociación y a la libertad de expresión.
Los ex estudiantes universitarios conocerán la sentencia el próximo 27 de julio del presente año, sabrán si serán enviados a prisión por defender la educación pública superior. Irónicamente en una sala cercana a la que condeno a los jóvenes, se realizaba un juicio contra funcionarios y sus esposas implicados el desfalco millonario del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), acusados de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, y según informaciones preliminares podrían ser absueltas pese a ser responsables de haber creado más de 200 empresas fantasmas con las que drenaron más de siete mil millones de lempiras.
Este es el sistema de justicia, un sistema sin contra pesos y con muchas injusticias que seguramente la pequeña Ximena Raquel podrá no comprender en muchos años pero llegara el día que sabrá que la lucha de su padre por la educación superior pública permitirá el resguardo de este bien patrimonial del pueblo.
