Por: Andrés Pavel*
Los principios rectores de una democracia funcional son la transparencia y la veeduría ciudadana. Sin ellos, un sistema basado en la elección de funcionarios cada tantos años podrá tener la semblanza superficial de una democracia, pero distar mucho de serlo en la práctica, ya que sin estos mecanismos de inclusión social el voto es un voto a ciegas, que solo favorece a los caudillismos, y lejos de ayudar a la población, muy probablemente la conduzca a la zozobra.
De estos dos principios, la transparencia y auditoría ciudadana, depende también el sentido de la que conocemos como una de las bases fundamentales de una democracia, la separación de poderes del Estado; ya que únicamente la rendición de cuentas puede impedir que se instalen mafias políticas en el poder, capaces de controlar varias instituciones y subvertir el mandato popular.
Honduras es pleno ejemplo de la decadencia del ámbito cívico y gubernamental que se da cuando se transgreden y abandonan los ejes de inclusión social aquí discutidos. Con la pretensión de blindar la comunidad de agencias de seguridad, a la que nos referimos como el Estado de Seguridad, de posibles infiltraciones del crimen organizado, se estableció como política fundamental del gobierno el empleo de una Ley de Secretos de Estado, en la cual hoy en día se ampara toda una gama de Secretarías de Estado que nada tienen que ver con la seguridad pública, para burlar los esfuerzos de los veedores sociales. Sin embargo, las instituciones que más se valen del velo de secretos con que se ha cubierto el gobierno son la Secretaría de Seguridad y las Fuerzas Armadas.
No existe evidencia de que este sistema que impide a la opinión pública conocer el fin con que se usan los recursos estatales haya servido para aplacar la corrupción en estas instituciones; al contrario hay fuertes señalamientos (en su mayoría impunes y aún sin procesar por entes fiscalizadores tachados de inefectivos) de fraudes de gran envergadura y colusión con el crimen organizado al más alto nivel de estas instituciones, al estar sus autoridades no solo más allá del escrutinio de los mecanismos investigativos que utilizan para mantener bajo control al resto de la población, sino que también más allá de la rendición de cuentas ante el público.
No es de extrañar que el sentir de la vasta generalidad de la población ante el Estado Hondureño sea de impotencia e indefensión, como lo reflejan consultas públicas, lejos de considerarlo un apoyo para lograr fines sociales (fenómeno que se ha extremado al punto de que varias municipalidades solicitan y reciben recursos de un país vecino, El Salvador, ante la inoperancia del gobierno central para atender sus necesidades). Pero en última instancia el problema se agrava aún más al pasar el mando de más y más instituciones civiles al mando de oficiales de las Fuerzas Armadas.
La introducción de una cultura militar adversa al cuestionamiento a la autoridad y a la retroalimentación externa es el golpe de gracia para los mecanismos cívicos y los procesos institucionales democráticos; el efecto neto ha sido que ninguna de las instituciones confiadas a la gestión de las Fuerzas Armadas ha logrado hasta la fecha resolver sus crisis internas, ni mejorar en la satisfacción de las demandas de la población; un fracaso administrativo muy similar al que ha sufrido el gobierno de Brasil bajo la militarización impulsada por Bolsonaro.
Quizás el caso más visible que ejemplifica la inefectividad del gobierno militarizado desplegado en Honduras es la intervención del Instituto Nacional Penitenciario (INP) encabezado desde hace más de un año por una junta de oficiales de las Fuerzas Armadas. De por sí el INP ya era cuestionado bajo la gestión civil anterior por la arbitrariedad de sus autoridades y la secretividad en que estilaba escudarse desde entonces; estos problemas continúan bajo la dirección militar, en tanto que el objetivo principal de la intervención, mejorar la situación de seguridad en los centros penales, no solo no se ha alcanzado, sino que se avizora cada vez más distante: el reciente enfrentamiento violento dentro de la prisión de Morocelí expone que la inseguridad se está propagando a los centros penales de máxima seguridad; los escándalos que han envuelto recientemente a sucesivos directores militares de centros penales por la comisión de graves delitos, como planificar una fuga o agredir a un privado de libertad provocándole múltiples fracturas, han escapado a la sanción pública.
En última instancia el curso de un Estado acuerpado en la secretividad y el blindaje institucional se revierte inevitablemente. No hay secreto que no salga a la luz, tarde o temprano, y la voluntad del pueblo, que sinceramente anhela y añora la democracia, terminará por imponerse; entretanto debemos acopiar las lecciones que nos deja este manejo errado de los intereses públicos.
*Es un analista y artista hondureño. Ha publicado sus artículos de análisis y sus obras en varias revistas electrónicas.
