Esta nota fue construida en alianza con Criterio.hn
Tegucigalpa. – Desde el dos de junio de 2020 no sabemos nada de “James”, relató uno de los migrantes de origen haitiano. La última vez que vieron a su compañero de viaje fue apresado por miembros de la policía hondureña, tras tildarlo de “cabecilla” y responsable de “trata de personas”.
“Se lo llevaron como criminal con las manos hacia atrás y apresadas, dijeron que era el cabecilla y era responsable de la trata de personas, que él nos estaba cobrando para llevarnos hacia los Estados Unidos, pero no es cierto, James era un tipo muy astuto e inteligente, lo conocimos cuando llegamos a Choluteca, no veníamos juntos”, denunció Esmeralda, (nombre ficticio) una migrante haitiana, parte del grupo de más de cien personas que buscan salir de Honduras.
“Venía solo, no venía con familia, solo su mochila lo acompañaba, pero jamás nos abandonó, él decía siempre unidos, siempre juntos, siempre cuidándonos (…) era nuestro intermediario, por eso nos dividieron”, siguió contando la mujer.
Según el relato de los migrantes haitianos, después de más de tres meses de permanecer en la ciudad de Choluteca al sur de Honduras, cansados de las mentiras y el mal trato de las autoridades de migración, Jamesley Bienvenue, les propuso tomar una decisión radical, y así fue como decidieron iniciar “la caravana por la libertad”, con rumbo hacia Guatemala.
Así fue como un grupo de más de cien migrantes, en su mayoría de origen haitiano, pero además otros con procedencia de Cuba y África, dejaron los alberges temporales, gestionados por organizaciones defensoras de derechos humanos, en la ciudad de Choluteca el pasado dos de junio a las 6:00 de la mañana.
No habían transcurrido ni dos horas de su salida cuando fueron sitiados por policías y militares, quienes les obligaron a esperar cerca de ocho horas a la intemperie y bajo la promesa de la llegada de una comitiva conformada por representantes de migración y derechos humanos desde Tegucigalpa.
La comitiva no llegó, por lo que los migrantes decidieron emprender su camino con rumbo a la ciudad capital del país, Tegucigalpa. “Un hombre de buen corazón nos montó en su camión y llegamos hasta la posta de El Tizatillo, en el kilómetro nueve”, narró Reynaldo (nombre ficticio), otro de los integrantes del grupo, también de Haití.
“Nos bajaron y prometieron darnos el salvoconducto para dejarnos salir de Honduras, por eso nos dividieron en tres grupos y esa fue la última vez que vimos a James, al que trataron como perro, como si fuéramos delincuentes, a él se lo llevaron junto a ocho cubanos, ellos ya están en Guatemala, pero tampoco volvieron a ver a James”, manifestó Reynaldo.
De acuerdo con lo narrado, al momento de su captura, a James la policía hondureña le arrebató su mochila y su celular. Desde ese día no volvió a responder llamadas, el celular permanece apagado y nadie sabe sobre su paradero.
Las calles catrachas se han convertido en su morada
Refugios cubiertos con carpas de plástico amarillo, sumada la sombra de los árboles, es el lugar donde la población caribeña se resguarda del sol, lluvia y del maltrato policial en su intento de salir de Honduras para continuar con su destino final, Estados Unidos.
Dos champas construidas para estación del transporte público, en el municipio de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, a la altura del kilómetro 25 en la comunidad conocida como El Chagüite, se han convertido en el nuevo hogar para 27 haitianos que, según su versión, se escaparon del albergue donde los mantenían las autoridades de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) y la Policía Nacional (PN).
Tras su detención en la Posta Policial de El Tizatillo, el pasado 2 de junio, el grupo de 27 haitianos fue trasladado a un albergue del DINAF en el municipio de San Antonio de Oriente, donde los mantuvieron en cuarentena bajo la excusa de la espera de los resultados de las pruebas de la COVID-19, que nunca les fueron entregadas.
Según Esmeralda, “solo de boca nos dijeron que los resultados eran negativos, pero ellos se aprovecharon para ponernos a trabajar en la limpieza de la maleza de las tierras, tampoco nos dieron mascarillas o material para nuestro aseo, entonces nuestra permanencia ahí solo era para tratarnos como esclavos, trabajo a cambio de techo”.
Una vez más el cansancio y la desesperación superó la paciencia de los haitianos y nuevamente emprendieron una nueva caravana con la finalidad de salir de Honduras, pero la historia se repitió, la policía les impidió avanzar, por esa razón hace 10 días han hecho de dos casetas de autobús, sus hogares.
“Los hondureños son muy buenos aquí nos han recibido, nos dan comida y donde podernos bañar, pero al igual que en Choluteca los policías se encargan de hacerles miedo a ellos para que no, nos ayuden. En Choluteca la policía nos sacó de las casas de las personas que nos brindaban hospedaje por eso tuvimos que dormir en las calles, y ahora lo hacen aquí, no sabemos por qué tanto odio en nuestra contra”, lamentó Esmeralda.
Los migrantes aseguraron que todos los días agentes de migración y de la policía los intimidan e incluso tienen sospechas que llegan haciéndose pasar por defensores de derechos humanos con la finalidad de convencerles para que se suban a buses, pues no les dan ninguna información.
“El domingo (28 de junio), vinieron en tres buses y sólo somos 27, cabemos en un solo bus, nos dijeron que los niños iban aparte, los hombres aparte y las mujeres aparte, nosotros sabemos que a los niños los violan en los albergues, ya tenemos esa experiencia, ya lo sabemos y todos lo saben, por eso, antes que me maten, yo no les entrego a mi hija”, dijo Esmeralda.
Los supuestos representantes de los derechos humanos les advirtieron que no viajaran a la frontera con Guatemala, porque ahí “hay órdenes de dispararles, por eso es mejor que se vayan con nosotros”.
La verdad detrás del amarillismo mediático
Desde febrero pasado, organizaciones defensoras de derechos humanos de la ciudad de Choluteca, informaban sobre la situación alarmante de más de 500 migrantes de origen africano, haitiano y cubano, varados en la zona sur de Honduras.
La alerta sanitaria por la Covid-19 conllevó al gobierno hondureño a imponer un aislamiento social que ha implicado la suspensión de labores en la mayoría de las instituciones o empresas públicas y privadas, razón por la cual el proceso administrativo para la obtención de un salvoconducto, que permita la salida del país de los migrantes, ha sido imposible.
Los migrantes haitianos, que se encuentran en la comunidad de El Chagüite, denunciaron que las autoridades de Honduras únicamente reaccionan cuando ellos se convierten en noticia por sus caravanas para salir del país, los buscan por la presión de los medios de comunicación y luego los dejan al asecho de la policía.
“Tenemos vídeos de cómo nos trata la policía, hay pruebas de nuestros hijos violados y evidencia de que en casi cinco meses han hecho de todo para impedir nuestra salida de Honduras, ya no tenemos dinero ni dignidad porque nos han tratado peor que la basura, nos mienten, nos engañan, nos abusan y no, nos respetan”, describió Esmeralda.
Una comunidad dispuesta a protegerlos hasta el final
Los vecinos de la aldea El Chagüite han denunciado que los migrantes han sido víctimas de hostigamiento por parte de la Policía Nacional, Ejército y Fuerzas Especiales, quienes se movilizan desde Tegucigalpa para realizar estas acciones represivas.
Una de las habitantes de la aldea, de quien reservamos su identidad por temor a represalias, denunció que el pasado sábado (27 de junio) los entes armados llegaron a la zona con el afán de amenazar a las familias que realizan una labor de protección hacia las vidas de los y las migrantes.
“Un policía sacó su pistola y amenazó con dispararnos, nos sentimos impotentes, en ese momento, venían con la intención de desalojarlos de sus champitas y llevarse a las niñas. No dejamos y no dejaremos que lo hagan”, manifestó la habitante de la aldea.
Otra vecina, se acercó para denunciar que ese mismo sábado llegaron representación de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Dirección Nacional de Niñez y Adolescencia (DINAF), sin embargo, sus funciones no se vieron reflejadas en la ayuda que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de origen haitiano.
Mientras que, en horas de la madrugada de este miércoles (uno de julio), policías vinieron a filmarlos con sus celulares y amenazaron a los habitantes de la comunidad con encarcelarlos por apoyar a quienes despectivamente llaman “delincuentes” y que reciben dinero por darles refugio.
“La aldea se asusta porque vinieron en convoy (camiones policiales), como para capturar narcotraficantes”, ejemplarizó la vecina de la comunidad.
Menores de edad, quienes sobreviven a la batalla junto a sus familias que demandan un trato digno, son el objetivo para intimidarlos, denunció la vecina. Sin embargo, aclaró que no lo permitirán
“¿Por qué este gobierno no busca ayudarles?, se preguntó al tiempo que insistió que no permitirán que los migrantes sean despojados de sus hijos menores. “Nos van a tener que matar a todos si esa policía viene. Aquí vamos a seguir apoyándoles”, expresó, al tiempo que detalló que los migrantes necesitan pañales, artículos de aseo personal, comida y un techo digno donde dormir
“No es posible que nos hagan eso, son seres humanos, el derecho de migrar todos lo tenemos”, dijo la vecina de la comunidad de El Chagüite, San Antonio de Oriente.
Los pobladores claman a las autoridades de Honduras la emisión de un salvoconducto que les permita a los migrantes seguir la ruta que desean, pero que no les vayan a hacer una trampa. Añaden que, de ser necesario, se irán junto con ellos para evitar que sean víctimas de malos tratos en el trayecto.
Para el mes de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de la recién creada Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia de laCOVID-19 (SACROI COVID-19), instó a los Estados a que observen con rigurosidad la protección especial de las poblaciones forzadas a desplazarse de contextos de violencia, persecución y grave amenaza a sus vidas.
