Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Alarmados por la falta de transparencia en el manejo de los fondos asignados al gobierno de la república para el manejo de la pandemia del COVID-19, los cuales ascienden a unos 80 mil millones de lempiras, organizaciones de derechos humanos (DDHH), se manifestaron frente al Ministerio Público.
Denunciaron que “las contrataciones de bienes y servicios de emergencia evidencian fuertes irregularidades de malos manejos, denunciados por instancias como el Consejo Nacional Anticorrupción, (CNA), el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), sectores de la empresa privada y plataformas de sociedad civil organizada”, comunicaron, las y los defensores el lunes 20 de abril frente al Ministerio Público (MP).
El defensor de derechos humanos, Carlos del Cid, sostuvo que la denuncia es sobre los manejos irregulares de los recursos a través de contrataciones, compra de servicios, o insumos a empresas, algunas de ellas fantasmas o de maletín, cuyos dueños son hasta incluso familiares de funcionarios públicos.
Además, recalcó, la falta de entrega de insumos a todo el personal médico del país, “siguen habiendo muertes, como la de la enfermera que falleció en la zona norte, los médicos son los que están exponiendo la vida en primer línea y lo hacen para defender la vida de nosotros, no es justo que aún no se le hayan entregado el equipo de bioseguridad necesario”.
Reclaman comida y reciben represión
Según el Observatorio de la Protesta del Comité por la Libre Expresión (C-libre), en lo que va del toque de queda para evitar la propagación del COVID-19, se han realizado más de 1113 protestas en el país, en su mayoría exigiendo el derecho a la alimentación.
“Exigimos que pare el uso de la violencia, por parte de la policía y del ejército contra la población que se manifiesta en la calle exigiendo comida y salud, el hecho de que les golpeen con un tolete, disparen con bombas lacrimógenas, balas de goma y hasta a bala viva, no puede seguir pasando, más bien los mismos militares deberían llegar a esa población con alimentos para que la gente desaloje y no con balas”, anunció el defensor Carlos.
Explicó que es importante que todas las y los defensores cuenten con un salvo conducto, ya que son ellos los que andan haciendo veeduría social y que no otorgarla sería una clara violación al derecho a defender los derechos de la población que en estos momentos se ven fuertemente agredidos por la policía y el ejército.
Urgente implementar estrategias efectivas
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Honduras (CONADEH), comunicó que es urgente implementar estrategias efectivas para combatir COVID-19 y hambre en Honduras, por lo tanto es importante que la ciudadanía participe en el diseño de estrategias efectivas para salvar vidas, “no solo por el COVID-19, sino también por el hambre, que afecta aún más a las personas que viven en condiciones de pobreza”, dijo el comisionado, Roberto Herrera Cáceres.
Así mismo, destacó, que se deben reforzar las medidas que garanticen a todas las personas que viven en situación de pobreza, acceso a la atención médica, alimentos, agua, alivio económico y otras necesidades básicas, para responder oportunamente y diligentemente a la demanda de la población que está siendo amenazada también con el dengue grave, y el hambre.
El mayor presupuesto de Centro América
Según la Iniciativa Ciudadana, en un comunicado público expuso que el problema de corrupción que enfrenta Honduras, en el marco de la emergencia por la pandemia del COVID 19; es que el gobierno comenzó aprobando varios presupuestos para enfrentar esta pandemia por un monto de 900, noventa millones de dólares, es decir más de 22 mil millones de lempiras, considerado el mayor presupuesto asignado de toda la región de Centroamérica.
Por lo tanto, explicaron que “diferentes actos de corrupción perpetuados por el gobierno, en la compra de equipo de bioseguridad, no fue entregado al personal de salud, como consecuencia el fallecimiento de varias personas del sector salud”.
Además señalaron que las compras irregulares con sobrevaloración, son de los funcionarios que forman parte de las empresas que son proveedoras en esta emergencia, activistas y familiares de funcionarios vendiendo equipo de protección de bioseguridad.
Así como un hospital privado que adquirió equipo técnico con fondos públicos, la compra de ventiladores de respiración los cuales serán entregados el año 2021, ante estos y muchos actos de corrupción es que como ciudadanos se han organizado para darle seguimiento y acompañamiento a todas las denuncias de corrupción.
Finalizaron, demandando al gobierno la inmediata separación de todo aquel funcionario señalado e involucrado con actos de corrupción de esta emergencia, y hacen un llamado a la población Hondureña para que denuncie todos los actos de corrupción y una mayor apertura en los procesos, para lo cual se exige que se incluya al CNA y al FOSDEH, como veedores sociales.
