Por: Cristina Alvarado
En un acto de fe, el día de hoy la Iglesia Católica hizo un llamado a su feligresía para que salieran a las terrazas, ventanas y patios, con un pañuelo en la mano, a saludar el paso de la Virgen de Suyapa y el Santísimo, vía helicóptero, bendiciendo esta Honduras sumida en la incertidumbre y miedo ante la pandemia del Covid19.
La Constitución de la República señala que somos un “estado laico”, entendido esto como el reconocimiento de la pluralidad para vivir la fe, a través de distintas manifestaciones religiosas cristianas, budistas, musulmanas, gnósticas, ateas, etc. Es así entonces que, en los próximos días veremos la posibilidad de que se rece, ore, medite, relaje, se retomen rituales ancestrales de nuestros pueblos originarios, como un medio de expresar la fe y pedir protección.
Me preguntarán entonces, ¿qué hay de malo en ello? Por un lado, la utilización de recursos públicos para dicha acción, (helicóptero, gasolina, recurso humano, entre otros) recursos que pueden ser utilizados para atender las demandas y necesidades de un pueblo empobrecido, esta emergencia ha puesto en evidencia la enorme vulnerabilidad en que viven o sobreviven, con empleos informales, ausencia de políticas públicas y de un estado benefactor, que los perpetúan en la pobreza y miseria, prueba de ello, son las diversas manifestaciones callejeras a pesar del mandato de #Quédateencasa.
La respuesta estatal a estas demandas, han sido la represión y posteriormente el asistencialismo a través de bolsas de alimentos, que los políticos han aprovechado para hacer campaña, con recursos públicos, en todo caso debe llevar el nombre de las personas que aportamos con nuestros impuestos a estos fondos públicos, que no sabemos si hacen uso trasparente de los mismos y por lo cual exigimos una rendición de cuentas expedita.
Por el otro, hay dos líneas al frente que no se atienden con los recursos necesarios y que conlleve a la protección en primer lugar, del personal de salud que está atendiendo en los hospitales, centros de salud y que se desplazan a nivel comunitario para sensibilizar y concientizar a la población de las medidas de prevención impuestas. Esto evidencia, el total abandono de la Secretaría de Salud de los programas comunitarios de salud que existían en el pasado, uno de ellos las Voluntarias y Voluntarios de Salud, que hoy deberían estar facilitando información y trabajo preventivo en sus comunidades. Lamentablemente, el modelo de centralización de poder promovido por el Poder Ejecutivo, permea la institucionalidad pública y hoy vemos sus desaciertos al atender esta pandemia.
Esta semana, fuimos testigos a través de las redes sociales, de una flagrante violación de derechos a la vida, a la salud, cuando una joven parió su hijo, en plena calle, sin ninguna condición de salubridad, situación que lamentamos, poniendo en riesgo la salud de ambos.
La otra línea de frente y que no fue considerada en ningún momento al implementar el #Quédateencasa, fue la atención de las violencias contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Desde el inicio del estado de excepción, el sistema de emergencia nacional 911, se vio colapsado en su capacidad de dar respuesta a las demandas de auxilio de la población en pánico ante las noticias de la pandemia y de las mujeres en particular, pidiendo auxilio por las violencias sufridas en sus hogares, ante la cual aún están a la espera de una respuesta.
Y se desbordó la violencia machista, que según nuestros registros de dos medios de comunicación ya cobró 17 víctimas de muerte violenta y femicidios en el mes de marzo, sumando en el 2020 más de 72 casos. Desde el Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Mujer, se aprestaron a establecer turnos en el Centro Integrado del CORE 7, para no dejar en la total indefensión a las mujeres. Según entrevista a un medio digital, “durante el paro sanitario- que se inició el 10 de marzo pasado- reportaron que les llegaron más casos de violencia doméstica” https://m.ultimahora.com/fiscalia-registra-80-casos-violencia-familiar-dia-cuarentena-n2876625.html
Señalan que un promedio de 80 denuncias diarias ha recibido a partir del 10 de marzo, asumimos que en el Distrito Central; lo que suma en estos 15 días a la fecha de hoy 1,200 denuncias (se registran 110 casos infectados de Covid19), desconocemos la magnitud a nivel nacional y los demás casos que no acuden a la institucionalidad a denunciarla. Es notoria la labor que vienen desempeñando, por lo que deben establecerse las medidas de bioseguridad para que realicen sus labores con las condiciones requeridas.
La DPI se ha sumado a la tarea de detener infraganti los casos de violencia, emitieron un comunicado señalando las medidas, los castigos establecidos y las detenciones realizadas.
Enhorabuena por sus acciones y actuaciones, mismas que debían ser incorporadas en el plan de acción ante la emergencia, situación que señalamos desde un inicio, la carencia del enfoque de género y de derechos humanos al momento de establecer la medida de #Quédateencasa.
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem de Pará (MESECVI), advirtió “que muchas de las medidas que se están tomando para mitigar las consecuencias del Covid19 pueden tener un efecto desproporcionado en mujeres y niñas, y que en algunos casos, puede exacerbar la violencia en su contra…En este sentido, el aislamiento forzoso que conllevan las cuarentenas enfrenta a las mujeres a un riesgo muy alto de que se extreme la violencia en su contra al convivir tiempo completo con sus victimarios” https://www.cronicajalisco.com/notas-inmujeres_y_covid19-98332-2020
El día de hoy, anunciaron que esta medida se prolonga por dos semanas más hasta el 12 de abril, por lo que el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla demanda:
1.- Que las instituciones dedicadas a prevenir, atender y sancionar las violencias contra las mujeres refuercen sus medidas de información y actuación en el marco de sus competencias para mitigar la violencia machista.
2.- Reactivar la línea 114, que históricamente era la responsable de atender las llamadas de emergencia de las mujeres pidiendo auxilio por las violencias vividas en su casa.
3.- Que los Ciudad Mujer existentes en el país, se conviertan en albergues para atender a las mujeres y niñas que requieran aislamiento por el Covid19.
4.- Que se fortalezcan los albergues y refugios para las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias, asumiendo el estado la responsabilidad en el sostenimiento logístico y de recurso humano ante la emergencia, estableciendo las medidas que consideren oportunas para su funcionamiento.
5.- Promover campañas de publicidad para dar a conocer en todos los medios posibles, los lugares a donde las mujeres pueden acudir a denunciar la violencia que sufren.
6.- Continuar con la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas y otras drogas a nivel nacional, que a través de las OMM-INAM, se han venido promoviendo en varios municipios, ya que éstas son detonantes y agudizan la violencia machista en contra de las mujeres.
