Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). – En los dos últimos años, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), contabilizó 237 agresiones contra la prensa hondureña, lo cual suman más de 1,800 alertas registradas desde 2003 al 2019.
Alertas que contemplan violencia, censura, ataques legales contra la libertad de expresión, obstrucción al libre acceso a la información, protesta social, ataques cibernéticos y otras tipologías de agresión, son las categorías que el Manual de Alertas de C-Libre revela cómo la prensa se ha visto afectada.
Jairo López , periodista detenido por la Policía Nacional durante la cobertura de una manifestación en Choluteca.
El Informe de Libertad de Expresión (ILE 2018-2019), evidencia que las agresiones perpetradas son encabezadas por la Policía Nacional (PN) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), como agresores principales en 2018 ocupando el 36% y 20% de incidencia en las alertas.
No obstante, el 2019 indicó que la PN encabezó nuevamente la lista de agresores, ocupando el 43% de responsabilidad, sumándose a la lista de involucrados personas desconocidas y funcionarios públicos con un 23% y 11% de responsabilidad por estas violaciones a los derechos humanos y libertad de expresión.
Violencia e impunidad ante la prensa
Al respecto se pronunció el Relator Especial sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, aseverando que “la violencia contra periodistas; tanto amenazas, hostigamientos como asesinatos, lamentablemente siguen siendo un problema grave en Honduras”.
Durante la conferencia magistral “Honduras y la libertad de expresión” (27 de febrero de 2020), Lanza aprovechó la oportunidad para presionar al Estado a que investiguen los asesinatos, ya que las cifras de periodistas asesinados convierten a Honduras en un país de alto riesgo para los que ejercen esta profesión.
De igual manera, Lanza exigió que se eliminen los delitos contra el honor, advirtiendo sobre la pronta entrada en vigencia del nuevo Código Penal en mayo del presente año. Afirmó que resolver estos conflictos por la vía penal, es actuar en contra de los estándares interamericanos, por lo que manifestó que es un momento crucial para que el Estado actúe.
“La cuestión de la impunidad es un crimen, y por otro lado en el marco jurídico que tiene que ver con la aplicación de normas penales para resolver conflictos dentro de libertad de expresión, de acuerdo a los estándares interamericanos el Estado se ve obligado a la despenalización de estos delitos y hoy estamos en un momento crucial”, explicó el referente de libertad de expresión de la CIDH, en su último año ocupando dicho cargo.
Asesinatos son el resultado de la investigación
Ejercer el periodismo en un contexto de altos índices de impunidad y violencia es un desafío para los periodistas, ya que se exponen a ser agredidos, censurados, enjuiciados, amenazados y asesinados, en el peor de los casos.
De acuerdo al Instituto Internacional de Prensa (IPI; International Press Institute, por sus siglas en inglés), Honduras es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser periodista, convirtiéndose en el segundo país más letal para un reportero, y más peligroso que algunas zonas de guerra. Según el IPI, estos asesinatos son el resultado de la investigación y cobertura en temas de narcotráfico, autoritarismo, debilidad institucional y corrupción endémica.
En 2019, la vida de siete periodistas hondureños fue arrebatada violentamente. Desde el 2001 hasta la fecha, se contabilizan 82 asesinatos a comunicadores y periodistas. De estos, sólo siete casos han sido resueltos, permaneciendo el 92% en impunidad, según las cifras de C-Libre.
Censura y persecución
Desde el 2015, el periodista Jairo López testifica que ha vivido una serie de persecuciones por denunciar y evidenciar casos de corrupción en Honduras. Situación que ha perjudicado la vida del comunicador, quien públicamente se hizo escuchar con fuerte voz frente al relator especial por la Libertad de Expresión, en su más reciente visita en Honduras.
Jairo denunció el proceso de detenciones policiales, hostigamiento por motocicletas y vehículos sin placa, querellas interpuestas hacia su persona, censura mediática y múltiples amenazas, por lo que el periodista acudió al Mecanismo de Protección.
“Tengo medidas de seguridad desde el 2017, anduve tres años con la policía y yo dije que ya no quería porque no hay respeto hacía a uno. Ellos bien saben el riesgo que yo tengo en Choluteca. Tengo un riesgo de 61% en Choluteca y 37% en Tegucigalpa, pero con todo esto mi riesgo se incrementa y si me pasa algo yo responsabilizo al gobierno”, argumentó el comunicador con preocupación.
Su cobertura en manifestaciones, denuncias públicas, fuerte crítica al gobierno e investigación en corrupción, han sido motivos del porqué, según el comunicador, es perseguido por el Estado y por eso ha sido querellado y amenazado, ya que su trabajo periodístico ha documentado con pruebas ante el Ministerio Público irregularidades en instituciones públicas de altos funcionarios en Choluteca.
“Sí, hay un temor, yo en lo particular yo si tengo mucho miedo de que me vayan a meter preso o me vayan a matar. A ellos lo que les interesa es penalizar a los periodistas. Se molestan porque doy esta información y a ellos no les conviene tener a este tipo de periodistas y el problema en Choluteca no son las marchas sino todos los flagelos que he mencionado en mis denuncias”, relató.
Nuevo Código Penal
La aprobación del nuevo Código Penal en su artículo 570, expresa que “podría criminalizarse el hecho de hacer una reclamación a un funcionario por una cuestión de orden público”, lo cual podría considerarse como un delito de atentado, según como está escrito, advierte el abogado Mario Rojas, coordinador del Área Legal de C-Libre.
Así mismo, el abogado defensor del derecho a la libertad de expresión explicó que a pesar que el Congreso Nacional (CN), despenalizó dos artículos, aún se contemplan 20 delitos que violentan la libertad de prensa, opinión y participación, cuyos derechos están consagrados en Declaraciones y Tratados Internacionales de Derechos Humanos y Constituciones de las naciones en el plano interno, en el que la libertad de expresión tiene que ver con un aspecto fundamental del Estado de derecho.
La entrada en vigencia de dicho instrumento fue declarada por el Parlamento hondureño para el próximo 10 de mayo del 2020 con el Vacatio Legis, situación que ha preocupado a la ciudadanía y organismos internacionales, ya que reduce penas graves en materia de crimen y corrupción, atenta contra la libertad de expresión, criminaliza la protesta social y condena a quienes cuestionan el accionar del Estado.
