viernes, febrero 13, 2026
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El caso de Keyla Martínez sigue abierto: la justicia ordena repetir el juicio contra el policía imputado

Tegucigalpa, Honduras (ConexiHON) A casi cuatro años del asesinato de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, estudiante de enfermería de 26 años, la justicia hondureña ha decidido repetir el juicio contra el policía imputado, Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, tras el polémico fallo que había reducido la tipificación del delito de feminicidio agravado a homicidio imprudente, generando indignación nacional e internacional.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) celebró la decisión de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Según el Delegado Adjunto del CONADEH, Ricardo López, “recibimos con mucha satisfacción la decisión de la Sala de lo Penal, ya que permitirá esclarecer nuevamente los hechos que rodearon la muerte de Keyla Martínez”. López enfatizó que la institución dará seguimiento continuo a este caso, así como a otros, para evitar la impunidad y garantizar que se sancione a los responsables.

El 14 de septiembre de 2023, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque dictó un fallo condenatorio por homicidio imprudente contra Perdomo Sarmiento, acusado por la muerte de Keyla ocurrida el 7 de febrero de 2021 mientras permanecía bajo custodia policial en la Unidad Departamental de Policía de La Esperanza, Intibucá. Este fallo fue cuestionado por su minimización de la gravedad del delito y porque ignoró evidencia y testimonios que indicaban una conducta dolosa por parte del policía.

La Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios (CISMVMF), de la cual forma parte el CONADEH, había instado al Poder Judicial a actuar conforme a la ley y a los protocolos internacionales ratificados por Honduras, y recomendó implementar procesos de formación continua para juezas y jueces en perspectiva de género y manejo del tipo penal de feminicidio. Según la Comisión, Sarmiento, aprovechando su posición de autoridad, incumplió su deber de “Servir y Proteger” y se convirtió en responsable de la muerte de Keyla Martínez.

Desde la noche del 6 de febrero de 2021, Keyla fue detenida junto al médico Edgar Velásquez Orellana por supuestamente violar el toque de queda, y trasladada a la estación policial número 10 de La Esperanza. La madrugada del 7 de febrero, fue encontrada muerta en su celda. Mientras las autoridades inicialmente hablaron de un supuesto suicidio, la autopsia confirmó asfixia mecánica, indicando un homicidio.

Infografía: ConexiHON

La familia exige justicia

La madre de Keyla, Norma Rodríguez, quien reside en España, ha declarado que la repetición del juicio es un paso importante pero que aún no garantiza justicia: “Nuestra esperanza está puesta en que este nuevo juicio permita esclarecer todo lo que ocurrió esa noche. No descansaremos hasta que se reconozca la responsabilidad real y se haga justicia por Keyla”.
Por su parte, la hermana de Keyla, Nancy Martínez, expresó: “No podemos permitir que la muerte de mi hermana quede impune. Queremos que se sepa la verdad y que nadie más sufra por la negligencia y violencia de quienes debían proteger a nuestra familia”.

El caso ha estado marcado por amenazas y hostigamiento a la familia, así como irregularidades en la investigación y el proceso judicial, que incluyeron la reducción del delito por parte de jueces y la exclusión de otros policías de la acusación. La familia de Keyla mantiene la esperanza de que este nuevo juicio permita esclarecer la responsabilidad de Perdomo Sarmiento y establecer precedentes en la lucha contra la impunidad en crímenes de violencia de género cometidos por agentes estatales.

Mientras tanto, la sociedad hondureña sigue de cerca el caso, en un país donde solo en 2023 se registraron 341 muertes violentas de mujeres, reflejando la gravedad de la violencia de género y la necesidad urgente de mecanismos efectivos de justicia y protección.

La nueva audiencia será clave para determinar si finalmente se hará justicia en este caso emblemático, que ha expuesto las deficiencias del sistema judicial y la vulnerabilidad de las víctimas bajo custodia policial en Honduras.

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