Tegucigalpa, Honduras (CONEXIHON). – La falta de consensos para reunir los 86 votos necesarios en el Congreso Nacional para elegir el nuevo fiscal general y fiscal general adjunto se trasladó a las calles en Tegucigalpa, donde decenas de partidarios del gobernante Libertad y Refundación (LIBRE) se apostaron frente al Centro Cívico y se movilizaron hacia los bajos del Poder Legislativo en el preámbulo de la elección, una acción que refuerza las muestras del pulso político frente a los partidos aglutinados en el Bloque de Oposición Ciudadana .
El fiscal general, Óscar Chinchilla debe cesar en su cargo el próximo 1 de septiembre, cerrando así casi una década de acciones judiciales contra personas defensoras de derechos humanos, el ambiente, periodistas y comunicadores sociales críticos.
Honduras es considerado un país hostil para las y los defensores y uno de los de mayor tasa de impunidad, la violación sistemática y la criminalización contra quienes defienden el ambiente, la tierra, el territorio y la vida.
De 2012 a 2021, el país registró el asesinato de 114 activistas lo que lo convierte en el cuarto con tasas más altas de asesinatos a defensores de la tierra y el agua en la región.
Es la elección de segundo grado de Óscar Chinchilla como fiscal general del Ministerio Público en 2013 y su ilegal reelección en 2018, la que marca un período de persecución contra las y los luchadores sociales.
Por lo que el Congreso Nacional deberá considerar dentro de los cinco candidatos mejor puntuados al menos tres elementos, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, el primero de ellos es que la elección esté basada en criterios de idoneidad, capacidad, mérito e integridad, tal como lo establece la ley, el segundo lugar, es que los diputados con procesos penales pendientes no voten, para evitar conflictos de intereses, de conformidad con el prescrito por la Ley Orgánica del Poder Legislativo y finalmente que el voto se realice de manera pública, nominal y razonada.
Por su parte, el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras se mantienen firme en su posición en cuanto al apoyo de la nominación de Marcio Cabañas Cadillo como Fiscal General; y a Jenny Almendares Flores, la única mujer dentro de los cinco menores es quien obtuvo la nota más alta en la evaluación de la Junta Proponente, con 95.55%, no obstante se menciona tener tendencia de izquierda, por ser hija del exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Juan Almendares Bonilla.
Por su parte, el asistente en ese entonces fiscal, Leónidas Rosa Bautista, es señalado por haber cerrado un controversial caso de tráfico gris. Marcio Cabañas Cadillo también forma parte de la fórmula que ha propuesto el oficialismo de Libre,
A la propuesta de Libre, se le suma, Johel Antonio Zelaya Álvarez, quien enfrenta la controversia haber sido electo como regidor municipal número cuatro, por el Partido Liberal en Reitoca, Francisco Morazán, lo que podría haberlo inhabilitado para seguir en el proceso, pero trascendió poco después de haber finalizado las audiencias públicas por la Junta Proponente. Además, fue denunciado semanas atrás por un profesional del derecho ante el Ministerio Público, por supuestos delitos de falsificación ideológica, uso de documentos falsos y perjurio.
Los diputados están llamados nuevamente este miércoles a las 2:00 p.m., en un intento para llegar a consensos, sin embargo, no hay un día fatídico, el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo contempla este escenario y manda a las autoridades a mantenerse en sus cargos hasta nueva orden, en el caso de una renuncia por parte del Fiscal General, el Adjunto lo sustituye y, así sucesivamente en una cadena jerárquica que abarca desde la fiscalía general hasta la dirección de fiscales.
Para la diputada por Partido Liberal, Maribel Espinoza Turcios, ante la posibilidad de nombrar una salida alterna fuera del Congreso Nacional, sostiene que “las juntas interventoras son una invención de Juan Orlando Hernández, la misma Ley Orgánica del Congreso nos da la salida, no podemos usar esos recursos abominables”.
“Lo que pasa en el Congreso Nacional es normal, es una lucha de poder que se manifiesta en acciones para beneficiar grupos de poder, no buscan un fiscal que favorezca a libre, liberales o nacionalistas, buscan a alguien que beneficie a los corruptos agazapados en grupos fácticos”, sostiene la diputada Espinoza.
Por su parte el abogado Saul Bueso, del Comité por la Libre Expresión afirma que la situación debe ser extrema para abrir la posibilidad de una junta interventora y la última opción en ser analizada es del conocimiento popular que esto se trata de una lucha, por su parte libre la pelea bajo presión en las calles como consecuencia de su falta de control en el poder Legislativo que mantiene a raya su plan de gobierno.
Sin haber tomado posesión, el Partido Libertad y Refundación (Libre) perdió la gobernanza del Congreso Nacional en 2022, desde entonces la historia se repite tomando como bandera de lucha cualquier excusa, desde el nombramiento de la Junta Directiva hasta la elección del fiscal todo lo aprobado o no en el Congreso se hace en medio de acusaciones, caos gritos y amenazas de perdida de institucionalidad, algo que estaba previsto luego que ningún partido obtuviera mayoría simple para aprobar, derogar o modificar ninguna ley de manera unilateral.
Esta división ha tenido mejores resultados según expresa el abogado Joaquín Mejía, quien atribuye a esta distribución de poderes el tener un mejor pleno de magistrados que el anterior: “No es la Corte ideal, pero sí es una mucho mejor Corte que la que hemos tenido, que se consiguió luego de consensos” Mejía.
Algo que comparte el abogado Bueso para quien la crisis es más política que legal y, se acabará tan rápido como las anteriores con una salida política.
No se puede saber con exactitud la cantidad de ciudadanos que participaron el 29 de agosto en la marcha convocada por la presidenta Xiomara Castro para presionar a favor de la elección de los nuevos fiscales general y adjunto, pero según estimaciones del propio alcalde de la capital ,Jorge Aldana, podrían ser 75 mil las personas que recorrieron las calles de Tegucigalpa y los que fueron convocaron a los bajos del Congreso Nacional hasta que sean electas las nuevas autoridades del Ministerio Público.
La movilización convocada por la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, para exigir la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público para refundar al país con justicia social, fue “Una contrapropuesta a la marcha que hizo el Bloque de Oposición Ciudadana”, considera por su parte, Javier Acevedo, Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).
Acevedo cree que, si bien manifestarse y salir a las calles “es parte del ejercicio del derecho a expresarse”, también señalar que el Partido Libre está en igual de condiciones para participar en las próximas elecciones al demostrar que tiene capacidad de convocatoria, es un hecho que “el pueblo no le pasa factura” por las acciones que hace como gobierno.
En Tegucigalpa, decenas de hondureños se movilizaron desde tempranas horas del día en una serie de unidades de transporte con hombres y mujeres provenientes del interior del país y colonias capitalinas. Coincidiendo con las descripciones de periodistas radiales, las imágenes que transmitían las televisoras nacionales mostraban que la ciudadanía que atendió la marcha portaba camisas negras, rojas y por supuesto portaban la bandera del partido político en el poder mientras.
Para la presente marcha, el oficialismo ha hizo un llamado a toda su militancia a nivel nacional para unirse y mostrar su apoyo a la presidenta en su lucha por la refundación del país. Durante el sábado, líderes clave de Libre, incluido el alcalde Jorge Aldana y diputados, se reunieron en Casa Presidencial para organizar y coordinar la marcha. Así mismo diversos movimientos juveniles afiliados a Libre fueron los encargados de preparar pancartas con mensajes como “Ni golpes de Estado, ni golpes a las mujeres, somos resistencia”, “Xiomara no está sola”, “Poder Popular” y otros lemas característicos del partido.
Seis grandes retos de la Fiscalía
- Mejorar la investigación de casos de criminalidad compleja, corrupción y narcotráfico.
- Reducir los índices de impunidad en casos de periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos y los denominados delitos de alto impacto para la sociedad hondureña.
- Incrementar las capacidades en las estrategias de persecución penal de los delitos cometidos contra mujeres, especialmente sobre temas de violencia doméstica, feminicidio y violencia sexual.
- Profundizar la política de priorización de recursos, considerando que los recursos de la Fiscalía y de la Policía son insuficientes para responder adecuadamente a todos los delitos.
- Descentralizar las acciones de persecución de los delitos a las ciudades, donde suelen concentrarse la mayoría de las acciones.
- Mejorar la capacidad del cumplimiento de sentencias internacionales, establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no han sido debidamente ejecutadas.
- La Fiscalía hondureña tiene que adecuarse a la racionalidad y transparencia.
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