Tegucigalpa, Honduras (Conexihon); El 2 de febrero de 2023, la fiscalía de Tocoa, bajo orden judicial realizó la exhumación de los cuerpos de los defensores de bienes comunes, Alí Domínguez y Jairo Bonilla, asesinados el 7 de enero en Guapinol, con el objetivo de recabar pruebas que aporten datos para aclarar sus asesinatos, una acción considerada tardía por los allegados de las víctimas que ven el proceso lento y con pocos resultados, razones por las que exigen un cambio de fiscalía para investigar el crimen.
“No hay confianza ni el Ministerio Público ni en la Policía de Tocoa, para realizar una investigación independiente en este caso. Ya han demostrado su parcialidad y son los responsables de utilizar pruebas ilegales para criminalizar a las personas defensoras en la zona, incluyendo a Alí, y desalojar violentamente el Campamento Agua y Vida en Guapinol” afirman representantes del movimiento Guapinol.
Sobre la solicitud de cambio de la fiscalía de Tocoa a la de delitos contra la vida, realizada por las familias de Domínguez y Bonilla el pasado 19 de enero, aun no reciben respuesta por parte del fiscal general Oscar Chinchilla.
Sobre los asesinatos organizaciones de sociedad civil se pronunciaron en conjunto de la siguiente manera:
“Desde los asesinatos hace casi un mes, las personas defensoras de Guapinol, Sector San Pedro y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa siguen en riesgo mientras la mina ilegal sigue trabajando sin ninguna consecuencia. Reiteramos nuestra exigencia al Estado hondureño de una investigación independiente, la cancelación inmediata de la concesión minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras y la protección integral de las y los defensores”.
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