Tegucigalpa, Francisco Morazán (Conexihon). – Entre el lunes cuatro y martes cinco de abril la Corte interamericana de Justicia celebró la audiencia del caso, Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros, versus Honduras, tema que es referido a la cuestionada responsabilidad internacional del Estado por la presunta falta de protección de las tierras ancestrales de las comunidades garífunas de San Juan y Tornabé.

En el juicio desarrollado en San José de Costa Rica, los representantes de las comunidades también demandaron que se responsabilice al Estado de Honduras por las presuntas amenazas contra varios miembros de la comunidad, incluidos sus líderes.

La demanda se basa en que en que pese a que la comunidad se localiza en territorios ancestrales, no cuenta con un título de propiedad que reconozca su totalidad, debido a que el Instituto Nacional Agrario (INA) y la municipalidad de Tela Atlántida, han titulado y regularizado tierras que se encuentran en manos de extranjeros y nacionales no garífunas.

La comunidad de San Juan, situada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Jenneth Kawas, reclama un total de 1770 hectáreas que de acuerdo con lo informado por diferentes representantes comunitarios, no cuentan con una demarcación técnica, pero sí con el conocimiento histórico que ha sido traspasado de una generación a otra.

Del otro lado, el INA, entidad que en junio del 2000 emitió un título de propiedad, con una diferencia de 1140 hectáreas en perjuicio de la comunidad garífuna de San Juan, titulándole únicamente 629.47, admite que en la regional de San Pedro Sula extraviaron el expediente iniciado a solicitud de los pobladores en 1997, lo que los obligó a realizar una nueva solicitud un año después.

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En su condición de testigo propuesto por la comunidad, Esmeralda Arzú, declaró que en la medición del territorio, el INA hizo de lado la participación que debía haber tenido la comunidad y que por esa razón no reconocen el mapa que presentó el Estado como medio de prueba.

La declaración de Arzú fue refutada por el abogado, Jacobo Calix, representante del Estado, cuestionando que por qué razón la comunidad no le reclamó en su momento al INA. Y la testigo le respondió que sí hicieron la denuncia para reclamar las 1,770 hectáreas, pero que los funcionarios del Estado no les hicieron caso.

La declaración de Esmeralda Arzú fue confirmada en el juicio por el también testigo de la comunidad, Wilfredo Guerrero Bermúdez, quien cuestionando posibles salidas planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que los garífunas no están en condiciones de aceptar tierras en otra región que no sea en la costa.

Guerrero dijo que por la defensa del territorio ha tenido conflictos con el estado y con los empresarios que históricamente han tratado de desplazarlos. Acusó, que testaferros de la familia Rosenthal le incendiaron su casa y que además ha sido perseguido y secuestrado, por lo que exigió la titulación de las 1770 hectáreas de tierra que le corresponden a la comunidad de San Juan.

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Entre tanto, los representantes del Estado presentaron como testigo, al ingeniero, Carlos Alberto Galeas Hernández, funcionario del departamento de catastro del INA, quien manifestó que no tomaron en cuenta la participación de la comunidad, porque la medición fue coordinada por la Procuraduría General de la Republica (PGR) y no por la entidad que él representa.

Sin embargo, declaró, que las coordenadas contenidas en el titulo por 629 hectáreas otorgado en el año 2000, se basan en las colindancias que supuestamente fueron aportadas por los garífunas.

El testigo por parte del estado manifestó que si en algún momento se llegaran a otorgar las 1770 hectáreas reclamadas por la comunidad, el territorio garífuna abarcaría a las comunidades de Tornabé, Miami y el casco histórico de Tela, lo que deja en claro, que tanto el Estado, como la municipalidad de Tela, han titulado y regularizado tierras en territorio garífuna.

No obstante, el abogado Jacobo Calix reitera que no se ha favorecido a personas, las cuales los representantes del Estado denominan como “terceros de buena fe”. El abogado Calix considera que el reclamo de las 1770 hectáreas es sólo una pretensión de la comunidad de San Juan. 

La sentencia de este caso podría ser dictada próximamente por la Corte Interamericana, sin embargo, el presidente de ese organismo internacional hizo alusión a la pretensión del Estado de Honduras de prolongar el proceso de cumplimiento de la sentencia mediante la proposición de la creación de mesas trabajo bajo la supervisión y acompañamiento de este organismo, labor que debió haberse realizado previo a este juicio.

El presidente de la Corte IDH, también le manifestó a los representantes del Estado que éste no puede justificar con la Pandemia del Covid-19, el incumplimiento de los derechos humanos y que el Estado está defendiendo los intereses de terceros privilegiando el interés privado sobre el interés público.

Al concluir la audiencia pública se citó a las partes para que el próximo 6 de mayo acudan a la presentación de sus alegatos finales.