domingo, octubre 6, 2024
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Organizaciones presentan recurso legal demandando apego a estándares internacionales en caso Guapinol

El escrito de amicus curiae describe los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos aplicables a la detención preventiva, así como las garantías judiciales y derecho de defensa en el marco de un proceso penal. El amicus curiae sostiene que la prisión preventiva de los siete defensores socioambientales es arbitraria y carece de una motivación suficiente que justifique su aplicación.

Tegucigalpa, Honduras (conexihon.hn) – Organizaciones internacionales y nacionales presentaron un amicus curiae, ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras demandando el apego a estándares internacionales y justicia para los ocho defensores del río Guapinol que continúan en prisión bajo una detención arbitraria e ilegal.

El amicus curiae se presenta porque se han cometido contra ocho defensores de derechos humanos y del medio ambiente del río Guapinol, en Tocoa Colón. La presentación de este escrito busca revertir las injusticias que se han cometido al violar el debido proceso y hasta las recomendaciones del grupo contra detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas y en donde se pide se anulen esas medidas y que se puedan defender en libertad porque no han cometido delitos.

«Vemos en el país que se ajustan leyes para dejar en libertad a corruptos y a lavadores de dinero que es contradictorio; defensores en la cárcel y criminales están saliendo en libertad» señaló Guido Eguigure de la organización internacional Peace Watch Switzerland (PWS).

“Alrededor del caso Guapinol se nos presenta un porvenir oscuro, podemos anticipar un resultado negativo para los defensores del río y de la vida, negativo para la población y el medio ambiente del país, porque vemos que se dan violaciones sobre violaciones de los derechos humanos y procesales de estas personas injustamente acusadas y sometidos a una prisión arbitraria ya declarada no solo por instituciones y organizaciones a nivel nacional sino por las Naciones Unidas”. Expresó el abogado Carlo Jiménez, del área de acceso a Justicia de C-Libre y parte de la defensa de los defensores.

Como abogado Jiménez espera que “la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque no ha dado atención a los múltiples recursos presentados para reestablecer el uso y goce de sus derechos a estas personas, esperamos que tome en cuenta los argumentos y los planteamientos de este amicus curiae por parte de estas organizaciones de derechos humanos y que corrija y enmienda el actuar que se ha tenido y que representa una responsabilidad para el Estado de Honduras”.

Delitos y nuevo Código Penal

Todo el grupo fue acusado por cinco delitos incluido el de asociación ilícita -que la fiscalía no puedo sustentar- para Jiménez “el afán es criminalizar y sancionar a través del proceso penal”. Castigar la legitimidad de la lucha por la defensa de los territorios.

Los cargos que se mantienen son: privación ilegal de la libertad (con el nuevo código) y el de incendio agravado, aunque como representantes legales aseguran que ni con el código anterior cabía el delito de incendio agravado. Con la nueva entrada en vigencia de la nueva normativa penal queda establecido que el delito de incendio agravado no cabe, porque su bien jurídico protegido no consiste en objetos, por lo tanto, no cabe el delito y sin embargo a la fuerza lo quieren mantener.

En cuanto al delito de privación ilegal de la libertad se ve una reducción a la pena en el nuevo código, pero hasta este momento no ha significado ni siquiera una reflexión para los jueces que conocen la causa al momento de determinar la injusta e ilegal prisión preventiva en contra de los defensores.

el 26 de noviembre de 2020 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, estableció que la detención de los ocho defensores es arbitraria, e instó a las autoridades de Honduras a tomar medidas urgentes para garantizar su liberación inmediata ante el riesgo para su salud que supone permanecer detenidos en la actual crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, así como a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a su privación arbitraria de libertad.

Los defensores detenidos son:

Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo , Orbin Nahún Hernández, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz

 

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