Han pasado casi tres meses desde que 80 migrantes procedentes de Haití, Cuba y varios países africanos pisaron suelo hondureño, (Choluteca) con la ilusión de utilizar el territorio catracho como el puente que los llevaría rumbo a su destino final, Estados Unidos.
Sin embargo, el sueño se convirtió en pesadilla y es que tras vivir en condiciones precarias, dormir en las calles, soportar las inclemencias del tiempo, pasar hambre, además ser desalojados de las humildes viviendas que podían pagar para pasar una noche bajo techo, ahora las autoridades nacionales tomaron la determinación de privarlos de su libertad.
Tras viajar varias horas en un camión de carga soportando las fuertes lluvias, el miércoles por la noche los 80 migrantes entre ellos 42 mujeres, 57 hombres y ocho menores, tres de ellos nacidos en Honduras por fin llegaron a la capital con el objetivo de emprender el viaje a Guatemala y acercarse a su destino final.
No obstante, lejos de acercarse a la felicidad añorada, ahora estas personas deben enfrentar un sufrimiento mayor y es que tras ser detenidas por las autoridades hondureñas ven como su sueño se esfuma y la amenaza de ser retornados a sus países de origen es una realidad.
Los migrantes adultos fueron detenidos y sometidos a la prueba del Covid-19, entre tantos los menores quedaron en poder de la Dirección de la Niñez, adolescencia y Familia para ver en qué condiciones se encuentran.
Luego de una serie de discusiones las autoridades hondureñas determinaron que en el menor tiempo posible los 80 migrantes serán puestos en aviones y emprenderán el vuelo a casa acabando así con sus ilusiones de tener un mejor futuro.
Este día en conjunto con Guatemala el gobierno catracho emitió un comunicado en el que expresa que como medida de prevención para evitar la propagación y contagio del coronavirus es prohibido el ingreso de extranjeros a ambos países.
“Ante la referida pandemia, ambos gobiernos han instaurado medidas sanitarias decretando Estado de Calamidad o Emergencia Sanitaria en sus respectivos territorios con el propósito de continuar fortaleciendo las acciones de vigilancia, prevención y control”, reza el comunicado en una de sus partes.
“Entre estas medidas están relacionadas con la restricción de ingreso de extranjeros al país por cualquiera de las vías, aérea, marítimas o terrestres, exceptuándose la población extranjera residente en cada país”.
Desde su llegada al país lo migrantes lo único que pidieron a las autoridades nacional fue la extensión de salvoconductos que les permitieran transitar libremente por territorio nacional rumbo a su destino, esto como opción ante la imposibilidad de poder realizar el pago de casi 200 dólares por persona en concepto de multa según la ley de Migración y Extranjería, para poder abandonar el país.
En tal sentido los migrantes, para evitar dormir en las calles tuvieron que pagar cada noche el equivalente a tres dólares ($3.00) por persona, como una alternativa de refugio por mientras solventan su situación legal con Migración.
Lamentablemente de acuerdo al informe elaborado por la Junta Local de Choluteca, una plataforma integrada por organizaciones defensoras de derechos humanos, “en los últimos días, las autoridades policiales fueron a desalojarlos de estas viviendas privadas, con la amenaza que procesarían a los dueños de las mismas por el delito de tráfico de personas, por lo que se vieron obligados a dejar en la calle a los inmigrantes
Sin embargo, jamás encontraron respuesta positiva ya que las oficinas regionales de Migración permanecen cerradas en apego a las directrices del PCM021-2020 que ordena la suspensión de labores de empresas e instituciones públicas y privadas debido a la pandemia del Covid-19.
OACNUDH solicita suspender retornos forzados durante la epidemia del Covid-19
En el mes de abril de 2020 , las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Honduras, Guatemala, México y la Regional para América Central y República Dominicana (“las Oficinas”) expresan su preocupación por la extrema vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad humana en la región ante la pandemia por COVID-19.
De acuerdo a la OACNUDH, “algunas medidas adoptadas por los Gobiernos generan impactos desproporcionados en las personas en movilidad, exacerbando los desafíos pre-existentes en el ejercicio de sus derechos humanos”.
De igual manera la OACNUDH, detalla especial preocupación a la situación de las personas retornadas sin condiciones de voluntariedad, salubridad y dignidad.
“Se debería considerar la posibilidad de suspender temporalmente los retornos forzados a la región durante la pandemia; establecer mecanismos para la regularización de personas y garantizar su pleno acceso a las medidas de protección y atención oportuna en salud. Sin embargo, de continuar con los retornos, éstos sólo podrían llevarse a cabo si cumplen con el principio de no devolución y con la prohibición de las expulsiones colectivas, así como con las garantías del debido proceso”, precisa la OACNUDH.
En el caso particular de Honduras, según el comunicado, “Las personas en movilidad son particularmente vulnerables a actitudes y comportamientos que las estigmatizan y discriminan y éstas se ven fomentadas por las narrativas que les asocian con la propagación de la COVID-19. En Honduras, por manifestaciones de la población local en contra de la llegada de personas nacionales retornadas, un Centro de Atención al Migrante Retornado ha tenido que permanecer cerrado. Al respecto, las Oficinas resaltan la importancia de que las autoridades velen para que el discurso público y la respuesta a la pandemia no contribuyan a la estigmatización y la discriminación de las personas en movilidad”.
Finalmente, según la OACNUDH, en el contexto de la pandemia por COVID-19, es necesario garantizar a todas las personas en movilidad, independientemente de su estatus migratorio, el acceso a la salud, la alimentación, la información en un idioma de su comprensión, el derecho a solicitar asilo y a una evaluación individual de otras necesidades de protección. Así mismo, se debe garantizar acceso a servicios básicos en igualdad de condiciones, sin discriminación y con perspectiva de género y enfoque diferenciado.
M.L.
