Falso: “Al menos nueve alcaldías son auditadas por el ante numerosas denuncias sobre irregularidades que se han presentado por la emergencia de COVID-19”.
Personaje Calificado: José Juan Pineda, magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Calificación- FALSO: La afirmación ha demostrado ser falsa, al ser contrastada con las fuentes y datos más serios y confiables.
Tegucigalpa, Honduras. El Observador-COVID-19.- El día 15 de abril, José Juan Pineda, magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), aseguro que “al menos nueve alcaldías son auditadas por el ante numerosas denuncias sobre irregularidades que se han presentado por la emergencia de COVID-19”.
De acuerdo a la nota periodística publicada en el periódico digital Proceso.hn, “El magistrado señaló que desde hace tres semanas colgaron en la página web de la institución un plan de acción que involucra a las alcaldías de todo el país.
Detalló que en Olancho, se habrían ejecutado actos contrarios a la rendición de cuentas por parte de proveedores a esta alcaldía se le dio las correcciones e instrucciones al alcalde que la acción debe de hacerla la alcaldía y no el proveedor.
El funcionario enfatizó que el dinero destinado a responder a las necesidades de la urgencia epidemiológica debe ser manejado con transparencia. “Las transferencias a los gobiernos locales son única y exclusivamente para los efectos de salir al paso de la emergencia por el COVID- 19 en asuntos puntuales como son la compra de alimentos y la adquisición de medicamentos, señaló el funcionario”.
En la segunda quincena de marzo, la Secretaría de Finanzas comenzó a hacer efectivo el traslado de alrededor de 500 millones de lempiras a los gobiernos locales, con el objetivo de priorizar las tareas de combate a la pandemia.
Análisis
El 16 de marzo, el Pleno de Magistrados en uso de sus facultades suspende las labores diarias de trabajo a partir del lunes dieciséis (16) a las doce horas (12 m) en la sede central de Tegucigalpa y en las oficinas regionales.
A través de una circular el TSC, detalla que “Una vez superada la Emergencia Nacional Sanitaria y la Alerta Roja emitida, el TSC estará recibiendo toda documentación de las compras y contrataciones realizadas durante la emergencia y procederá a realizar la fiscalización correspondiente”.
Posteriormente el 24 de marzo, el TSC publica un comunicado referente a las transferencias a municipalidades y acciones de control concurrente en operaciones relacionadas con emergencia sanitaria Covid19.
El comunicado reza:
1) Con el propósito de colaborar a que las Municipalidades del país cuenten con los recursos para afrontar la Emergencia Sanitaria Nacional, para prevenir, contener y atender la propagación de casos positivos de COVID-19 en el territorio nacional, EL TSC CONCEDERÁ UNA PRÓRROGA DE HASTA DOS MESES A LAS ALCALDÍAS QUE NO HAN CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA. LA VIGENCIA DE DICHA PRÓRROGA COMENZARÁ A PARTIR DE LA SUSPENSIÓN DE LAS ALERTAS SANITARIAS.
2) Por tanto, el Gobierno de la República, a través de las Secretarías de Estado Correspondiente, podrá efectuar por esta única vez las transferencias a las Municipalidades que a la fecha no han presentado el respectivo informe de Rendición de Cuentas de la Liquidación Presupuestaria.
3) UNA VEZ SUPERADA LA ALERTA SANITARIA, el Tribunal Superior de Cuentas exigirá el cumplimiento de este requisito legal y la transparencia en el manejo de los recursos, velando que los mismos sean destinados para beneficio de la población.
Por su parte el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), institución que al igual que el TSC suspendió sus labores desde el 16 de marzo, notifico mediante comunicación oficial, que: “para no atrasar el proceso de desembolso de las transferencias a las municipalidades, se otorga a las Alcaldías Municipales un plazo de tres (3) meses a partir de la emisión del acuerdo respectivo de la publicación de la constancia en su Portal Único de Transparencia en el apartado Plan Estratégico; del Plan de Desarrollo Municipal, esto en razón de la emergencia nacional”.
Según el IAIP, La Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización solicita a las corporaciones municipales una constancia emitida por el IAIP para garantizar la transparencia y rendición de cuentas mediante la publicación específica en el apartado Plan Estratégico; Plan de Desarrollo Municipal y/o, el Plan de Ordenamiento Municipal o Plan de Desarrollo Municipal.
Bajo este contexto, el gobierno de Honduras delego la veeduría en el manejo de los recursos para hacerle frente a la crisis del Covid-19 al Foro Nacional de Convergencia (FONAC), una instancia de la sociedad civil para la verificación y seguimiento independiente del cumplimiento de la Visión de País y el Plan de Nación
El pasado jueves 9 de abril, en un manifiesto público, emitido por más de 20 organizaciones sociales en Honduras, se detalla el repudio hacia el FONAC en asuntos de auditoría. Aseguran que «no representa a la sociedad civil». Además lo señalan de «barnizar el rostro de la corrupción y criminalidad del actual gobierno». Este no es el único señalamiento hacia el ente veedor de miles de millones de lempiras del Estado. Esta pandemia no estaba en la conciencia de la población, hasta hace unos meses.
Fuentes
