jueves, diciembre 12, 2024
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Estado hondureño incumple con sus obligaciones de protección: Defensores

Tegucigalpa, Honduras.- (Conexihon).- Una situación de extremo riesgo a causa de la permanente criminalización, deslegitimación e incumplimiento de las medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es el escenario violento que viven en Honduras las y los defensores de derechos humanos.

El Relator Especial de las y los defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst, durante su visita a nuestro país en mayo de 2018, afirmó que estas personas no pueden trabajar en un entorno seguro y constantemente son objeto de amenazas, hostigamiento, intimidación, golpizas, criminalización y estigmatización en campañas mediáticas de desprestigio.

El Estado no debe criminalizar defensores

“El Estado no puede criminalizar siendo sus obligaciones prevenir, respetar, proteger, investigar y garantizar a la ciudadanía por lo que es importante investigar a profundidad los casos de violaciones y es el Estado quien tiene que cumplir. Lo internacional tiene límites y estos límites pueden ser conquistados a través de la presión y denuncia”, manifestó Marcia Aguiluz, experta en derechos humanos y exdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 Honduras se encuentra responsable internacionalmente por violación de derechos humanos.

Expertos jurídicos nacionales e internacionales, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y defensores de los Derechos Humanos se unieron en la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la CIDH, para señalar sus avances y demoras sobre la capacidad y voluntad estatal de garantizar el efectivo cumplimiento de las mismas.

“Lo que hay que tener claro es que siempre el responsable es el Estado porque el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar, hacer que otros y otras cumplan con la ley y no violenten contra los derechos humanos de las personas”, afirmó el experto en Derechos Humanos e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de Radio Progreso (ERIC-SJ) de Radio Progreso, Joaquín Mejía, quien integra el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH).

La CIDH constató, en Honduras, que las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio son quienes enfrentan mayores riesgos en el país por su oposición al extractivismo, proyectos turísticos, hidroeléctricos que afectan sus territorios y los recursos naturales.

El integrante de la Comisión de Comunicación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Felipe Gámez, explicó que es una lucha bastante fuerte en contra de los proyectos extractivos y lamentó la criminalización en contra de los siete defensores del río Guapinol que están privados de su libertad injustamente en la cárcel de Olanchito, Yoro.

Comunidades en riesgo

Además, el líder lenca destacó que en sus territorios todos los días se enfrentan a los ataques, enfrentamientos violentos por parte de policías y militares que defienden a las empresas extractivas que se imponen en los territorios campesinos y ancestrales.

“Desde la visión organizacional nos preocupa que lo mismo pasa en otros territorios donde compañeros y compañeras son criminalizados por luchar y defender un territorio que es netamente de nosotros”, aseguró Gámez.

Instituciones no brindan soluciones

“No ha habido ninguna respuesta por parte del Ministerio Público (MP), sabemos que en la comunidad de Río Blanco se han interpuesto más de cuarenta denuncias y también la Fiscalía de las Etnias no ha dado seguimiento a estas denuncias interpuestas porque incluso hay denuncias de portación ilegal de armas porque es una zona bastante conflictiva, destrucción de cultivos, amenazas a compañeros y compañeras que se mantienen trabajando la tierra y no ha habido ninguna respuesta de aquellos que dicen impartir justicia”, lamentó el representante del COPINH.

Pese a que el gobierno ha dado medidas cautelares a los defensores, estas no se cumplen, -indicaron- siendo una evidencia clara el crimen de la fundadora y coordinadora del COPINH, la ambientalista Berta Cáceres, hecho ocurrido en la madrugada del 02 de marzo del 2016.

 

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