Miami, Estados Unidos (Conexihon).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), expresó este jueves su preocupación por la penalización de los delitos contra el honor asimismo las penas con cárcel a quienes divulguen información oficial reservada, contenidas en el nuevo Código Penal, publicado el pasado mes de mayo.
A través de un comunicado, la SIP manifestó que la figura de la calumnia “solo reduce, pero no suprime la pena de cárcel”. El nuevo castigo pasa a ser de un mínimo de seis meses a un máximo de un año, de acuerdo con el artículo 230 del nuevo Código Penal.
Al respecto, la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, María Elena Domínguez, aseguró que «al mantener la criminalización de los delitos contra el honor, el nuevo Código Penal no diluye el efecto intimidatorio que puede afectar el ejercicio libre del periodismo».
Domínguez, criticó el papel del Poder Legislativo, cuyos diputados y diputadas no se plieguen a las tendencias para despenalizar los delitos contra el honor, en el continente americano.
La despenalización de los delitos contra el honor ha sido adoptada, entre otros, en Argentina, Bermudas, El Salvador, Grenada, Jamaica, México, Panamá, Uruguay y Chile en forma parcial.
Criminalización de la expresión facilita persecución
El pasado lunes 15 de julio, 24 organizaciones que integran la red Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión- América latina y el Caribe (IFEX ALC), manifestaron su alarma por el estado de la libertad de expresión en el país. En referencia no solo al Código Penal, sino a la represión que el gobierno del presidente ilegal, Juan Orlando Hernández, desató contra manifestantes que reclaman mejoras en sus derechos a la Salud y la Educación.
Para las organizaciones, el nuevo Código Penal establece la criminalización, pero además los tipos penales de injuria y calumnias indirectas, de acuerdo con el artículo 231 en su segundo párrafo.
“La criminalización de la expresión puede facilitar la persecución política de quienes usan espacios digitales para opinar sobre temas de interés público pues sus expresiones pueden ser consideradas ofensivas para el Estado”, expresaron las organizaciones.
De acuerdo con el pronunciamiento del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), emitido el pasado 24 de mayo, exigió la “derogación inmediata” de los artículos del nuevo Código Penal, que violenten derechos humanos, especialmente, los que violenten, restrinjan y criminalicen la libertad de prensa.
Este Código Penal, se encuentra en la etapa de Vacatio legis (Vacancia legal) y a partir del próximo 10 de noviembre, entraría en vigencia, reforzando las actuaciones del Poder Legislativo, controlado por el Partido Nacional, en contra de los derechos humanos.
