Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).– Después del golpe de Estado del 2009, el país está sumergido en una serie de anormalidades inconstitucionales y antidemocráticas sostienen organizaciones de derechos humanos en Honduras.
La espiral de decaimiento institucional se profundizó en 2012, con la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y continuó en 2015 con la aprobaron ilegal de la relección presidencial que culminó con la instalación de Juan Orlando Hernández en el poder, lo que es considerado por la oposición hondureña como el fraude electoral.
En el 2009, Juan Orlando Hernández lideraba la bancada del Partido Nacional y entre 2010-2014 fue presidente del Congreso Nacional, en el 2014-2017 presidente de Honduras y actualmente es el actual ilegitimo presidente del país, con un profundo deterioro democrático que intensificó la represión.
“El régimen se creó después del golpe de Estado entre el 2010 y el 2014 y se fue mejorando después del 2014 cuando JOH asumió como presidente, realmente hay una dictadura primero a nivel político con expresiones represivas y para eso tiene instituciones que responden a esas necesidades políticas del régimen como la Policía Militar y FUSINA que tienen controlado al público y que el presidente tiene facultades extraordinarias en modificación de la administración y ha hecho reformas a las normativas para garantizar impunidad”, explicó el director del Comité por la Libre Expresión, Edy Tábora
Este sistema inconstitucional comienza desde el 2010 con la creación de 22 Decretos del Presidente de la Republica en Consejo de Ministros (PCM), legislativos y ejecutivos, más la sentencia de la relección han configurado la dictadura.
La Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) fue creado en el 2011 con el Decreto Legislativo PCM 239-2011, el Consejo es el máximo órgano permanente, encargado de rectorar, diseñar y supervisar las políticas generales en materia de Seguridad, Defensa Nacional e Inteligencia.
Reunión del CDNS anunciando la militarización del país para reprimir el pueblo
El Consejo está integrada por: el Presidente de la República, quien lo presidirá, presidente del Congreso Nacional, presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad y el Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, así como Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), Dirección Nacional de Investigación, Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Militar, entre otros.
El 20 de junio JOH anunció después de una reunión con el CNDS militarizar el país, ese mismo día fueron asesinados dos manifestantes por supuestos militares y este lunes 24 en la UNAH ocho estudiantes resultaron gravemente heridos de bala ya que la Policía Militar invadió el campus y abrió fuego.
El pueblo de La Paz exige justicia por el crimen de Eblin Corea.
Uso perverso de la violencia
Para el abogado Joaquín Mejía, específica que es una característica del régimen seguir estructurando, el creciente deterioro de la institucionalidad democrática y el uso político perverso de la violencia.
La justicia selectiva, es otro aspecto que destaca el profesional del derecho, detallando que “la justicia es eficiente para judicializar, estudiantes, personas manifestantes, indígenas, defensores del ambiente y del territorio, pero es ineficiente para judicializar a los corruptos a los que violan los derechos humanos, los militares y a los del crimen organizado”.
En el 2018 el Fragile States Index subrayó, “Honduras es un país de elevada advertencia de convertirse en un Estado fallido debido a la erosión de la legitimidad, la incapacidad de proveer servicios básicos y la falta de independencia judicial”.
En el golpe de Estado de los 81 recursos que se presentaron a la Sala de lo Constitucional por las violaciones a los derechos humanos solo se resolvieron dos.
En la crisis post electoral del 2017 se presentaron cargos criminales contra 114 personas que ejercieron su derecho a defender la democracia y se presentaron cargos contra 24 policías y militares imputados, de estos solo un policía fue detenido y una orden de captura contra un policía militar por violaciones a derechos humanos.
Las organizaciones de derechos humanos contabilizaron al menos 33 asesinatos por fuerzas de seguridad del Estado en las manifestaciones de la crisis post electoral y seis más durante la convocatoria a movilizaciones de la Plataforma de Salud y Educación.
De acuerdo con el Observatorio de la Protesta de C-Libre, desde el 4 de marzo 2019 al 26 de junio de 2019 se han registrado un total de 342 acciones de movilización y protesta en Honduras.
Algunas de las características que también señala el defensor de los derechos humanos, es que esto es una alianza entre las elites más rica del país y el capital de las transnacionales, el militarismo y fuerza de las armas con un creciente rasgo dictatorial, endiosamiento del “presidente”, omisión y estigmatización de la oposición, el recurso continuado a “Dios” para legitimar, la relación con las jerarquías religiosas es muy estrecha, populismo de extrema derecha que manipula a la población empobrecida con asistencialismo, el apoyo político y la rendición del Departamento de Estado y de la Embajada de EE.UU en Tegucigalpa.
“Lo que diferencia una democracia a un régimen dictatorial es la legitimidad que es el convencimiento de la ciudadanía que el sistema que esta es el mejor y por lo tanto no es necesario el uso de la fuerza, por eso es necesario que exista una soberanía popular”, subrayó el abogado Mejía.
World Justice Project señala que Honduras, “es uno de los países más débiles en institucionalidad democrática, respeto a la legalidad e independencia judicial. Ocupa el lugar 28 de 30 en América Latina y la peor posición en Centroamérica”.
Por su parte, Transparency International apunta que “el índice de corrupción es de 29, es decir que de los 32 paises latinoamericanos Honduras es uno de los ocho más corruptos”.
