Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Hay normas que restringen el acceso a la información pública, las regulaciones que se están haciendo en las normativas no están apegado a la Constitución de Honduras ni a los tratados internacionales.
“Estas regulaciones forma parte de una política del gobierno para hacer prevalecer y fortalecer lo que llaman el orden público y la seguridad pública, sobre los derechos y hay una disputa entre el autoritarismo y la libertad de expresión”, sostuvo el abogado Edy Tábora, director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el reciente jueves 25 de abril en el foro “La justiciabilidad del derecho a la información pública”.
El derecho de acceso a la información pública está consagrado desde hace tiempo como un derecho humano en diversos instrumentos jurídicos internacionales globales y regionales, no obstante, en los últimos años la política nacional y la normativa interna han dado graves retrocesos con la aprobación de al menos ocho nuevas regulaciones, señala el comunicado de prensa de C-Libre.
Las regulaciones son:
1- La Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con Defensa y Seguridad, conocida como la “Ley de Secretos”.
2- Ley de Inteligencia.
3- Ley de Ciberseguridad, conocida por su intención de “regular” las redes sociales.
4- El Acuerdo Ministerial 1402-2018 declara como “Información Reservada” lo relativo a estudios técnicos contenidas en solicitudes de licencias ambientales.
5. la Ley de “Canje” de impuestos por anuncios oficialistas.
6- E decreto N° 141-2017, denominado “Fe de Erratas”, que dicta la secretividad en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República con el que se pretendían reformar los artículos 16 y 131- A, de la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto No. 83-2004).
7- Las restricciones relacionadas con el acceso a la información pública de temas reproductivos y sexuales.
8- El nuevo Código Penal.
“Estas normativa va desde temas fiscales, seguridad nacional y temas ambientales que restringen de manera grave el derecho de acceso a la información pública con una consecuencia inmediata en la democracia”, expresó el director de C-Libre.
Recursos para defender la democracia
Por lo tanto C-Libre ha hecho tres acciones de interponer recursos de inconstitucionalidad para defender el derecho a la información pública.
1-Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Clasificación de Información en Defensa y Seguridad conocida como “Ley de Secretos”.
2-Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Inteligencia, específicamente en los artículos 18 y 19, que prohíben de manera absoluta acceder a información de inteligencia incluida la de tasa de seguridad.
3- Recurso de inconstitucionalidad en contra el decreto 69-2014 del Consejo de Defensa y Seguridad que establece reserva de información en 18 instituciones del Estado.
El derecho de acceso a la información debe considerarse como un derecho fundamental, no como un derecho a trámite, el resultado de concebirlo como derecho humano es que las personas puedan acudir al amparo, al recurso que permite impugnar presuntas violaciones a estos derechos.
C-Libre desde el 2003, en el marco de la Alianza 72 presentó una propuesta de Ley de Acceso a la información Pública, finalmente esta fue aprobada en el año 2006, por el Congreso Nacional, esto permite tener un instrumento y una institución que pueda regular este derecho, sin embargo para los y las ciudadana no es claro la forma de acceder al procedimiento de acceso a la información por un lado y por otro lado las resoluciones del Instituto de Acceso a la información realmente no tienen un poder coercitivo para las y los funcionarios que decidan ocultar información.
Aunque la ley deja expedita la acción Constitucional de Amparo, en la práctica ha funcionado mejor para las instituciones públicas que deciden ocultar la información, dándoles las razón el poder judicial y finalmente la información es negada a la ciudadanía.
