Migrar para solicitar refugio o asilo no es un crimen y los Estados tienen obligaciones internacionales que deben respetar y garantizar tanto para evitar la migración, como en el tránsito y en el destino.
Washington/ San José (Tomado de CEJIL).- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos nuestra preocupación del trato recibido por las personas que se han visto forzadas a migrar desde Honduras, a través de una caravana masiva que ya ingresó a México y que apunta a llegar hasta Estados Unidos.
A partir de la información recabada y que se ha hecho pública, nos preocupa la vulneración y falta de protección de sus derechos durante el tránsito hacia el país del norte. Aunque no hay datos oficiales, se calcula que la cifra de integrantes de la caravana asciende a unas 7.000 personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas. Hasta la fecha, de acuerdo al Instituto Nacional de Migración de México, 640 personas han solicitado asilo en México. Sin embargo, solamente 164 mujeres, 104 niños y personas adultas mayores han recibido un trato prioritario.
Numerosos medios de comunicación dan cuenta de la situación que están enfrentando las personas migrantes, por ejemplo, han sido agredidos por fuerzas de seguridad en Guatemala y México, además, en el trayecto enfrentan condiciones precarias, sin acceso a alimentación adecuada, sin acceso a albergues suficientes y sin medicamentos para enfrentar los problemas de salud propios de las extensas caminatas.
Es preciso recordar que la caravana es producto de la violencia, la represión, la corrupción y la impunidad que azota a Honduras y a los otros países que integran el Triángulo Norte. Solo a modo de ilustración, Honduras encabeza las listas entre los países más desiguales y violentos del mundo. Adicionalmente, este país enfrenta una inestabilidad política que se agudizó a partir de noviembre de 2017 cuando se reeligió el señor Juan Orlando Hernández en elecciones que fueron seriamente cuestionadas pero apoyadas por el gobierno de Estados Unidos.
Ante este panorama, migrar para solicitar refugio o asilo no es un crimen y los Estados tienen obligaciones internacionales que deben respetar y garantizar tanto para evitar la migración, como en el tránsito y en el destino.
En el caso de Honduras, este país tiene serias deudas en materia de derechos humanos con su población. Se requiere demostrar voluntad política para construir una democracia que permita la convivencia y la garantía de derechos sin discriminación alguna.
Los países de tránsito como Guatemala y México tienen la obligación de proteger a las personas en sus respectivos territorios, ello incluye abstenerse de brindar una respuesta represiva y tomar todas las acciones para que las personas migrantes transiten en condiciones de seguridad sin mayores obstáculos.
Por otra parte, las personas tienen el derecho a solicitar protección internacional en otro país que no sea su país de origen. México y Estados Unidos deberán respetar estas solicitudes, de acuerdo a sus compromisos internacionales y nacionales. A la vez, se debe respetar el derecho a no volver para quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad o riesgo, es decir, cumplir con el principio de non-refoulement.
CEJIL se suma a las voces que exigen al Estado mexicano atender en tiempo y forma toda solicitud de refugio y asilo de acuerdo a estándares internacionales. Asimismo, condenamos las manifestaciones amenazantes por parte de autoridades estadounidenses que estigmatizan a la población migrante y que aumentan su situación de precariedad y riesgo. Este país debe garantizar la protección internacional a aquellas personas así lo requiera.
Instamos a los Estados de la región a generar alternativas coordinadas y complementarias, integrales de derechos y con una mirada de soluciones duraderas a la situación de migración forzada. Las Américas están pasando una crisis de movilidad humana. Migrar es un derecho y no migrar también. Si bien existen responsabilidades diferenciadas, todos los Estados deben atender y entender las causas estructurales que generan la migración y comprometerse con avanzar en el fortalecimiento del estado de derecho y la garantía plena de los derechos humanos.
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