Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Consejo Cívico de Organizaciones populares e Indígenas de Honduras (COPINH), entregó este viernes junto a su equipo legal de causa Berta Cáceres, una carta al Fiscal General del Ministerio Público (MP), Óscar Chinchilla, para que se inicie una acusación por el delito de asociación ilícita contra cuatro de los ocho acusados en el asesinato de la lideresa Indígena, ocurrido en marzo de 2016.
Con un plantón en las afueras del MP, las lideresas del COPINH, encabezada por su coordinadora Berta Zuñiga Cáceres y los abogados del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) ingresaron a las instalaciones para entregar la misiva a Chinchilla, recientemente reelecto (impuesto) en su cargo como Fiscal General.
“Venimos ante esta institución para exigir que se rompa con la impunidad y se acuse a la empresa DESA constructora del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” como lo que es, una empresa criminal, una asociación ilícita, responsable del asesinato de la lideresa del pueblo lenca y del pueblo hondureña”, expuso el COPINH en un comunicado de prensa.
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Al plantón asistieron, además de las y los integrantes de la organización indígena-lenca, fundada en 1993, se integraron miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
La actual coordinadora del COPINH, explicó que el hecho de presentarse ante el Ministerio Público es para generar una interlocución con el Fiscal General, donde se lleva el caso de Berta Cáceres -madre Berta Zúniga- y en dónde se espera un juicio anunciado, pero que todavía no se apertura por las falencias de este sistema de justicia frente a este caso emblemático.
“No existe sentencia firme contra los autores materiales e intelectuales del asesinato contra la compañera Berta”, quien fue co fundadora y coordinadora del COPINH, hasta el día de su crimen.
“Lo que existe es una persecución a todas las comunidades indígenas que hoy siguen sin tener seguridad jurídica de la tierra, es parte de la impunidad que condena a la muerte y a la violencia a diferentes formas a quienes tienen esta resistencia histórica”, sostuvo Bertha Zúniga.
- Ver Comunicado del COPINH, aquí.
Además, el plantón demanda una “Petición de justicia histórica para las comunidades indígenas y demás sectores criminalizados por la defensa del territorio, campesinas y todo el pueblo hondureño que luchando para mejorar las condiciones de vida”.
Fiscal tiene que dar la cara en caso Berta Cáceres
En una carta dirigida a Chinchilla, en la que peticionan, en su condición de autoridad máxima del Ministerio Público para que inste a todas las fiscalías que tiene información sobre el asesinato de Berta Cáceres y la serie de ataques hacia el pueblo lenca para que presentaran acusación contra cuatro de los ocho implicados por el delito de asociación ilícita.
Ariel Madrid, quien forma parte del equipo legal en la causa Berta Cáceres, expuso la petición de esta acción penal, por considerar que estas cuatro personas señaladas “Se han vinculado con la estructura criminal que ejecutó ataques contra Berta como estigmatización, persecusión, criminalización y amenazas personales contra Berta Cáceres hechos que están comprobados documentadas y en las extracciones telefónicas, en los informes hechos por las peritos del MP».
El abogado detalló que el Ministerio Público solo tiene que presentar la acusación contra las cuatro de las ocho personas hoy implicadas”. Amplió que estas cuatro personas, son empleados de la empresa Desarrollos Energeticos S.A (DESA).
Madrid cuestionó que, como equipo legal han tenido una sola reunión con el Fiscal General del Ministerio Público, en los 32 meses de asesinato contra Berta Cáceres.
“Estamos peticionando que por segunda vez, dé la cara ante las víctimas y que gestione la presentación de esta acción por asociación ilícita”, demandó el integrante del equipo legal que sigue la causa.
Las deudas judiciales pendientes de justicia
En tanto el Juicio Oral y Público se encuentra detenido, luego que la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, declaró el 25 de septiembre “sin lugar” una recusación interpuesta ocho días antes (17 de septiembre), por los abogados de la familia de Berta Cáceres y del COPINH contra el Tribunal de la Sala I, del Tribunal de Sentencia del Poder Judicial.
Luego de esta resolución, el equipo legal presentó el recurso de apelación.
Mientras que el 28 de septiembre fue declarado inadmisible el recurso de amparo interpuesto por los representantes del COPINH y de la familia Cáceres, el cual solicitaba la transmisión en “tiempo real” las acciones que se realicen durante el Juicio Oral y Público contra los ocho imputados.
Exigen a gobierno español “seguimiento estricto y exigente del juicio”
Durante esta semana, en España, el diputado por el partido Podemos, Pedro Arrojo, cuestionó a un ministro del gobierno del país ibérico, sobre las acciones que realizan para que se eviten el asesinato de defensores y defensoras de derechos medioambientales.
“Berta era una buena amiga mía, probablemente pienso que si yo fuera hondureño me hubieran asesinado como a ella… Berta es una de las 130 defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente asesinadas de forma impune desde 2009”.
El parlamentario español solicitó a su gobierno un seguimiento estricto y exigente del Juicio Oral que se sigue contra ocho acusados del asesinato de la “Guardiana de los Ríos”, como le conocen luego del crimen en su contra.
Arrojo discutió que el gobierno español aporta fondos para un programa de cooperación del que Honduras forma parte que “pretende acabar con la impunidad y garantizar transparencia y atención a las víctimas”; sin embargo ninguna de las anteriores se materializa en el juicio en curso, sentenció.
En Tegucigalpa, en horas de la tarde se realizó un concierto llamado «Voces para Berta», en el que participaron diferentes artistas nacionales e internacionales.
Hasta el momento, los ocho impitados que enfrenatn el juicio, aun sin fecha de inicio, son: Emerson Duarte Meza, Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henrry Javier Hernández, Oscar Aroldo Torres Velásquez, Mariano Díaz Chávez (militar activo al momento del asesinato), Douglas Geovanny Bustillo, (ex-jefe de seguridad de DESA), Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente del área social, ambiental de DESA).
