Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Doce organizaciones defensoras de los bienes comunes y de los derechos humanos, rechazaron este martes el acuerdo ministerial 1402-2018, de la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MI AMBIENTE), el cual se reserva información referente a estudios, licencias ambientales entre otros.
En un comunicado, las organizaciones plantearon que dicho acuerdo, se crea en un contexto donde “el Estado apuesta por un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y despojo de los territorios”.
El acuerdo ministerial fue publicado en la edición número 34,721 del Diario Oficial “La Gaceta”, el 17 de agosto del presente año; y en su primer apartado, textualmente dice:
“Declarar como Información Reservada lo relativo a los Estudios de Carácter técnico contenida en las solicitudes de licencias ambientales, al igual que otros trámites ambientales presentadas ante esta Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE), así como la ubicación de los mismos, garantizando la protección de la información técnica entregada por los particulares”.
El Principio 10 de la Declaración de Río, sobre Medio Ambiente y Desarrollo, promulgada en 1992, habla que toda persona, en el plano nacional, debe tener “acceso adecuado a la información sobre medio ambiente”, esto incluye información sobre materiales y actividades que encierran peligro en sus comunidades.
Además, la Declaración de Río, versa que debe existir la oportunidad para que la ciudadanía participe en los procesos de toma de decisiones.
“Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos”.
Por lo que las organizaciones y personas firmantes, exigieron derogar el Acuerdo 1402-2018. Del mismo modo, demandaron la creación de un portal de información en el que estén contenidas las evaluaciones de impacto ambiental, informes técnicos y legales, resoluciones ministeriales y licencias ambientales otorgadas.
Las organizaciones firmantes son: Alianza Isleña para la Justicia Social Ambiente Desarrollo y Capacitación (ADC), Asociación de Pescadores de Pequeña Escala de Cedeño (APECE), Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG), Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa), Bay Islands Conservation Association Roatán (BICA Roatán), Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF).
También suscribió la Federación de Patronatos de Islas de la Bahía, Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO), Red Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (RENACAMIH), y Roatán Marine Park (RMP).
Además acompañaron con su firma Jorge Varela Márquez (Premio Internacional del Ambiente Goldman 1999), Laura Palmese (Abogada), Susy Núñez y Fabricio Herrera (ambos defensores de los derechos humanos).
Corrupción y represión, contexto hondureño según Global Witnness
«Cuando las personas tienen un gran interés en que un proyecto avance, tienden a no mostrar muchos escrúpulos a la hora de asegurarse de que así sea”, destacó Global Witness en su informe “¿A qué precio?: Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra en 2017”.
Para la organización internacional, la corrupción causa gran parte de la violencia contra las y los defensores de la tierra y el medio ambiente.
Según las estadísticas de Global Witness para el año 2017, cinco defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes de la naturaleza fueron asesinados. Nueve menos en comparación cifra baja en comparación a 2016 (14 asesinatos).
Sin embargo, para Global Witness los ataques hacia quienes ejercen defensoría de derechos humanos se agudiza al enfrentar represión, criminalización, amenazas de muerte y brutalidad policial.
De acuerdo a datos de organizaciones nacionales de derechos humanos, más de 600 proyectos extractivistas mineros e hidroeléctricos han sido aprobados en el país. En los últimos meses, se mantienen conflictos en comunidades como Azacualpa, en Copán; así como la resistencia que hacen pobladores en defensa del Río Guapinol, en el departamento de Colón.
Por la oposición a una hidroeléctrica, el COPINH y la familia de la defensora Berta Cáceres, han denunciado su asesinato, y actualmente ocho presuntos hechores material directos e intermedios serán sometidos a juicio oral y público el lunes 17 de septiembre en Tegucigalpa.
Una de las fuertes denuncias es la falta de información de parte del Ministerio Público en torno a las investigaciones y los empresarios de la hidroeléctrica.
Al menos el 35 por ciento del territorio hondureño está concesionado por la industria extractivista, así lo denunciaba Cáceres, defensora de los bienes comunes de la naturaleza.
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