Tegucigalpa/ París (Conexihon). – Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, mostraron su preocupación por “ciertas irregularidades” en el proceso de enjuiciamiento de los primeros ocho acusados como supuestos hechores materiales del asesinato contra Berta Cáceres.
Desde la primera reclamación de información en abril de 2017 hasta el día de hoy, el Ministerio Público ha denegado por lo menos en 35 ocasiones el acceso para obtener estos datos y según la información de la que disponemos, ha incumplido cuatro órdenes judiciales en las que el Juzgado de Letras, en dos ocasiones, como lo ha denunciado el equipo legal que lleva la acusación privada en el caso del asesinato contra Cáceres.
En el texto enviado por 13 organizaciones el pasado viernes, el Tribunal de Sentencia en otras dos ocasiones, le ordenan poner a disposición de la acusación privada la información que se solicita debido a que fue recabada durante diligencias investigativas que han sido incorporadas al expediente judicial.
La última orden incumplida, el 28 de julio del año en curso, fue que los fiscales del MP debían aportar la información producto de las inspecciones y registros en las dependencias de la empresa Desarrollo Energético S.A. (DESA) y varios de los encausados.
Posteriormente al vencimiento del plazo prescrito de cinco días, la única respuesta obtenida fue un par de copias de documentos y un escrito en el que se indica que la información requerida “no es entregada por la falta de análisis de los aparatos que las contienen”, detallaron las 13 organizaciones en la misiva.
Esta omisión que hace el Ministerio Público, a criterio de las organizaciones firmantes, quebranta el derecho a la no discriminación, así cómo el derecho a la justicia y la garantía y protección judicial de la acusación privada de convenios y tratados tales como: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“Esta situación genera una desigualdad para las y los familiares de Berta Cáceres que buscan justicia, y prepara el escenario para la impunidad, ya que las irregularidades que se han presentado pueden ser motivo de desestimación del proceso judicial debido al incumplimiento a la justicia por errores procesales”, puntualizaron las organizaciones.
Las organizaciones firmantes son: La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), El Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo (OIAD por sus siglas en francés), como programa conjunto, el Observatorio para la Protección de Defensores, de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y a Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Fundación para el Debido Proceso, el Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos, El Promise Institute for Human Rights de la Escuela de Derecho de la Universidad de California.
Le siguen las organizaciones guatemaltecas Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/EE.UU (GHRC-USA). Asímismo el La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) con sede en Ecuador y La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, de Colombia.
Por Honduras, la respaldan la misiva el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-Sj) y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).
La audiencia de Proposición de Medios de Prueba inició el jueves, pero fue suspendida siendo reprogramada para el 31 de agosto y 01 de septiembre, de acuerdo información de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.
Ante la falta de información demandada por la acusación privada, el Tribunal le dio dos días hábiles al Ministerio Público para que presente la información restante para la presentación de pruebas, informó la Vocera del Poder Judicial, Lucia Villars.
La fecha establecida para el Juicio Oral y Público es el 10 de septiembre, en donde el equipo legal, la familia Cáceres, y el COPINH inician la búsqueda de justicia para Berta Isabel Cáceres Flores, asesinada en su vivienda, la noche del 02 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá.
Los ocho acusados como autores materiales del hecho son Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Henrry Javier Hernández Rodríguez, Óscar Aroldo Torres Velásquez, Emerson Duarte Meza, Edison Duarte Meza y Elvin Heriberto Rapalo Orellana.
Hay un detenido cómo hechor intelectual, capturado en el momento que se exigía justicia frente al Ministerio Público, durante el segundo aniversario del crimen de la premio Goldman al Ambiente (2015), es Roberto David Castillo Mejía, ingeniero eléctrico, quién fue presidente ejecutivo de DESA, y según las investigaciones, facilitó la logística a los autores materiales.
