Por: Claudia Mendoza
Las autoridades de la Policía Nacional le deben una explicación a la prensa hondureña. ¿O es que de ahora en adelante saldremos a hacer nuestro trabajo, so pena de convertirnos en víctimas de la agresión de los elementos policiales?
“Nuestro Compromiso Servir y Proteger”, reza el lema de la policía nacional de Honduras. Pues bien, señor director general de esa institución, mande a sus subalternos a respetar la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de informar que tenemos las y los periodistas en este país.
Un pequeño recordatorio
El 23 de julio, el camarógrafo Engel Padilla, de canal 11, fue víctima de agresiones por parte de elementos de la policía nacional de Honduras. Varios videos en los que quedaron registrados los empellones, su captura y el daño de su equipo fueron la fiel denuncia de los abusos cometidos en su contra.
Ocho días después, otro video registra la forma en cómo otro grupo de policías restringieron el derecho a informar de la periodista del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Gissel Grandez.
Igual o más delicado, las imágenes que transmitía ella misma (en vivo y en directo) evidenciaron a los uniformados agrediéndola física y verbalmente. Mientras le arrebataban su celular, la transmisión continuaba y se escuchó la mofa de los policías y la exhortación que se hacían entre ellos para “zamparle gas y quitarle la máscara” que portaba.
Al igual que con el caso de Padilla, con el de Grandez, la Secretaría de Seguridad “corrió” a emitir un comunicado, que es algo así como un “copiado y pegado”. Las mismas frases, las mismas expresiones, el mismo compromiso y blablablá. Ni tiempo de escribir algo distinto, acorde a los hechos, tuvieron.
El comunicado establece que durante el enfrentamiento entre los manifestantes y agentes del orden, se captó un “video aficionado que registra un incidente con una reportera de un medio de comunicación digital”. Se afirma que “se ordenó la investigación de los hechos para determinar el grado de abuso y deducir la responsabilidad de los agentes participantes”.
Y rescato del texto otro párrafo que dice, “La Policía Nacional garantiza los derechos y libertades consignadas en la Carta Magna y en los convenios internacionales en materia de libertad de expresión, respeto y protección a la labor de todos los periodistas, comunicadores sociales y otros empleados de medios de comunicación sin distinción alguna, y rechazamos cualquier procedimiento de nuestros funcionarios en el cual se transgredan los derechos humanos y la libertad de prensa”.
Inexorablemente hay una inconsistencia entre lo que hace y dice la policía en Honduras. El año 2017 dejó registrado una importante cuota de agresiones a la prensa, en pleno desempeño de su trabajo. El 2018 va por el mimo camino.
Lo más lamentable de esta situación, es que aún y cuando se censura este proceder, la desunión del gremio evita que se formulen demandas frontales por la situación que vive la prensa en el país.
El silencio del Colegio de Periodistas de Honduras, y de las demás organizaciones que dicen representar y defender a las y los periodistas, es sencillamente ensordecedor.
Retomando, las autoridades de la Policía Nacional le deben una explicación a la prensa hondureña, por estos y muchos casos más de agresiones. Como periodista, me sumo a las voces que exigen respeto a la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de informar que tenemos.
