Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La aldea de Warunta es una remota comunidad misquita, sus apacibles llanos se encuentran a ocho horas en pipante (lancha) de Puerto Lempira, cabecera municipal de Gracias a Dios.
El 50 por ciento de la población no habla español y no se han inscrito en el Registro Nacional de las Personas, muy poca representación gubernamental se observa en la zona.
La mayoría de las familias dependen esencialmente de la pesca, el buceo y la recolección de tortugas, madera o algunas frutas, la principal fuente de ingresos es el comercio a pequeña escala que se desarrolla a los márgenes del río Warunta donde a través del recorrido en las lanchas a motor se intercambian productos alimenticios, ahí muy pocas veces hay conflictos y el acuerdo es que nadie ingiere bebidas alcohólicas en la comunidad.
Imagen aérea de Warunta./2016
Pero el temor se ha apoderado de la aldea desde el pasado 19 de mayo, cuando un grupo de militares cobró la vida de tres indígenas: Patricio Pravia Kiblan (34), Darly Tadeo Soto (23) y Jobal Damacio Becam (25), sus viudas, madres y la comunidad entera se encuentran profundamente afectadas.
“La escuela ha perdido a sus alumnos, pues ya no quieren venir a clases, mucha gente quiere migrar, -además- se corren muchos rumores, algunos dicen que desde los helicópteros pueden disparar abiertamente a la gente, es por eso que no quieren salir, aquí hay mucho miedo y la gente no sabe que va a pasar”, sostuvo en declaraciones a Conexihon, una de las maestras del Centro de Educación Básica, La Independencia.
La versión oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras (FAH) emitida a través de un comunicado público del 20 de mayo, establece que se trato de un “enfrentamiento entre una patrulla” y un grupo de “desconocidos que agredieron con armas cortopunzantes”, por lo que una comisión de investigación se trasladó a la zona, esta versión contrasta con el relato de más de 50 testigos del hecho.
Habitantes de Warunta se acercan a la playa observando los pipantes.
Militares abordaron un pipante para el registro
Uno de los testigos indicó que el sábado 19 de mayo a eso de las cuatro de la tarde, los familiares de Simón Castillo, poblador de Warunta, le informaron que su esposa llevaba varias horas con dolores de parto y que era necesario trasladarla al hospital más cercano, debido a probables complicaciones de atenderla en el centro de salud.
Castillo regresó desde la comunidad de Uhi, a su casa a bordo de un pipante, con la intención de trasladar a su esposa al hospital, pero no hizo ningún alto al ingresar a la zona, por lo que seis elementos uniformados abrieron fuego. Según los pobladores, les dispararon nueve veces con el fusil de reglamento.
Entonces, Castillo detuvo la embarcación y espero a que tres elementos militares abordarán e hicieran una inspección física para asegurar que no habían drogas en dicho medio de transporte. Mientras tanto, otros tres elementos militares se desplazaron por tierra.
Al llegar al embarcadero, Castillo, se encontró con que los militares sin mediar palabras, habían asesinado a tres jóvenes. A dos de ellos les disparó en la cabeza y al tercero en el pecho.
Pobladores conversan con militares después de lo ocurrido.
Testigos señalan a “El Chaparro”
Según el relato de las personas presentes en la escena, uno de los tres elementos que permaneció en tierra fue el que disparó, “al que le dicen “El Chaparro” disparó contra la población y es el responsable de los tres asesinatos”, indicó.
“Estaba esperando una encomienda bajamos a la playa, estaba por llegar al andén, pero al escuchar los disparos nos regresamos con mi esposo, cuando veníamos subiendo observamos tres luces (focos), que nos alumbraron la cara, pensábamos que era gente de la comunidad, seguímos caminando y escuché otros disparos, entonces me percaté que habían disparado contra la gente de la comunidad. Escuché tres tiros y al mirar habían varias personas en el suelo, en ese momento no me percaté que ahí estaba también mi esposo cuando me acerqué para ver si solo estaba herido, él ya había fallecido”, explicó una de las viudas.
Muchas personas de la comunidad estaban en los alrededores, para saber que pasaba, salieron al escuchar los primeros disparos, cuando llegó el bote empezaron a gritarles a los militares porque habían herido y asesinado, recordó.
El informe recogido por la organización representativa de la Unidad de la Muskitia (MASTA) reconoce que cuando el pipante llegó al atracadero se bajaron los tres militares armados que habían abordado, pero una de las personas de la comunidad ya visiblemente indignada tomó un arpón de pesca y lo enfiló contra uno de los militares.
Alarmados los uniformados se bajaron e interpelaron a la comunidad sin creer en lo sucedido. Los seis “se asustaron y se dispersaron porque no querían que nadie les reclamara y uno de ellos dijo que iban a reportar a sus superiores”, indicó el testigo.
La gente de la comunidad no identifica a los militares por su rango o sus nombres, pero sabe que a uno de ellos lo llaman “el chaparro”, por su baja estatura y que él fue quien disparó contra los pobladores.
Los tres muertos eran de tres diferentes comunidades: el primero en caer muerto fue el señor Patricio Pravia originario de la comunidad de Krata, residente junto a su familia nuclear en Warunta. Pravia recibió un disparo en la sien. Pravia dejó una esposa con cuatro hijos de edades 10, 6 y 2 años, y la más pequeña de dos meses de nacida.
“Tuve que tirarme al suelo con mi hija”
La segunda persona en caer muerta, fue Orban Damasio, originario de la comunidad de Tipi Lalma, pero vivía en Warunta con su esposa y cuatro hijos. Cuando ellos venían de regreso del embarcadero después de ver lo que pasaba en el río con el pipante, los militares sin mediar palabra le dispararon. Él recibió un solo disparo en la boca y cayó muerto.
Su esposa recuerda que tuvo que tirarse al suelo con su hija menor de cuatro meses de edad para evitar ser asesinada. Ninguno de ellos, -relata- portaba armas en sus manos en el momento de la masacre. Damasio deja cuatro hijos de 5, 3 y 2 años y una tierna de cuatro meses.
Finalmente, Darly Soto, que venía justo detrás de Damasio recibió el disparo en el pecho pero resistió por una hora antes de expirar. “En la comunidad tenemos un centro de salud, pero ahí no existe nada, no hay medicamentos, vendajes o algo con que atender una herida de tal magnitud, la enfermera del centro no quiso tocarlo siquiera y aunque quisimos trasladarlo rápidamente ya había fallecido”, declaró una de las pobladoras. Soto deja dos hijos de dos y tres años al cuidado de su madre anciana.
Me gritaron: “Miska tonta, acaso no entendés”
El reporte inicial, -de acuerdo con la comunidad- fue trastocado porque los oficiales superiores conocieron únicamente la versión de los militares implicados, pese a que los mismos habían dicho en su momento que facilitarían el combustible y una planta para la iluminación del lugar hasta que llegaran las autoridades.
Los familiares de los jóvenes asesinados y los miembros de la comunidad acordaron en dejar el pipante y los cuerpos para que vengan las autoridades responsables a verificar lo ocurrido.
Según los testigos entrevistados, por Conexihon, la población se les acercó a los militares en busca de información y apoyo para viajar a sus comunidades, a fin de participar en el velorio y entierro de sus seres queridos.
Un grupo de familiares se trasladaron hacia Puerto Lempira, pero al llegar al portón de las instalaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta, les atendió un oficial desconocido, portando camiseta de color verde, el hombre es identificado como “el coronel” por la población.
“El coronel” salió al portón para dialogar con los presentes, y estos al manifestarle que querían hablar con el coronel de la Fuerza de Tarea Conjunta para solicitar apoyo, este respondió que solo podía entrar una persona. Sin embargo, los pobladores tenían temor, por lo que solicitaron entrar al menos dos personas.
Daños ocasionados por pobladores en Puerto Lempira.
“El oficial nos dijo que si alguien entraba del portón para allá no respondía, entendimos que era una mentira lo que nos habían ofrecido para poder velar a nuestros parientes”, lamentó uno de los dolientes.
Los familiares más cercanos permanecieron en Warunta hasta las 9:00 de la mañana del día siguiente con los cuerpos a la intemperie, sin que ninguna autoridad se hiciera presente.
“Cuando las autoridades militares llegaron a Warunta, se hizo un fuerte reclamo pues los militares aún se encontraban en el retén, el pueblo decidió entonces que ellos pudieran salir para garantizar la tranquilidad de la zona”, indicaron.
“Los militares están hablando en su defensa que tuvieron un enfrentamiento con el pueblo, pero yo les quiero consultar si es posible que una persona que no tiene ningún tipo de arma se pueda enfrentar con alguien que está con todas las armas en su mano. SI hubiese enfrenamiento habría sido a mano libre, pero entonces porqué hubo disparos tan claros a su cara, su frente o su cuerpo. Ellos se justifican así para salir libres o para defenderse”, reclamó también uno las familiares.
Nueve personas heridas en Puerto Lempira
Finalmente, en la base de Puerto Lempira tras varias horas de espera y ante la insistencia de los familiares, uno de los oficiales me gritó “Miska tonta, ¿Acaso no entendés que no van a pasar?”
Al observar el maltrato de los oficiales contra los familiares dolientes la gente que se había aglutinado en las afueras de la base militar empezaron a gritar y a reclamar, minutos después uno de los oficiales ordenó disparar contra la población, indican los relatos.
Desde las 5:00 de la tarde hasta la media noche la población se fue enardeciendo lanzando piedras y arremetiendo contra la base militar, las acciones de protesta terminaron en el incendio de las oficinas de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), la oficina de Banasupro, una sucursal bancaria y una unidad del Cuerpo de Bomberos, acciones en las que también participaron personas ajenas a la tragedia.
Los disparos a bala viva de los militares dejaron nueve personas heridas, entre ellos mujeres y niños, todos ellos familiares de los tres asesinados, confirma el reporte hospitalario.
Exhumaciones y la cosmovisión indígena
Una semana después las violentas muertes, los cuerpos de: Patricio Pravia Kiblan, Darly Tadeo Soto y Orban Damasio Becan, fueron exhumados con varias perforaciones de bala, la comisión de investigación estuvo integrada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de Medicina Forense.
“Para nosotros las exhumaciones no forman parte de nuestra cultura, pues una vez que una persona es enterrada hasta ahí se queda, pero hemos mediado con los familiares para que se permitiera realizar las autopsias y así dar con los responsables de estos crímenes”, indicó por su parte Norvin Goff, presidente de la organización representativa de la Unidad de la Muskitia (MASTA).
Comisión interinstitucional realiza el levantamiento de los cuerpos.
“Los militares no están puestos en manos de las autoridades judiciales, están en el campamento militar del Quinto Batallón de Infantería y se espera sean entregados a las autoridades, pero aún no han sido detenidos ni investigados por la muerte de los tres misquitos”, declaró el representante de MASTA ante los medios de comunicación.
Para el jefe de las Fuerzas armadas de Honduras, general Orlando Ponce Fonseca “todo inició con el ataque con arpones y disparos a los efectivos militares que custodiaban esa zona y que realizaban una operación, por lo que hubo necesidad de repeler la agresión”.
“Como Fuerzas Armadas en ningún momento salimos con la intención de causarle daños a ningún miembro o ciudadano hondureño, lamentamos que tres hermanos misquitos hayan perdido la vida, en un momento a través de una operación, debemos de seguir trabajando e investigando, porque también hay un soldado herido, a quien le dispararon con un arpón, hoy estuviésemos también lamentándola muerte de un militar”, añadió en declaraciones públicas del 21 de mayo.
Según se conoció, los uniformados permanecen detenidos en la base militar de Puerto Lempira para investigaciones y sus armas les fueron decomisadas. Simultáneamente, la Policía Nacional envió un equipo especial para el resguardo de las instalaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo Policarpo Paz García dentro del departamento de Gracias a Dios.
Comunicados de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y FUSINA.
Las muertes son de comunidades indígenas
“Lo malo de esa política, -sostienen- es que quienes ponen los muertos es el Pueblo Indígena Miskitu. Desde la llegada de los Militares para controlar el narcotráfico, han sacrificado a 12 inocentes de las comunidades en los últimos seis años y los castrenses siempre justifican los efectos de sus actos como muertos en enfrentamientos”.
El mismo patrón de asesinato y encubrimiento fue aplicado el 11 de mayo de 2012, cuando desde un helicóptero agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el ejército hondureño mataron a cuatro personas entre ellas una mujer embarazada, y otras cuatro personas fueron heridas.
Tras la denuncia pública realizada por MASTA, rápidamente circuló un comunicado falso tratando de deslegitimar a la organización.
Una investigación publicada por el New York Times reveló que la DEA y el ejército de Honduras acribillaron a misquitos que venían en una panga de realizar su trabajo y mintieron sobre el incidente ocurrido en Ahuas.
Otro caso reciente fue el asesinato de dos jóvenes garífunas en la comunidad de Iriona, Colón a manos de militares. En mayo reciente el Juzgado de Letras de Trujillo, emitió una sentencia condenatoria a los diez militares implicados en el asesinato de los jóvenes Joel Palacios Lino (24 años) y Elvis Armando García (19 años), hecho acontecido el 27 de diciembre de 2015.
Tres de los militares fueron hallados culpables de homicidios y los restantes como complices. Hasta el momento la individualización de la sentencias, no se ha dado. Es de esperar que la misma refleje la cadena de mando, y toma de decisiones que conllevaron a dar la orden de atacar al grupo de Garífunas que se encontraban en el lugar de los hechos, el cual incluía a varias familias.
Control de narcotráfico
Destrucción de una de las pistas clandestinas en el municipio de Ahuas.
Aunque nadie les preguntó a las comunidades indígenas si querían como vecinos a miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo “Policarpo Paz García” en Warunta, lo cierto es que desde su instalación en 2010, la comunidad ha tenido buenas relaciones con la presencia militar, muestra de ello son los acuerdos sostenidos de manera verbal entre las organizaciones locales.
“La comunidad no conoce a la gente que muchas veces utiliza el departamento para el trasiego de drogas, pero sabemos que existen hermanos que han sido usados como mulas para llevarla a determinado lugar, eso lo saben todos, lo que no sabemos es cómo hay funcionarios y militares de alto nivel involucrados, de eso la comunidad está ajena”, indicó otra de las pobladoras.
El 28 de febrero de este año, el colombiano, Barnnaby Amaury Suárez (40), fue detenido con 13 kilos de cocaína y un fusil M-16, que supuestamente habría sido descargados de una narcoavioneta abandonada, en Los Llanos de Warunta.
Información oficial indica que en los últimos tres años la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) ha inhabilitado a nivel nacional 146 pistas clandestinas de aterrizaje, ninguna de ellas en la zona hasta ahora.
No obstante, en 2015, la narcopista más grande descubierta en La Mosquitia, con una longitud de 1,500 metros de largo y 70 metros de ancho, fue destruida en la aldea de Warunta, municipio de Ahuas.
Imagen de una de las viviendas de la comunidad de Warunta.
De acuerdo con el informe de la Unidad Técnica de MASTA, “la presencia militar en la Muskitia es un mal necesario”, por la utilización del espacio geográfico por narcotraficantes, pero lo que sucede es como “Taparle el ojo al macho”, pues “claramente que hay que culpar de vez en cuando a cualquiera para que el negocio continúe y el gobierno debe justificar los gastos con la captura o asesinato de culpables”, sostienen.
De acuerdo con el sitio Defensa.com “existe un renovado aeropuerto cerca de Caratasca, con una pista de material selecto de 44 metros de ancho por 1.450 metros de longitud, y que parece cobrar importancia y resonancia con unidades especiales y policiales estadounidenses y la Fuerza de Tarea Conjunta Policarpo Paz García de Puerto Lempira, con operaciones desde la laguna de Ibans, pasando por la laguna de Brus, punta Patuca, barra Patuca, Yahurabila, Cauquira, y Usibila hasta el cabo de Gracias a Dios, además de realizar patrullas agresivas en los 60 kilómetros de ancho de la laguna de Caratasca”.
En los próximos meses, se prevé que la Secretaría de Defensa Nacional, a través de la Fuerza Naval de Honduras (FNH), envíe a 269 efectivos de las diferentes unidades militares del Ejército para apoyar labores en La Mosquitia.
